En los procedimientos penales por delitos contra la salud pública, la determinación exacta de la cantidad de sustancia estupefaciente intervenida resulta determinante para fijar la severidad de la condena. Frente a la creencia extendida de que la gravedad del volumen decomisado queda sujeta al criterio subjetivo del juzgador, la legislación y la jurisprudencia españolas aplican un baremo numérico estricto. Así lo analiza Eduardo Simó en el blog del despacho SIMÓ Abogados Penalistas, destacando que la concurrencia de la agravante de notoria importancia impone la pena inmediatamente superior en grado y multas que pueden alcanzar hasta el cuádruple del valor de la droga.
El origen de este marco cuantificable se remonta al Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2001. A partir de los criterios del Instituto Nacional de Toxicología, el alto tribunal fijó los umbrales de notoria importancia en el equivalente a 500 dosis de consumo diario de un adicto habitual. Esta baremación se traduce en cifras de corte muy precisas: 750 gramos de cocaína pura, 300 gramos de heroína pura, 90 gramos de anfetaminas, 10 kilogramos de marihuanas o 2,5 kilogramos de hachís.
Desde la firma legal recalcan una diferencia técnica esencial a la hora de computar estos pesos en el procedimiento penal. Salvo en el caso del hachís —que se evalúa en peso bruto—, la fiscalía y los tribunales deben realizar el cálculo sobre el principio activo o sustancia pura.
En palabras del letrado Eduardo Simó, socio fundador de SIMÓ Abogados Penalistas, este matiz altera de forma drástica el horizonte penal del acusado: "750 g de cocaína pura. Esa cifra puede cambiar completamente una condena por tráfico de drogas. Es uno de los umbrales de notoria importancia fijados por el Tribunal Supremo, calculado sobre criterios técnicos y dosis de consumo. Pero el matiz importante es este: hablamos de sustancia pura, no simplemente de peso bruto incautado. Esa diferencia puede ser enorme".
Precisamente por ello, el análisis químico y la medición del laboratorio se consolidan como el pilar central sobre el que se articula la defensa jurídica en las macrocausas. La impugnación de la pureza solicitando un contraanálisis independiente, la revisión del margen de error pericial o la detección de irregularidades en la cadena de custodia pueden evitar que se rebase el umbral agravado.
En cuanto a la autoría y la extensión de las responsabilidades, desde la firma especializada en derecho penal advierten que la agravación por cantidad no exige que el investigado lleve la sustancia consigo o conozca el peso exacto al miligramo. Los tribunales aplican la doctrina del dolo eventual cuando el acusado asume conscientemente el riesgo de participar en una operación de gran escala.
Sobre la aplicación del tipo agravado a las distintas personas investigadas en una misma estructura, en el despacho SIMÓ Abogados Penalistas recuerdan una máxima jurisprudencial reiterada por el Tribunal Supremo: "la agravación por notoria importancia es extensible a todos los partícipes, no solo a aquellos en cuyo poder se incauta la droga". De este modo, la estrategia de defensa no solo debe combatir la pericial química de la sustancia, sino demostrar mediante elementos objetivos la falta de vinculación del procesado con la operativa global de la organización.
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