Jorge Werner Montero Mundt
La adquisición de un vehículo mediante financiación constituye una de las cargas económicas más habituales entre las familias y trabajadores que se ven abocados a un concurso de acreedores. Cuando los deudores recurren al mecanismo legal para liberarse de sus impagos, surge de inmediato la gran incógnita sobre el destino del automóvil y las cuotas pendientes vinculadas a una cláusula de reserva de dominio. Así lo analiza Jorge Werner en el blog de Empezar de Nuevo, donde expone cómo la disparidad de criterios entre tribunales ha forzado el pronunciamiento de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
El debate judicial se encuentra en un punto crítico a raíz de una resolución reciente del alto tribunal. Como señala el letrado experto en insolvencia Jorge Werner Montero-Mundt, del despacho Empezar de Nuevo, «el coche financiado es, con diferencia, la pregunta que más me hacen en la primera reunión. Y la respuesta honesta, hoy, depende de la Audiencia Provincial que te toque». La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado un auto de fecha 9 de septiembre de 2026 en el marco del recurso 4357/2025, bajo la ponencia del magistrado Ignacio Sancho Gargallo, cuyo objeto oficial es precisamente delimitar la interpretación del artículo 489.1.8.º del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) respecto a la reserva de dominio. Aunque los detalles del pronunciamiento aún aguardan su desarrollo íntegro, el jurista subraya que «lo que sí es seguro es que la cuestión ya está en la Sala Primera. Y que, hasta que haya sentencia, el mapa sigue partido en dos».
El conflicto nace de la reforma concursal introducida por la Ley 16/2022. Con anterioridad a esta modificación legislativa, quedaban excluidos del perdón judicial los créditos que gozaban de privilegio especial, supuesto en el que encajaba sin fisuras la reserva de dominio. Sin embargo, la redacción vigente limita las excepciones a las «deudas con garantía real, dentro del límite del privilegio especial».
Esta modificación de términos abrió la brecha interpretativa. La reserva de dominio no encaja de forma estricta en la figura jurídica clásica de un derecho real de garantía, sino en una condición suspensiva por la cual el vendedor retiene la titularidad del bien hasta el cobro íntegro del importe pactado. Ante esta realidad, parte de la judicatura se decanta por la literalidad normativa: «Si no es garantía real, no encaja en la excepción. Y si no encaja, se exonera. Ese es el argumento de quienes defienden al deudor». Tribunales provinciales como los de Zaragoza, Alicante o Valencia han respaldado en diversas resoluciones que estas deudas sí pueden cancelarse judicialmente, amparándose en que las restricciones a un derecho del concursado deben interpretarse restrictivamente.
En el extremo opuesto, otros tribunales abogan por una interpretación finalista y funcional para denegar la exoneración. En esta corriente destaca la Sentencia 324/2025 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la cual argumenta que «el vendedor con reserva de dominio inscrita tiene facultades iguales o superiores a las de un acreedor con garantía real», pudiendo perseguir el automóvil frente a terceros y ejecutarlo con preferencia. De perdonarse la deuda, se generaría un desajuste lesivo en el que la financiera mantendría la propiedad de un coche en paulatina depreciación pero vería extinguida la obligación económica para reclamarlo de forma ágil.
A la espera de que el Tribunal Supremo siente doctrina unificada para poner fin a esta brecha territorial, desde el despacho Empezar de Nuevo recalcan que la estrategia procesal exige un análisis técnico individualizado: comprobar la tipología exacta de la financiación, constatar si la reserva está válidamente inscrita en el Registro de Bienes Muebles y valorar la conveniencia práctica de mantener el pago del vehículo en caso de resultar imprescindible para la actividad profesional del solicitante.
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