- El informe de Hay Derecho constata un deterioro sostenido del Estado de Derecho , más acusado en los contrapesos institucionales que en la dimensión estrictamente electoral de la democracia. Esta tercera edición incorpora además un capítulo propio sobre libertad y pluralismo de los medios de comunicación
La Fundación Hay Derecho presentó este martes noche en un acto celebrado en la Fundación Rafael del Pino, la tercera edición de su Informe del Estado de derecho, una investigación propia y basada en datos que evalúa la salud de la democracia y del Estado de derecho en España.
La nueva edición analiza el periodo 2024-2025, con referencias puntuales a 2026, y confirma que los problemas estructurales señalados en las dos ediciones anteriores no solo persisten, sino que se han intensificado.
En el acto intervinieron Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia, secretaria general de la Fundación Hay Derecho y directora del informe; quien explicó los datos más relevantes del informe, Daniel Calleja, director de la representación de la Comisión Europea en España; que explico el papel de la UE en el Estado de Derecho.
Con posterioridad al estudio, la propia Elisa de la Nuez, junto Juan Mora Sanguinetti, catedrático de Economía de la Universidad Cardenal Herrera – CEU (Valencia); y Natalia Velilla, magistrada y escritora participaron en un debate sobre el informe moderados por Vicente J. Montes, director de la Fundación Rafael del Pino.
En ese debate se comento los problemas que se han agravado en los últimos dos años. Se invierte mucho en justicia, pero mal; las normas no son claras, lo que hace que en ocasiones el ciudadano tenga que ir a los tribunales. Sin seguridad jurídica las inversiones económicas se reducen y los negocios se lo piensan.
En el informe se citan algunas propuestas de mejora como la profesionalización e independencia de los cargos directivos; revisar los procesos de nombramientos de vocales del CGPJ; velar por la independencia del Fiscal General del Estado, la despolitización de las instituciones y los contrapesos como el Tribunal Constitucional, acabar con el filibusterismo político y medidas para frenar la actividad de las Cortes Generales, trabajar en la prevención y diagnóstico de la corrupción así como mejorar en la transparencia de la información pública.
En el estudio que se presentó, una carencia crónica, la falta de jueces en nuestro país. Los datos hablan que el número por 100.000 habitantes está por debajo de la media
Corrupción: condenas históricas, pero una respuesta normativa que no llega
España registra en 2025 su peor nota de percepción de la corrupción desde 2012 –55 puntos sobre 100 en el Índice de Transparencia Internacional– y la corrupción se judicializa cada vez más y sin distinción de siglas: el Tribunal Supremo condenó en junio de 2026 al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su asesor Koldo García a 19, mientras la Audiencia Nacional juzgaba en paralelo la Operación Kitchen, sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
El Plan Estatal Anticorrupción, aprobado en julio de 2025 con asesoramiento de la OCDE, cumple más de un año sin haber ejecutado ninguna de sus 15 medidas.
Según se explicó nuestro país obtiene 8,13 puntos en el Democracy Index de The Economist, frente a los 8,34 de hace una década, y desciende del puesto 23 en 2022 al 25 en 2024 y 2025 en el Rule of Law Index de World Justice Project. Según el Eurobarómetro de octubre de 2025, solo el 51% de los españoles se declara satisfecho con el funcionamiento de la democracia, tres puntos por debajo de la media de la Unión Europea.
«Esta es ya la tercera edición de nuestro informe, y los datos confirman que el deterioro institucional no es un episodio pasajero, sino una tendencia sostenida en el tiempo. Como sociedad civil, tenemos la responsabilidad de ponerlo negro sobre blanco y de exigir que las instituciones respondan al interés general y no a la lógica de partido, gobierne quien gobierne», ha declarado Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.
Cortes Generales y contrapesos institucionales bajo presión
El decreto-ley se consolida como forma ordinaria de legislar –11 normas en 2024, 17 en 2025 y otras 11 en lo que va de 2026–. España encadena, asimismo, tres años sin Presupuestos Generales del Estado. El propio Tribunal Constitucional lleva más de nueve meses sin poder renovar a cuatro de sus magistrados, y decide ya cuatro de cada diez sentencias del Pleno por bloques ideológicos enfrentados. El informe dedica también capítulos, de menor desarrollo en esta nota, a la protección de los derechos fundamentales y a la seguridad jurídica y la producción normativa.
