• Según Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona, “que las decisiones de los ayuntamientos acaben en los tribunales perjudica seriamente al bienestar social”. La letrada insiste en que “se daña la seguridad jurídica”.
• La experta subraya que “las instituciones públicas deben respetar lo que marca la ley por encima de determinadas motivaciones electoralistas, dado que puentear la normativa repercute negativamente en la ciudadanía”.

Un nuevo modelo de ciudad, con más espacio para los peatones y menos para los coches, fue la gran apuesta del equipo municipal de la exalcadesa de Barcelona, Ada Colau, gracias al programa Superilles. Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de controversia. Una de estas actuaciones, la de la manzana de Consell de Cent, motivó un proceso judicial encabezado por Barcelona Oberta, la unión de los ejes comerciales turísticos de la Ciudad Condal. Ahora una sentencia obliga desmantelar una transformación verde que ha costado 25 millones de euros.

Aunque es poco probable que se dé un paso atrás, dada la inversión que supone y las molestias que volverían a generarse, el rechazo a este plan de reurbanización pone de relieve “el desapego hacia la normativa de los poderes públicos, que colocan sus motivaciones electoralistas por encima del respeto a la ley”, según Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona. La letrada señala que el hecho de que “las decisiones de los ayuntamientos acaben en los tribunales perjudica seriamente al bienestar social, dañando la seguridad jurídica”.

Por encima de la ley

Si bien es cierto que este ecosistema urbano ha supuesto un salto cualitativo a la hora de reducir la contaminación y fomentar la movilidad sostenible, su aprobación no ha seguido los procedimientos legales marcados. “Querer llevar a cabo un proyecto a toda costa, incluso puenteando la normativa urbanística, repercute negativamente en la ciudadanía”, revela Goenaga.

La abogada recuerda que “más allá de jugar con el dinero del contribuyente o de hacerle un flaco favor a los comercios de la zona, el problema de base es que el consistorio hizo caso omiso a las alegaciones de los demandantes y no rectificó”. De este modo, que el Ayuntamiento pase por encima de los trámites legales “dibuja un panorama de desprotección muy peligroso, ya que se estaría dando por sentado que el fin justica los medios, dejando la aplicación del ordenamiento jurídico vacío de sentido”, comenta Goenaga.

Vecinos vs. comerciantes

Aun cuando la sentencia dejó claro que se debe proceder al desmantelamiento, se ha abierto un proceso de mediación para no restablecer la situación anterior a las obras. Barcelona Oberta se ha visto forzada tener que “valorar no ejecutar la sentencia porque los efectos todavía serán peores”, recalca la portavoz de Círculo Legal Barcelona. En este sentido, los vecinos también se han movilizado para salvar la peatonalización.

Para Goenaga, comportamientos como el del Ayuntamiento de Barcelona no se deben tolerar: “Además de haber puesto el foco en el diálogo, no se modificó el Plan General Metropolitano para hacer constar que se cambiaba una vía local por una vía cívica, dando luz verde a la Superilla como un proyecto de obras ordinario”, concluye.