En esta primera edición, se ha acordado crear cinco grupos de trabajo sobre y en principio se reunirá dos veces al año según señalan desde el Ministerio
Con tres años de retraso y forzada por los acontecimientos, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presidia este juevesla sesión constitutiva del Consejo Asesor de Vivienda, órgano consultivo para las políticas de vivienda cuya creación regula la Ley de Vivienda. Su desarrollo normativo aparece en una Orden Ministerial de 12 de septiembre. Han tenido que pasar tres años y complicase tanto la situación, convirtiéndose la vivienda en el principal problema del país, para que el Gobierno haya decidido implementarlo.
En el reciente Congreso de Vivienda organizado por los catedráticos de derecho civil Matilde Cuena y Julio Tejedor, de derecho administrativo ya se abordaron los principales problemas que han convertido a la vivienda en un problema grave para muchas familias y la mayor parte de jóvenes. Expertos como es el caso de Sergio Nasarre,. Catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili y Director de su Cátedra UNESCO de Vivienda han pedido la derogación de la normativa de vivienda “Las últimas leyes aprobadas sobre Viviendas son mas ocurrencias que otras cosas sin argumentación real”.
En la reunión de este Consejo Asesor que ya nace con polémica por la exclusión de FACUA, asociación de consumidores que critico la idea de Sanchez de bonificar el IRPF a los propietarios. se abordó el real decreto ley anunciado este lunes por el presidente del Gobierno en materia de vivienda y aseguró la ministra que espera conformar un acuerdo dentro del Consejo de Ministros y el apoyo de todos los grupos políticos para sacar adelante el mismo, asegurando y que no va a perder “ni un segundo más” en polemizar.
El nuevo real decreto ley incorpora una bonificación fiscal del 100% a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, una regulación contra el fraude en los alquileres de temporada y una limitación al abuso del alquiler por habitaciones. Nuestra publicación recogió la opinión de varios expertos que advertían de que es una medida a corto plazo y que no soluciona los problemas de fondo de la vivienda.
“Tenemos un texto de acuerdo en el Congreso de los Diputados que llevado al Consejo de ministros será ley y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y el interés del Ministerio y del Gobierno es acabar con el fraude que se está produciendo en el ámbito del alquiler, contener los precios, bajar los precios y dar estabilidad a los contratos y eso solo se consigue si abordamos ese proyecto que en estos momentos estaba en el Congreso”, dijo Rodrígue.
En esta ocasión, sin embargo la ministra Rodríguez que sigue sin reconocer el fenómeno de la ocupación como problema, ha destacado la importancia de este Consejo para la participación de la sociedad civil en el “mejor diseño de las políticas públicas” en materia de vivienda y también para “la consolidación de los acuerdos y los consensos” en las soluciones. Asimismo, la ministra ha avanzado que este órgano analizará cada año las políticas públicas que ejecuta el Ministerio de Vivienda.
Sobre el interior de la reunión, la ministra ha destacado el “gran consenso” de los presentes en cómo abordar las soluciones al problema de la vivienda. En ese sentido, Rodríguez ha subrayado la heterogeneidad entre sus miembros “desde personas que contribuyen a construir vivienda y vivienda asequible, pero también al crédito o a la reivindicación de las personas afectadas por las hipotecas o por los abusos en el alquiler”. “Esta representación se incorpora con un carácter institucional, estructural, y con el propósito de cumplir una función para el Gobierno y para el país con este Consejo Asesor”, ha apuntado.
En esta primera reunión se ha organizado el trabajo en cinco comisiones que se reunirán dos veces al año para intercambiar opiniones Foto Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Cinco grupos de trabajo
La ministra ha avanzado que en el seno de la reunión se había acordado la constitución de cinco grupos de trabajo, cuatro a propuesta del Ministerio y uno por acuerdo de los miembro
Cada grupo tendrá un objetivo y son los siguientes:
• Para analizar el Plan Europeo de Vivienda;
• Para la construcción de un parque de vivienda público y su blindaje con carácter permanente;
• Para atender el desafío de la vivienda en la España rural;
• Para el análisis de la ejecución del Plan Estatal de Vivienda a través de su modelo de cogobernanza;
• Y para la transparencia y los datos públicos en materia de vivienda.
Por último, Rodríguez ha apuntado que el Consejo Asesor se reuniría dos veces al año y que el siguiente objetivo para “institucionalizar” en la totalidad este órgano sería dotarle de un reglamento interno.
