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Cuando una pareja con hijos se separa, una de las cuestiones que más dudas genera es quién tiene derecho a tomar las decisiones importantes sobre los menores. Es habitual pensar que el progenitor que convive con ellos puede decidir sobre su educación, salud o lugar de residencia, pero la legislación establece una distinción fundamental entre la patria potestad y la guarda y custodia. Confundir ambos conceptos puede provocar desacuerdos y problemas legales entre los progenitores. Así lo explica Carolina Torremocha, abogada especializada en Derecho de Familia, en su blog.

La primera diferencia es que la patria potestad comprende el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres respecto de sus hijos. No depende de que los progenitores estén casados, convivan o mantengan una relación sentimental. Tampoco desaparece automáticamente cuando se produce una separación o un divorcio. Su finalidad es garantizar la protección, educación y desarrollo integral de los menores, teniendo siempre en cuenta su interés superior.

El artículo 154 del Código Civil recoge las principales responsabilidades que implica su ejercicio. Entre ellas figuran velar por los hijos, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, representarlos legalmente y administrar sus bienes. También incluye la decisión sobre su lugar de residencia habitual. Como recuerda Carolina Torremocha, la patria potestad supone «una serie de derechos y obligaciones» que los progenitores mantienen por el hecho de ser padres o madres.

Por regla general, después de una ruptura, la patria potestad continúa siendo compartida. Esto significa que ambos progenitores deben participar en las decisiones relevantes que afectan a la vida de sus hijos, aunque estos vivan habitualmente con uno de ellos. Elegir el centro educativo, decidir sobre determinados tratamientos médicos, cambiar de domicilio o autorizar actividades importantes son cuestiones que, en principio, requieren el acuerdo de ambos.

La custodia, en cambio, se refiere a la convivencia y al cuidado cotidiano de los menores. Determina con quién viven y quién se ocupa de sus necesidades diarias, como la alimentación, los horarios, las actividades escolares, el tiempo de estudio o el ocio. La abogada destaca que «la custodia se refiere a con quién conviven los hijos», una diferencia esencial para comprender qué decisiones puede tomar cada progenitor.

Existen distintas modalidades de guarda y custodia. La monoparental o individual se atribuye a uno de los progenitores, mientras que el otro mantiene un régimen de visitas, estancias y comunicación. La compartida distribuye los periodos de convivencia entre ambos, de manera alterna y conforme a lo establecido judicialmente. También existe la custodia distributiva o partida, en la que los hijos pueden quedar bajo la custodia de progenitores distintos, una solución que requiere valorar especialmente las circunstancias familiares y el interés de cada menor.

Uno de los errores más frecuentes, según advierte Torremocha, es pensar que tener atribuida la custodia exclusiva permite decidir unilateralmente sobre todos los aspectos de la vida de los hijos. Sin embargo, si la patria potestad sigue siendo compartida, el progenitor custodio no puede adoptar por su cuenta cualquier decisión relevante. La convivencia diaria le permite organizar las cuestiones ordinarias, pero las decisiones importantes deben consensuarse.

¿Qué sucede cuando los padres no consiguen ponerse de acuerdo? El artículo 156 del Código Civil establece un procedimiento para resolver los desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad. Cualquiera de los progenitores puede acudir al juez, que escuchará a ambos y también al menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, cuando sea mayor de doce años. El órgano judicial atribuirá la facultad de decidir sobre esa cuestión concreta a uno de los dos.

Si los conflictos son reiterados o dificultan gravemente el ejercicio de la patria potestad, el juez puede atribuir total o parcialmente su ejercicio a uno de los progenitores o distribuir las funciones entre ambos. Esta medida tendrá una duración determinada, que no podrá superar los dos años.

La conclusión de Carolina Torremocha es que patria potestad y custodia son figuras distintas y deben analizarse por separado en cualquier procedimiento de separación o divorcio. Comprender sus diferencias evita atribuirse facultades que no corresponden y ayuda a resolver los desacuerdos sin perder de vista lo verdaderamente importante: el bienestar y la estabilidad de los hijos.

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