- El decano de ICA Melilla, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE, es uno de los mil abogados en todo el mundo, acreditado ante la Corte Penal Internacional
Profesional vinculado al derecho penal desde hace más de treinta años, el abogado Blas Jesús Imbroda, reelegido hace un año decano del ICA de Melilla, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE desde el 2016, es uno de los abogados referentes en materia de derecho penal internacional y gran conocedor de la extranjería y de la protección internacional.
Su opinión sobre la detención de Nicolas Maduro y su esposa hay que tenerla muy en cuenta. Desde su punto de vista “es un error que la Corte Penal Internacional no haya extendido una orden de detención contra Maduro por los crímenes de lesa humanidad por los que tiene pendiente responder y que están acreditados con numerosas pruebas aportadas ante la Fiscalía de la Corte, la que no ha sido muy diligente hasta ahora. Debe ser la Fiscalía quien pida a la Sala de la Corte esa orden de detención que no se ha producido aún”.
La primera comparecencia judicial ante un tribunal federal de Nicolás Maduro en Estados Unidos este pasado sábado abrió un proceso penal que puede mantenerlo preso durante años, luego de su captura en Caracas y su procesamiento por cargos de narcotráfico y delitos con armas junto a su esposa, Cilia Flores .Maduro proclamó ante el tribunal que sigue siendo el presidente de Venezuela y calificó su detención como un “secuestro”,
Por su parte, el gobierno de Donald Trump defendió la operación militar como una acción puntual de aplicación de la ley. Fueron acusados de integrar un plan para importar cocaína a Estados Unidos y de poseer armas de fuego. Ambos se declararon inocentes pero siguen detenidos. La próxima audiencia quedó fijada para el 17 de marzo.
Nuestro interlocutor, firme defensor de esta Corte Penal Internacional (CPI) que se crea en 1998 y se pone a funcionar en julio del 2002, tras ser ratificada su actividad por un número de Estados que ratifican el Tratado de Roma que dio origen a la actividad de esta institución. “El caso de Venezuela se empieza a tramitar en febrero del 2018. Cumpliremos siete años de procedimiento y a día de hoy no hay una solicitud de una orden internacional de detención contra Maduro por sus crímenes de lesa humanidad”.
En su opinión, la CPI tiene muchas pruebas sobre estos crímenes de toda índole a través de su propia Fiscalía, como órgano investigador. Al mismo tiempo ha habido distintos organismos internacionales que han emitido informes y hecho investigaciones donde claramente exponen esos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. La CPI se tenia que haber anticipado a la detención de Maduro hecha por EEUU. El retraso es imputable exclusivamente a la Fiscalía de la CPI”.
Sobre la gravedad del caso de Venezuela, donde se producen crímenes de lesa humanidad continuados y trágicamente van a seguir continuando hasta que no cambie el régimen dictatorial. En ese país se produce un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, enmarcado en un plan consentido y organizado desde los aparatos y estructuras del poder, y que se materializa en asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, persecuciones políticas, entre otros, además de los desplazamientos masivos de población a Colombia y a otros países, huyendo de las persecuciones del régimen.
Este experto es ponente habitual en distintos foros . aquí en el Ica Melilla en una jornada reciente sobre violencia de género
Hay muchas pruebas contra Maduro
Reconoce que se han presentado ante la Fiscalía numerosas pruebas y documentos, aportados por la ex fiscal general de Venezuela en el contexto de una amplia denuncia que formuló contra el presidente Nicolás Maduro y otros responsables, también por la Organización de Estados Americanos, que ha recogido testimonios y realizado un gran trabajo en la denuncia de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo.
Por parte del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se han denunciado las graves violaciones que se producen en el país, y son muy importantes las investigaciones e informes de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos en Venezuela, que estableció el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También han sido otras las organizaciones e instituciones que se han dirigido a la Fiscalía facilitando pruebas.
Ante todo ello, a Imbroda le “sorprende que la Fiscalía no haya presentado ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI después de siete años los cargos contra Nicolás Maduro y otros responsables por crímenes de lesa humanidad, así como la solicitud de medidas, incluida la detención de estos, entre ellos la del presidente Nicolás Maduro, teniendo en cuenta además que Venezuela es un Estado parte de la Corte y que sus tribunales no actúan antes estos crímenes al estar manipulados por el poder político o amenazados. Muchos de sus miembros han huido y están refugiados en distintos países, como la ex fiscal general de la República y los magistrados del Tribunal Supremo. En Venezuela no hay un estado de derecho”.
