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  • Durante la segunda sesión, los expertos destacaban aspectos clave para el futuro económico tras la pandemia advirtiendo que los deudores insolventes pueden presentar acuerdos de refinanciación durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma y que los jueces son los únicos con competencia para pronunciarse sobre la venta de unidades productivas.

Ayer se clausuraba la segunda jornada de la II edición del Congreso de Derecho Concursal:”COVID-19, crisis económica y derecho concursal: futuro inmediato”, organizado por Lefebvre, compañía líder en información jurídica. Tras la excelente acogida de la primera edición, el encuentro fue coordinado, una vez más, por María Teresa Enciso Alonso-Muñumer, catedrática de Derecho Mercantil y consultora en ONTIER. Juan Pujol, presidente de Lefebvre, destacaba que “ambas ediciones del Congreso Concursal son una referencia formativa” por su dinamismo, por el formato webinar y por reunir a un “total de once magistrados, juristas y destacados expertos del sector mercantil para compartir su visión y perspectivas en diferentes talleres prácticos”.

A lo largo de la esta segunda jornada, los ponentes señalaron las claves de la actual situación de los procesos concursales. Cuestiones como las liquidaciones y ventas de unidades productivas, la reanudación de los procedimientos en trámite o la normativa laboral tras la pandemia, protagonizaron algunas de las sesiones. Según Eduard Krause, director general de Surplex Ibérica, “el alcance internacional de la plataforma online” les permite obtener los precios más altos del mercado y muy superiores a valores de liquidación habituales, aunque “habrá que esperar para conocer la situación de las empresas tras esta crisis sanitaria en España”.

Liquidaciones y ventas de unidades productivas

Con la publicación del RDL 16/2020 de 28 de abril, por el que se adoptan medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19, quedaba establecida de forma obligatoria la subasta extrajudicial para la liquidación de activos concursales. Estos cambios normativos, que afectan directamente a las liquidaciones y a las ventas de unidades productivas, fueron tratados por Bárbara Córdoba, magistrada Mercantil en Madrid; Eduardo Pastor, magistrado Mercantil en Valencia; Alejandro Rey, socio responsable del departamento de insolvencias y reestructuraciones de Ayuela Jiménez Abogados, y Miguel Ángel Carrascosa, director General Surplex Ibérica, quien afirmó que “existe una carencia de activos concursales ya que no se llega al público fuera de nuestras fronteras. La subasta extrajudicial debe seguir las mismas pautas que cualquier otra subasta industrial y la clave es un proceso transparente. Es fundamental orientar el marketing hacia los mercados para cada tipo de activo”.

Para Eduardo Pastor “hay que dejar de confundir a los juzgados mercantiles y a los administradores concursales como los órganos de ejecución. No son los que tienen que vender los activos sino solo acompañar durante la fase de venta directa”. Por su parte, Bárbara Córdoba señaló que “la mayoría de empresas llegan tarde al concurso ya que los empresarios no lo ven como una solución y esta opinión debería cambiar”.

La reanudación de los procedimientos en trámite

Sobre las implicaciones del RDL 16/2020 y cómo reactivar los procedimientos en trámite según el apartado que se refiere a “los términos y plazos que hubieran quedado suspendidos” se pronunciaban Gregorio de la Morena, socio director de DLM INSOLVIA; Carlos Nieto, magistrado Mercantil de Madrid; Javier Castresana, socio responsable del departamento de Concursal en Allen & Overy, y Manuel Ruiz de Lara, magistrado Mercantil de Madrid.

Mientras que Javier Castresana, afirmó que “una de las claves será animar a los letrados a que se lleven a cabo los concursos y que los juzgados instrumenten ventas de unidades productivas de una manera más rápida para la protección del tejido empresarial”,  el magistrado Carlos Nieto subrayaba que “cualquier deudor insolvente puede presentar acuerdo de homologación de refinanciación durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma.

El derecho concursal ante la normativa laboral referente al COVID-19

Nuria Orellana, magistrada de la Audiencia de Cádiz; Ana M. Orellana, magistrada de lo Social de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y Adriano Gómez García-Bernal, socio del Departamento Laboral de Garrigues, fueron los encargados de cerrar el congreso desgranando algunos de los asuntos prácticos de la legislación del COVID-19 en materia concursal.

Al respecto, Ana M. Orellana, apuntó que “en caso de que haya un rebrote o alguna medida de confinamiento, las empresas podrán acogerse de nuevo a los ERTE COVID-19 por fuerza mayor y a ERTE por causa ETOP y  advirtió que queda prohibido que las empresas con flexibilidad interna externalicen su actividad salvo si no se puede realizar de otra manera ni contratar a más personas”. Asimismo, Adriano Gómez, analizaba temas tan relevantes como la excepción de los créditos laborales, la contingencia del adquiriente, la sucesión empresarial y los trabajadores frontera”.




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