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Recibir una llamada de la Fiscalía de Menores o una citación porque un hijo ha difundido una fotografía íntima, acosado a un compañero por internet o utilizado una identidad falsa en redes sociales puede generar una enorme preocupación en cualquier familia. Muchos padres desconocen que determinadas conductas realizadas desde un móvil o un ordenador pueden tener consecuencias penales, incluso cuando los protagonistas son adolescentes y no son plenamente conscientes de la gravedad de sus actos. Así lo analiza Eduardo Simó, abogado de SIMÓ Abogados Penalistas, en un artículo publicado en el blog del despacho.

El primer aspecto que conviene conocer es que los procedimientos por delitos cometidos por menores tienen unas reglas específicas. La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se aplica a quienes tienen entre 14 y 17 años. Por debajo de los 14 no existe responsabilidad penal conforme a esta ley, aunque pueden intervenir los servicios de protección de menores si las circunstancias lo requieren.

Como explica Eduardo Simó, «no es un procedimiento penal como el de un adulto». En lugar de las penas previstas para los mayores de edad, el sistema contempla medidas con una finalidad principalmente educativa y de reinserción. Estas pueden consistir en tareas socioeducativas, libertad vigilada o, en los supuestos más graves, internamiento en un centro específico para menores.

La investigación tampoco funciona igual que en un procedimiento ordinario. La dirige el Ministerio Fiscal a través de la Fiscalía de Menores, mientras que el menor tiene derecho a contar con asistencia letrada desde la primera comparecencia. El artículo 22 de la Ley Orgánica 5/2000 regula la designación de abogado y establece que, si la familia no lo nombra en el plazo previsto, se le asignará uno de oficio especializado. En caso de detención, el artículo 17 establece garantías específicas, entre ellas la asistencia del letrado y la presencia de los representantes legales en la declaración, así como un plazo máximo de 24 horas para dejar al menor en libertad o ponerlo a disposición del fiscal.

Entre los ciberdelitos que más preocupan al despacho figura la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Compartir una fotografía de contenido sexual de un compañero o reenviarla en un grupo de mensajería puede constituir un delito contra la intimidad. El artículo 197.7 del Código Penal contempla tanto la difusión no autorizada de determinadas imágenes obtenidas en un contexto privado como, bajo ciertos requisitos, el reenvío posterior por otras personas. Si aparecen menores en material pornográfico, además, pueden entrar en juego otros delitos de mayor gravedad, como los relacionados con la pornografía infantil.

Otro escenario frecuente es el ciberacoso. Los mensajes humillantes, las amenazas o las conductas de hostigamiento reiterado pueden tener relevancia penal cuando cumplen los requisitos de los delitos correspondientes. En particular, el artículo 172 ter regula el acoso insistente y reiterado que altera el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima.

También preocupa la suplantación de identidad en internet. Crear un perfil falso utilizando la imagen de un compañero, acceder a sus cuentas sin autorización o hacerse pasar por otra persona puede encajar en distintos tipos penales, dependiendo de cómo se haya realizado la conducta y de sus consecuencias. El acceso ilícito a cuentas ajenas puede relacionarse con el artículo 197 bis, mientras que el artículo 172 ter.5 contempla un supuesto específico de creación de perfiles falsos utilizando la imagen de otra persona en determinadas circunstancias.

La responsabilidad no termina necesariamente en el menor. El artículo 61.3 de la Ley Orgánica 5/2000 establece que los padres, tutores o guardadores pueden responder solidariamente de los daños y perjuicios causados. Esto significa que la familia podría tener que afrontar indemnizaciones aunque no haya participado directamente en los hechos. No obstante, el juez puede moderar esa responsabilidad si aprecia que no favorecieron la conducta con dolo o negligencia grave.

Ante una citación, SIMÓ Abogados recomienda actuar con prudencia y buscar asesoramiento especializado. El despacho advierte especialmente contra dos reacciones impulsivas: contactar directamente con la familia afectada para intentar solucionar el problema y borrar conversaciones o dispositivos. Ambas decisiones pueden complicar la situación, especialmente si se interpretan como una forma de presionar a la otra parte u ocultar pruebas.

La recomendación de Eduardo Simó es «no intentar resolverlo por cuenta propia». Conservar los dispositivos y mensajes, evitar nuevas comunicaciones sobre el asunto y consultar cuanto antes con un abogado permite conocer el alcance de la investigación y preparar adecuadamente la defensa. En los procedimientos de menores, las primeras decisiones pueden ser determinantes tanto para proteger sus derechos como para evitar que un comportamiento digital aparentemente trivial tenga consecuencias mucho más graves.

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