Un abogado referente
Imbroda fue Presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional desde 2017 hasta 2019. Esta entidad reúne colegios de abogados nacionales y regionales de distintos países del mundo e importantes asociaciones de abogados internacionales, así como abogados y abogadas individuales sumamente comprometidos en la promoción de una justicia penal internacional.
De hecho, este jurista es uno de los pocos abogados españoles vinculados al derecho penal internacional y acreditado ante la Corte Penal Internacional ante la que podría ejercer en cualquier asunto, “me preocupa que solo se hable del protagonismo de EEUU ante el procedimiento que han instado ante Maduro ante un tribunal federal del distrito sur de Nueva York- No se habla de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mandato y esto es una realidad incontestable”.
Sobre su detención Imbroda resalta que los tribunales de EEUU se consideran competentes para juzgar hechos criminales fuera de su territorio siempre y cuando hablemos de delitos graves como puede ser tráfico de drogas o delitos que afectan a la seguridad como es el de terrorismo. EEUU considera que su ley penal tiene jurisdicción extraterritorial que no es jurisdicción universal. Se trata de poder enjuiciar esas organizaciones criminales o terroristas de cualquier lugar del mundo que cometan ese tipo de delitos siempre y cuando perjudiquen a los intereses de EEUU”.
Blas Jesús Imbroda aclara a este periodista que la detención en EEUU y la posible orden de detención que expidiera la CPI son dos cuestiones distintas que no pueden acumularse en un mismo procedimiento. A su juicio “tener que realizar una intervención militar unilateral para detener a alguien buscado por la justicia, como es el caso de Nicolás Maduro, es algo que desde la perspectiva del derecho penal internacional no es aceptable
. Tendrían que existir otros procedimientos u otros instrumentos internacionales para que no fuera necesario este tipo de actos bélicos como el que se ha vivido en Venezuela”.
Este prestigioso jurista, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE, cree que la Corte Penal Internacional deberia extender una orden de detención internacional contra Nicolás Maduro
Faltan alternativas a la intervención militar
Dicho esto reconoce que “cabe preguntarse si las organizaciones internacionales existentes tienen instrumentos o mecanismos para que, sin necesidad de acudir a esas operaciones militares se puede cumplir una orden de un tribunal y detener a una persona. Esto es algo complejo y no es fácil encontrarlo. En el caso de su no existencia de estos mecanismos debería abrirse un debate o reflexión en toda la comunidad internacional y revisar el papel de las organizaciones internacionales existentes y crear esos instrumentos internacionales que pudieran utilizarse, ante los que no cabría ningún tipo de impunidad”.
Al final se trata de lograr el compromiso colectivo de todos los países ante este tipo de situaciones, cuestión que no es fácil. “Es un sarcasmo que Rusia alce la voz sobre la detención de Maduro, estoy seguro que no aceptaría ni colaboraría en la entrega de Maduro a la CPI por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. Incluso si se quisiera adoptar alguna medida por el Consejo de Seguridad de la ONU tendente a apoyar su detención, seguro que la vetaría; podría ejercer su derecho a veto y frenar esta iniciativa”
A su juicio “Rusia no está legitimada para hablar, en la actualidad asesina a la población civil de Ucrania. Sus servicios secretos persiguen los disidentes del régimen en cualquier parte del mundo. Igual pasa con Irán que ahorca a los homosexuales en plazas públicas y persigue y mata a los disidentes, o China que realizó la matanza de jóvenes en la Plaza de Tianamen o también reprime a los disidentes y los condena a muerte. Ninguno de estos estados tiene la menor legitimidad para apelar actualmente a las leyes internacionales, pues son los primeros en incumplirlas y en violar los derechos humanos”.
En este contexto, la voz de Blas Jesús Imbroda es clara “el concierto internacional necesita que las organizaciones internacionales tengan instrumentos eficaces y que los tribunales penales internacionales, sobre todo la CPI tenga esos instrumentos y cuente con la cooperación de todos los Estados para que se puedan cumplir las órdenes de detención internacional y evitar acciones como la que ha impulsado los EEUU contra Maduro y su esposa”.
A su juicio, la Corte Penal Internacional (CPI) debe seguir este procedimiento judicial que ya está abierto. Deberia dictar la orden de detención internacional que estamos comentando y pedirle a Donald Trump la entrega de Maduro. Esto es lo que tendría que hacer esta institución. El problema es que hasta la fecha no hay precedentes en esta materia similares. La petición tiene una dificultad añadida que EEUU en la actualidad no apoya la actividad de la CPI, al revés, la Administración Trump ha llevado a cabo una injusta política contra este tribunal, impulsando también acciones en su contra, sancionando a algunos magistrados”.
