Este martes tuvo lugar la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), celebrada en Bruselas donde se situó el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral como un punto central dentro del ciclo del Semestre Europeo.
Los ministros de empleo de la UE debatieron estrategias para equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos laborales y la creación de empleo de calidad.
Para Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo: “Necesitamos financiar todas estas medidas garantizando el equilibrio fiscal: las empresas de IA deben tributar para dotar un fondo de adaptación a los cambios que el desarrollo tecnológico implica para el trabajo. El EPSCO tiene en su mano que la transición digital sea una cuestión de justicia social”.Para la titular de Trabajo, las empresas europeas no podrán ser más productivas y eficientes si dependen tecnológicamente de sus competidores internacionales.
“La irrupción de la IA constituye una gran oportunidad para mejorar nuestros servicios públicos de empleo, la eficacia de las Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para liberar a las personas trabajadoras de trabajos rutinarios e insalubres y hacer crecer la productividad para reducir la jornada y aumentar el bienestar”, ha explicado Díaz en su intervención en el EPSCO.
Ante los retos que ha supuesto, por ejemplo, la irrupción del modelo de plataformas y la experiencia en su regulación, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha propuesto poner en práctica seis medidas básicas:
• Garantizar el derecho individual de formación que permita a las personas trabajadoras responder a las asumir las nuevas competencias demandadas
• Garantizar que los derechos laborales no se vean comprometidos por la falta de límites a los algoritmos: derecho a la transparencia algorítmica, preservación de la intimidad y control humano de las decisiones. Las auditorías algorítmicas deben ser obligatorias
• El control sindical de la gestión algorítmica del trabajo con asesoramiento especializado y herramientas de actuación concreta
• Preservar la salud laboral garantizando el derecho de desconexión, preservando a los trabajadores de las injerencias de las empresas.
• Crear un indicador de riesgo de automatización para identificar a los trabajadores más vulnerables
• Avanzar en la Agencia pública europea de protección de datos
Estela Martín explico que “ la utilización de sistemas y herramientas de IA no puede suponer, en ningún caso, incurrir en sesgos discriminatorios y/o vulnerar derechos fundamentales.” (Foto de Sincro)
Reformas complejas
Estela Martín Estebaranz, presidenta de la Sección de Igualdad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, moderó recientemente en la última Cumbre de Mujeres juristas un debate donde se analizó cómo la inteligencia artificial está transformando el mercado de trabajo y los retos que plantea para la igualdad y los derechos laborales de las mujeres. “Respecto al tema de la tributación, no es una cuestión novedosa. Ya hace años se planteó a nivel de la Unión Europea la posibilidad de que los robots tributasen y cotizasen a la Seguridad Social aunque quedó en un mero planteamiento. Cada cierto tiempo vuelven este tipo de planteamientos al debate pero sin que, de momento, hayan fructificado”.
“ En cuanto a la cuestión de las auditorías algorítmicas, van a ser un nuevo frente de conflictividad a medio/largo plazo. El 2 de agosto entra en vigor otra de las partes del RIA (Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024( por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, y las auditorías algorítmicas van a adquirir una enorme relevancia, junto con la evaluación de impacto. Veremos a ver en la práctica qué sucede con esta cuestión”, comentó.
Esta experta recuerda que “no podemos olvidar que en España en las empresas obligadas a tener RLT (Comité de Empresa), tienen que cumplir el art. 64. d) del ET que obliga a informar a los RLT de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, Y a hay una sentencia de la Audiencia Nacional es la que se declara la vulneración del derecho fundamental de libertad sindical por no informar a los delegados/as de las secciones sindicales sobre los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos que posee la empresa (SAN de 4 de julio de 2025)”.
Para esta jurista, “la utilización de sistemas y herramientas de IA no puede suponer, en ningún caso, incurrir en sesgos discriminatorios y/o vulnerar derechos fundamentales. Además de la normativa europea, recordemos que en España la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación ya aborda expresamente la IA. La norma habla de la IA y gestión masiva de datos, así como otras esferas de análoga significación. Al mismo tiempo el RIA establece expresamente el principio de control o supervisión humana. Las personas deben ser capaces de vigilar el funcionamiento de los sistemas de IA de alto riesgo”.
