Los impuestos más bajos de Andorra continúan atrayendo a profesionales, empresarios e inversores españoles que buscan reducir su carga tributaria. Sin embargo, mudarse al Principado no basta para dejar de tributar en España: es necesario cumplir los requisitos de residencia fiscal, conocer las condiciones de inmigración y valorar las posibles obligaciones que permanecen en el país de origen. Así lo explica el despacho Navas & Cusí Abogados en su blog, donde analiza las reglas aplicables en 2026 y los principales riesgos de realizar el traslado sin una planificación previa.
Una fiscalidad atractiva, pero con obligaciones
Andorra aplica un tipo máximo general del 10 % en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y un tipo general del 10 % en el impuesto sobre sociedades. Además, no cuenta con un impuesto general sobre el patrimonio ni con un tributo equivalente al español sobre sucesiones y donaciones. Su impuesto indirecto general, el IGI, tiene un tipo del 4,5 %.
En el IRPF andorrano, los primeros 24.000 euros de la base general están exentos y determinados contribuyentes pueden beneficiarse de un mínimo de hasta 40.000 euros. Para ciertas rentas existe, además, una bonificación que hace que el tramo comprendido entre 24.000 y 40.000 euros tribute al 5 %.
Estas cifras no significan que todos los contribuyentes paguen automáticamente un 10 % de sus ingresos. El resultado depende de la naturaleza de las rentas, las reducciones aplicables y las circunstancias personales. Por ello, Navas & Cusí recomienda comparar la tributación efectiva de cada caso, incluyendo también las cotizaciones sociales.
El despacho recuerda que «Andorra ya no es un paraíso fiscal». El país cuenta con un sistema tributario regulado, sigue estándares internacionales e intercambia información fiscal con España.
Más de 183 días no es el único criterio
Para determinar la residencia fiscal se tienen en cuenta, entre otros factores, la permanencia de más de 183 días al año en Andorra y la ubicación del centro principal de los intereses económicos. También pueden influir los vínculos familiares y las circunstancias personales.
Si ambos países consideran que una persona es residente fiscal en su territorio, el convenio de doble imposición establece criterios para resolver el conflicto, como la vivienda permanente, el centro de intereses vitales, la residencia habitual y la nacionalidad.
Por eso, obtener un permiso de residencia andorrano no garantiza por sí solo dejar de ser residente fiscal en España. Mantener aquí a la familia, pasar la mayor parte del año en territorio español o dirigir desde España una empresa establecida en Andorra puede provocar comprobaciones de la Agencia Tributaria.
Dos vías para vivir en el Principado
La residencia activa está dirigida a quienes trabajan o desarrollan una actividad económica en Andorra. En el caso de los empleados, requiere una autorización vinculada al contrato de trabajo. Para quienes emprenden mediante una sociedad, existen condiciones específicas de participación, administración y dirección efectiva, además de requisitos económicos.
La residencia pasiva, destinada a quienes no desarrollan una actividad laboral o profesional en el país, exige otros compromisos. Según la información publicada por Navas & Cusí para 2026, las nuevas solicitudes deben contemplar una inversión mínima de un millón de euros en activos admitidos o de 400.000 euros en el fondo de vivienda previsto legalmente, además de una aportación no reembolsable de 50.000 euros y cantidades adicionales por personas a cargo. También se exige una estancia mínima de 90 días al año y acreditar medios económicos y cobertura sanitaria.
El despacho advierte de que estos requisitos se han modificado con la Ley 2/2026, por lo que es necesario comprobar qué régimen resulta aplicable a cada solicitud.
El impuesto de salida puede encarecer el traslado
Otro aspecto que conviene revisar antes de abandonar España es el llamado exit tax. Este impuesto puede afectar a contribuyentes que hayan tributado por IRPF en España durante al menos diez de los quince ejercicios anteriores y cumplan determinados umbrales de participación y valoración de acciones o participaciones.
En los supuestos previstos legalmente, se grava la ganancia latente de esas inversiones aunque todavía no se hayan vendido. Por ello, anticipar el análisis puede evitar sorpresas económicas una vez iniciado el cambio de residencia.
La documentación es esencial ante Hacienda
Contratos de alquiler, facturas, movimientos bancarios y otras pruebas de la vida cotidiana pueden ayudar a acreditar dónde reside realmente una persona. También es importante que la actividad empresarial se gestione efectivamente desde Andorra cuando corresponda.
En definitiva, trasladarse al Principado puede ofrecer ventajas fiscales, pero no existe una fórmula única válida para todos. Navas & Cusí subraya la importancia de revisar los requisitos de residencia, las obligaciones que pueden mantenerse en España y los costes de la operación antes de tomar una decisión.
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