La composición del Consejo Asesor es la siguiente: Gema Gallardo, representante de ALIVAS - Asociación de entidades proveedoras de vivienda social; Miguel Enrique García, de la OCU - Organización de Consumidores y Usuarios; Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector; José María López, presidente de AVS - Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo; Carme Arcarazo, Portavoz del Sindicat de Llogateras; Paco Morote, Portavoz de la PAH - Plataforma de Afectados por la Hipoteca; Pilar Blasco, del Consejo de la Juventud; Julio Molina, presidente de la CEAV - Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales; Carlos Bravo, Secretario Confederal de CCOO – Comisiones Obreras; María Dolores Navarro, Vicesecretaria General de UGT - Unión General de Trabajadores;
Junto a ellos también lo configuran Xavier Vilajoana, presidente de APCE - la Asociación de Promotores y Constructores de España; Pedro Fernández Alén, presidente de CNC - Confederación Nacional de la Construcción; Joan Rafols, Vicepresidente de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana; Helena Beunza, presidenta de ASVAL - Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler; María Abascal Rojo, de la Asociación Española de Banca.Ángel Martínez, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España; Rosario Jimenez, decana del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España;
También están en este Consejo Asesor Marta Vall-Llossera, presidenta del CSCAE - Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España; Alfredo Sanz, presidente del Consejo de Arquitectura Técnica y Aparejadores; Concepcin Pilar Barrio del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado; Carme Trilla, presidenta de Habitat 3; Javier Burón, Director General de Nasuvinsa; José García Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra; Paz Martín, Responsable del programa de Mayores de la Fundación Arquitectura y Sociedad; Julio Rodríguez, Ex presidente del Banco Hipotecario; Elia Gutiérrez, Catedrática de Composición Arquitectónica de la Universidad de Alicante
En este Consejo Asesor voces como la de Dolores Navarro de UGT, Paco Morote de la PAH y Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector han pedido medidas estructurales contundeentes - Foto Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
UGT pide cambios estructurales
Para Dolores Navarro, portavoz de UGT “Todas las mejoras que se logran por el diálogo social y la negociación colectiva se van por el sumidero, simplemente porque el coste de la vivienda o su alquiler son inasumibles para los trabajadores. Es importante el articulo 47 de la Constitución aunque también hemos hecho hincapié en el 128 de la Carta Magna, donde se dice que toda la riqueza del país queda subordinada al interés general”.
Desde su punto de vista este principio constitucional sería aplicable al suelo y a la vivienda “Hemos también recordado la reclamación que UGT ha hecho en materia de vivienda al Comité de Derechos Sociales reclamando el derecho subjetivo a la vivienda, la reclamación que hicimos al Defensor del Pueblo, sobre todo en zonas tensionadas y las denuncias a la inspección de trabajo en las diferentes provincias por la falta de aplicación del convenio de hostelería a los trabajadores que prestan servicios en los pisos turísticos”.
Desde UGT se han planteado seis propuestas. “La primera la modificación del articulo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que como competencia estatal, más allá de las zonas tensionadas debería limitar el precio del alquiler en todas las CCAA. Creemos que se debería crear una Oficina contra el Fraude en el mercado del alquiler, sobre todo centrados en las plataformas digitales inmobiliarias que promueven prácticas abusivas. Como tercera propuesta hemos pedido al Consejo Asesor que seamos mas contundentes en su regulación para evitar la fuga de viviendas residencial hacia esos usos”.
También comento como cuarta propuesta “la necesidad de conocer el parque inmobiliario de los distintos Ministerios y organismos públicos con el fin de coordinar esos usos con criterios sociales. También hemos planteado que hay que blindar la reserva de suelo para la vivienda de protección pública y que por tanto ante iniciativas como la de la Comunidad valenciana que no hay reserva de suelo impide luego tener vivienda de protección oficial porque no hay suelo para construirlas. Otra cuestión que hemos señalado es que para poder realizar políticas públicas sabiendo que esta crisis afecta a las mujeres necesitamos que todos los informes que se hagan salgan con perspectiva de género”.
Como sexto elemento, UGT se ha hecho eco del escudo social y la protección a los desahucios “ahí hemos exigido la prórroga inmediata de la moratoria y su conversión en una medida estructural. Nuestra idea es trabajar desde elevados consensos combatiendo el fraude, abuso y especulación. Queremos que la vivienda se considere como una infraestructura social básica al servicio del interés general”.
Hay que ser ambicioso
Otro de los integrantes de este Consejo Asesor la Plataforma del Tercer Sector recuerda que las respuestas deben ser estructurales, ambiciosas y coordinadas territorialmente y propone iniciativas, tanto de carácter social, como la movilización de vivienda vacía mediante modelos innovadores de vivienda social sin ánimo de lucro, como medidas estructurales, que incluyen el impulso decidido de la vivienda social, la rehabilitación del parque existente y una reserva efectiva de suelo público que permita avanzar hacia un modelo habitacional más justo y sostenible.
El presidente de esta entidad Luciano Poyato, valora positivamente la creación del Consejo Asesor de Vivienda y recalca que éste «debe ir más allá de un papel consultivo» y garantizar «una gobernanza participativa, transparente y orientada al interés general» porque «la vivienda no puede seguir tratándose solo como un bien económico, es un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, y debe situarse en el centro de la acción pública».
La Plataforma del Tercer Sector defiende la necesidad de que el Consejo Asesor de Vivienda contribuya a situar la vivienda en el centro del debate social y político, impulsando políticas que respondan a las necesidades reales de las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. «Es imprescindible avanzar hacia un modelo que garantice accesibilidad, asequibilidad y seguridad habitacional, incorporando criterios sociales y participación efectiva», señala Poyato, porque solo así será posible avanzar hacia «un modelo habitacional que proteja, que no excluya y que contribuya a la igualdad de oportunidades» concluye.
