- Conclusiones de las XXXVII Jornadas de Fe Pública Judicial celebradas por esta entidad y que concluyeron este viernes en Valencia.
Durante tres días, con ponentes de primera nivel como han sido los casos del magistrado Ignacio Sancho, presidente de la Sala Primera del Supremo o Antonio Fernndez de Bujan, catedrático de Derecho Romano y vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que ahondó en la acusación popular estas XXXVII Jornadas organizadas por el CNLAJ han abordado la problemática existente de nuestra justicia.
Para el colectivo la ley de eficiencia deja mucho que desear e impulsa un modelo de tribunal de instancias con muchas carencias que Justicia debe resolver. Junto a ello se producen bajas por depresión de algunos profesionales. Desde el punto de vista de esta asociación “las jornadas reafirman el compromiso del colectivo con la defensa de los instrumentos que garantizan una justicia democrática, transparente y abierta al ciudadano”.
En un evento con gran participación al que han acudido cerca de 300 las de toda España, el CNLAJ, asociación mayoritaria del colectivo, ha mantenido la necesidad de la implantación de un modelo de los tribunales de instancia como modelo organizativo idóneo para optimizar el papel del Letrado de la Administración de Justicia en su función de director técnico procesal de la oficina judicial. Esta es una reivindicación de hace años del colectivo pero que hasta la fecha no se está logrando.
Sin embargo, tras algo más de un año del desarrollo de la norma los resultados son otros y las carencias graves. Desde el CNLAJ, entidad que se ha mostrado muy beligerante con este tema, donde su presidente Ernesto Casado ha ido señalando los problemas existentes. En las conclusiones que se hacen públicas este se insiste en que numerosas incidencias que se vienen registrando desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, evidencian una improvisación incompatible con la envergadura de la reforma.
Desde esta asociación se subraya en que la implementación de los tribunales de instancia se está llevando a cabo de manera tardía, desigual e irregular a lo largo del territorio nacional, circunstancia que plantea dificultades muy relevantes para la consecución de flujos de trabajo eficientes y para el logro de los objetivos inherentes al nuevo modelo organizativo.
En este contexto, de nuevo cambio de modelo de justicia, los expertos del CNLAJ, advierten del riesgo que supone crear e impulsar puestos de Libre designación exige una vigilancia extrema en la defensa de los principios de mérito, capacidad transparencia de los procesos, de forma que el sistema permita el afloramiento de auténticos lideres sin sombra de arbitrariedad.
El problema del expediente judicial electrónico
En estas jornadas, como otra conclusión a destacar se advierte que la ausencia de una implantación uniforme del expediente judicial electrónico condiciona de modo determinante la correcta instauración de los tribunales de instancia, provocando que en numerosos partidos judiciales —singularmente en el orden penal de grandes capitales-persista una dependencia excesiva del soporte papel que compromete gravemente los controles de trazabilidad e integridad de los expedientes.
En este sentido se indica que resulta una contradicción inasumible que se anuncie la incorporación de la inteligencia artificial a la Administración de Justicia mientras una parte significativa de los juzgados continúa tramitando los procedimientos en formato papel.
Para el CNLAJ; no basta con la puesta en marcha de estos tribunales de instancia, sino como nos decía su presidente, Ernesto Casado, antes de este evento, son necesarias mejoras continuas. A juicio del colectivo “la nueva organización está dejando en evidencia la crónica falta de medios suficientes que lastra a la Administración de Justicia desde hace décadas”.
Y tal como nos comentaba, en la actualidad, el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia soporta más de ochocientas plazas cubiertas con sustitutos, a lo que han de sumarse las próximas jubilaciones; pese a ello, el Ministerio no ha articulado una planificación de recursos humanos acorde con las necesidades estructurales del colectivo, tal como se puso de relieve en la última entrega de despachos, donde se anunciaron setecientas plazas de jueces y fiscales sin mención alguna a las del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia”.
Los lajs en general, y el CNLAJ aprovecha la ocasión de su Congreso anual para volver a reclamar el teletrabajo en su actividad diaria. Es la conclusión séptima donde se dice que “en una Justicia tecnológica como la actual, es imprescindible avanzar en la implantación del teletrabajo, que permita armonizar una actividad, que ahora es electrónica, con las obligaciones familiares y personales. Es un derecho que nos otorga el Estatuto Básico del Empleado Público, y que consolida la LOPJ, por lo que resulta incomprensible la actitud de bloqueo Ministerial”.
Desde el CLAJ se denuncia la otra cara de los tribunales de instancia que “”esta generando una presión asistencial que está provocando bajas profesionales y jubilaciones que no pueden ser ignoradas, y evidencia la urgencia de replantear la configuración de las relaciones de puestos de trabajo, como ya solicitamos reiteradamente, y una apuesta decidida por mantener la especialización continua de todos los operadores jurídicos”.
Justicia penal y acción popular
Sobre el actual modelo de instrucción, la asociación mayoritaria de letrados de administración de justicia se posición señalando que con el “actual modelo de instrucción penal no puede ser sustituido para atribuir su dirección al Ministerio Fiscal sin acometer, de manera previa e ineludible, una reforma en profundidad de su Estatuto Orgánico que garantice, con las debidas cautelas, la independencia de la institución respecto del Gobierno de la nación. A juicio de estos profesionales, “cualquier modificación en este ámbito ha de contar con el sosiego y el consenso propios de una reforma estructural del proceso penal, y no puede quedar al albur de criterios puramente políticos”
En cuanto a la acción popular, uno de los temas claves del proceso penal, brillantemente expuesta por Antonio Fernández de Bujan, el CNLAJ subrayan que constituye una institución clave para la adecuada participación de la ciudadanía en la Administración de Justicia y, en consecuencia, no puede ni debe desaparecer, ni tampoco ser restringida de tal forma que quede vacía de contenido, pues asumir las limitaciones instadas por determinados agentes políticos conllevaría dificultar el control de legalidad y el adecuado mantenimiento del respeto al ordenamiento jurídico por parte de la jurisdicción penal.
