Oviedo, 7 nov (EFE).- El vecino de Mieres (Asturias) acusado de asesinar de 25 puñaladas a su yerno, del que su hija se estaba divorciando, para evitar que el hijo de la pareja, de 2 años, pasara con él el fin de semana, ha alegado que lo mató en defensa propia.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha acogido este lunes la primera de las cinco sesiones del juicio con jurado popular contra Juan Antonio F.R., de 72 años, quien ha admitido que apuñaló al hombre "al menos una vez en la barriga" el 12 de noviembre de 2019 en el domicilio de la víctima en Mieres.

El acusado ha declarado que la víspera del crimen su yerno se había presentado en su domicilio, también en Mieres, para hablar de la situación familiar después de que un juzgado atribuyera la guarda y custodia de su hijo a la madre, mientras que reconocía el derecho de visita del padre los fines de semana alternos de cada mes con pernocta.

El procesado ha asegurado que ese día su yerno le amenazó diciendo que su mujer y él eran "los culpables de todo" lo que le pasaba y que si no se arreglaba les mataría.

Juan Antonio F.R., que sintió un "miedo relativo" porque pensaba que el asunto "se iba a arreglar y no iba a pasar nada", se desplazó al día siguiente a la casa de su yerno para "aclarar lo sucedido".

Según su relato, su yerno le abrió la puerta y le pidió que le esperara en la cocina mientras se iba a vestir y, a su vuelta, le cogió "en volandas" y lo arrojó contra el fregadero.

El acusado ha admitido que entonces vio un cuchillo, lo cogió y se lo clavó "en la barriga" sin darse cuenta de cuántas veces lo hizo.

Juan Antonio F.R., quien ha dicho no recordar qué hizo después con el cuchillo, que no pudo ser localizado, ha explicado que a continuación fue "directo a la comisaría" para confesar que había "apuñalado en la barriga" a su yerno sin saber "si estaba vivo o muerto".

La Fiscalía solicita que se imponga al acusado una pena de 22 años de cárcel y 10 de libertad vigilada por un delito de asesinato con la atenuante de confesión, mientras que el abogado Ignacio Botas, que ejercita la acusación particular, eleva la petición a 25 años de prisión por un delito de asesinato con las agravantes de alevosía y aumento deliberado del sufrimiento a la víctima.

Por su parte, el abogado defensor, Antonio Pineda, califica los hechos como un delito de homicidio por el que pide una pena de siete años de cárcel y de forma alternativa, en caso de que se considere que fue un asesinato, de 12 años de prisión.