“Luego, además, ya tenemos ejemplos de convenios colectivos que hacen alusión expresa sobre los sesgos discriminatorios, los derechos fundamentales o la formación. Por ejemplo, el Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social 2026-2029 establece expresamente que los casos en el que la organización del trabajo se realice con Inteligencia Artificial y a través de una gestión algorítmica se deberán respetar todos los derechos fundamentales de las personas trabajadoras y de los usuarios. Se determina por las partes firmantes de este convenio que la IA y la algoritmia aplicada en este sector están catalogados como una actividad de alto riesgo y los datos utilizados son altamente sensibles y de especial protección”, indicó
Sobre el derecho a la desconexión digital subraya que es un derecho de largo recorrido y con varias cuestiones pendientes de resolver. En la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el derecho a la desconexión se establece expresamente, entre otras cuestiones, que el derecho a desconectarse es un derecho fundamental, parte inseparable de los nuevos modelos de trabajo en la nueva era digital; que este derecho debe considerarse como un importante instrumento de la política social a nivel de la Unión para garantizar la protección de los derechos de todos los trabajadores. “SI acabamos viendo que la desconexión digital se eleva a la categoría de derecho fundamental en el ámbito de la UE, esto desde luego marcaría un antes y un después”:
José Varela desde UGT comentó que “ desde la perspectiva sindical de que la inteligencia artificial puede convertirse en un desafío importante para la igualdad si no se adoptan medidas adecuada (Foto UGT)
El papel clave de los sindicatos
Para José Varela, responsable de IA y Digitalización en UGT; cree que es bueno que los poderes públicos vayan a actuar en cuestiones de este calado que preocupan a la sociedad y al mundo empresarial. Sobre la propuesta de la vicepresidenta Diaz revela que “nosotros desde el 2018 ya hablamos que las tecnologías tenían que pagar impuestos especiales. Si hay una riqueza que se consigue por la productividad de la IA y que está sustituyendo trabajadores, esa riqueza debe ser redistribuida y debería pagar impuestos. En el 2016 propuso un nuevo impuesto relacionado con Sociedades, de alguna forma estaba anticipando que los procesos de nuevas tecnologías harían ganar más dinero con menos gente. Se trataba de devolver a la sociedad la riqueza que se iba acumulando en las empresas”.
Otra de las cuestiones que comparte con Díaz este experto es la necesidad de cualificar a las personas “Es fundamental impulsar la empleabilidad. Si hay profesiones que van a perder su sentido, que van desde la contabilidad, asesoría fiscal, servicios de atención al cliente, traducción o fiscalidad. A esos profesionales hay que ayudarles para que tengan unas nuevas competencias y aprendan esa nueva profesión para que se integren de nuevo en el mercado laboral. Estas dos cuestiones están por hacer pero seria bueno lograr su implementación en el medio plazo”.
Varela advierte desde la perspectiva sindical de que la inteligencia artificial puede convertirse en un desafío importante para la igualdad si no se adoptan medidas adecuadas. Según explicó, diversos estudios apuntan a que alrededor de un 6% de los empleos podrían desaparecer en los próximos años por efecto de la automatización, con especial impacto en sectores altamente feminizados. “Si no hacemos algo con la inteligencia artificial es posible que suframos severos retrocesos en la igualdad de género”, alertó, reclamando mayor transparencia en los algoritmos utilizados en procesos de selección y gestión del empleo.
Nuestro interlocutor cree que hay que trabajar en desarrollar las auditorias algorítmicas y el apartado del control sindical de la IA. “En principio este 2 de agosto entra en vigor el RIA y ahí las auditorias algorítmicas van a ser obligatorias. Sin embargo, las empresas no están dando ese paso al frente y podemos encontrarnos con un problema. Por eso que la vicepresidenta Díaz hable en Bruselas de ello, recuerda que es una obligación que cumplir. Respecto al control sindical de la IA, hay un articulo en el RIA que nos da la potestad de intervenir, ser informados y de opinar. Tal y como defendí en el debate en el ICAM, sobre IA y perspectiva de género, las mayores perjudicadas de esas herramientas tanto en pérdidas de empleo y sesgo por la IA son mujeres”.
De la propuesta de Díaz, Varela comprueba que se habla de salud laboral y proteger la desconexión digital “uno de los elementos que más influye en esa salud de los trabajadores es una capacidad de no poder desconectar del trabajo. Ya no solo es que no se desconecta, sino que el profesional está disponible durante 24 horas al día casi al instante. Y esta cuestión psicológicamente es insostenible. En cuanto a la implementación de las medidas estas medidas encajan en la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en modificaciones del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley Orgánica de Protección de Datos. La parte formativa debería ir por el diálogo social”.