«El bloqueo del Tribunal Constitucional, que ya se prolonga más de nueve meses, reproduce exactamente el patrón que paralizó al Consejo General del Poder Judicial durante más de cinco años: la colonización partidista de las instituciones de contrapeso no se ha resuelto», ha señalado Germán Teruel, profesor titular de Derecho constitucional, director adjunto de investigación de Hay Derecho y codirector del informe.
La falta de actividad de nuestras Cortes ha hecho que desde hace meses se haya puesto en marcha el llamado Frente Cívico Democrático en el que participans asociaciones como la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (AVITE), el colectivo de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), la Alianza para la Vuelta al IVA Reducido en Imagen Personal (representada por ANEPE-IMPE), y la Asociación en Defensa Playas Norte Dénia —actuando también en representación de las Asociaciones de Costas— que acaban de registrar formalmente un escrito dirigido a la Mesa del Congreso de los Diputados. Ellos quieren romper ese bloqueo que alguien bautizó como El Congelador de Armengol.
Debate sobre el informe de Hay Derecho, Moderado por Vicente J. Montes, director de Fundacion Rafael del Pino conto con la presencia de Juan Mora Sangiuetti, catedrático de Economia, Natalia Velilla, magistrada y escritora y Elisa de la Nuez, secretaria general de Fundación Hay derecho. Imágenes de Fundacion Hay Derecho
Poder judicial y Ministerio Fiscal: renovaciones que no despolitizan
En el informe se analiza el acuerdo entre Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido Popular (PP) de junio de 2024 puso fin a más de cinco años y medio de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y permitió el nombramiento de María Isabel Perelló como primera mujer que preside a la vez el CGPJ y el Tribunal Supremo, pero el reparto se mantuvo por bloques y los propios jueces puntúan la independencia del órgano con un 3,4 sobre 10,
la nota más baja de Europa. España, además, sigue a la cola de la Unión Europea en jueces por cada 100.000 habitantes.
El problema de fondo son los nombramientos discrecionales de los puestos más relevantes de la carrera judicial: de los primeros 56 que resolvió el Consejo renovado, 26 recayeron en la Asociación Profesional de la Magistratura y 13 en Juezas y Jueces para la Democracia, las dos asociaciones alineadas con los partidos del pacto, mientras los jueces no asociados, el 42% de la carrera, obtuvieron 7. En mayo de 2026, la Sala Tercera del Tribunal Supremo anuló por primera vez uno de esos nombramientos por falta de motivación.
En el Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo condenó el 20 de noviembre de 2025 al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Se trata de la primera condena penal a quien ocupaba ese cargo en toda la democracia. Mientras, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –que incorpora también la del Estatuto del Ministerio Fiscal, y que atribuiría la instrucción penal al Ministerio Fiscal y desvincularía el mandato del fiscal general del mandato del Gobierno– no ha prosperado.
El informe advierte de que esta desvinculación no bastaría por sí sola: mientras los nombramientos de la cúpula fiscal sigan en manos del fiscal general de turno y no se refuercen los contrapesos internos ni los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, el nuevo modelo puede trasladar los problemas actuales a una institución jerárquica cuya cúspide seguiría designando el Gobierno.
«Que un fiscal general del Estado en ejercicio haya sido condenado penalmente por primera vez en nuestra democracia exige una reflexión de fondo sobre el deterioro de la institución del Ministerio Fiscal», ha explicado Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho y codirectora del informe.
Libertad y pluralismo de medios: un nuevo capítulo con señales de alarma
Esta edición incorpora, por primera vez como capítulo propio, un análisis sobre la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, donde España obtiene un 53% en el índice global de riesgo del Media Pluralism Monitor 2026 –cuanto mayor es el porcentaje, mayor es el riesgo para el pluralismo–, lo que la sitúa en la banda de riesgo medio-alto. Su peor área es el pluralismo de mercado, con un 61%.
El 51% de los periodistas contratados dice haber sufrido presiones en el ejercicio de su profesión, frente al 44% de 2024, y España aún no ha completado la transposición de la directiva europea contra las demandas abusivas para silenciarlos (anti-SLAPP) pese a que el plazo comunitario expiraba el 7 de mayo de 2026.
El Informe del Estado de derecho es una iniciativa original de Hay Derecho para ofrecer una radiografía completa y rigurosa de la salud del Estado de derecho y la democracia en España. Hay Derecho, que participa anualmente en la elaboración del Informe del Estado de derecho (Rule Of Law Report) de la Comisión Europea, realiza también su propio estudio bienalmente. La de 2026 es la tercera edición del informe. El informe completo, junto con su versión divulgativa en formato web, puede consultarse.
