- Plataforma Familia y Derecho vuelve a reivindicar con el apoyo de los Colegios como ICAB, ICAV, ICA Málaga e ICA Oviedo. la especialización de los operadores jurídicos en familia en estas jornadas anuales.
Los profesionales que acudieron al VI Congreso de Derecho de Familia, Infancia y Capacidad, organizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense conjuntamente por la Cátedra ICAM-Universidad Complutense de Madrid y la propia Plataforma Familia y Derecho, con la colaboración del ICAB, ICAV, ICA Málaga e ICA Oviedo, son conscientes que ha habido avances en esta practica pero queda mucho por hacer, tanto en reformas legislativas como en extender las secciones de Familia, Infancia y Capacidad en todos los tribunales del país. Acceso a conclusiones del Congreso realizadas por el magistrado Juan Pablo Gónzales del Pozo.
Con un elevado debate en todas y cada una de las mesas redondas que congregó a los distintos agentes relacionados en el derecho de familia, entidades como Plataforma Familia y Derecho y los colegios coorganizadores de este evento son conscientes que aún hay trabajo por delante, ante la eclosión de esta actividad fundamental para miles de familias. “Nuestra firme voluntad es seguir trabajando en esa dirección y que el propio legislador advierta, lo importante que es que la especialización llegue a todos los operadores vinculados a familia. Se trata de proteger a los más vulnerables, niños o niñas adolescentes y las personas con discapacidad”, comentaba Isabel Winkels, vicedecana del ICAM.
Por su parte, Cristina Diaz-Malnero, diputada de la Junta de Gobierno del ICAB y vicepresidente de la Plataforma Familia y Derecho, comentaba al finalizar el evento la altura de las ponencias de este Congreso. “todas las ponencias han sido interesantísimas porque las intervención de los ponentes han sido muy elevadas”. Recuerda que en la sala ha habido magistrados, profesores, abogados, catedráticos, trabajadores sociales, psicólogos. . Hemos logrado la multidisciplinariedad que reclamamos tanto”.
Esta experta recordó al hacer balance de este VI Congreso la discriminación existente “porque no están extendidas en todo el territorio español secciones de familia, infancia y capacidad. A falta de una campaña del ministerio de justicia, los abogados somos los que estamos informando de los MASC”. También recordó que en la segunda mesa del Congreso se habló de la figura del abogado del niño o adolescente y de los estudios que hay en países de nuestro entorno que garantizan esa figura de dicho abogado con ciertas funciones de coordinación de parentalidad. Se trata que el menor tenga una defensa legal desde el primer momento en el que se encuentra inmerso en esta situación. En España recordó que se prevé la figura del defensor judicial que de momento no se aplica. De esa mesa salió como conclusión el tener esta figura que informe al menor de ese proceso judicial que puede verse inmerso.
Winkes y Diaz-Malnero impartieron una conferencia sobre el abogado del menor donde destacaron la insuficiente protección de los menores en procesos de familia en España. Al mismo tiempo argumentaron que las figuras del Ministerio Fiscal y del defensor judicial son inadecuadas por falta de medios y especialización. Como solución las expertas propusieron la implantación del Abogado del Menor, un modelo análogo al existente en múltiples ordenamientos jurídicos de otros países que detallaron ambos conferenciantes.
Estas juristas explicaron en sus turnos de palabra que esta figura actuaria como un representante directo e individualizado del niño, niña o adolescente, garantizando que su voz sea escuchada y su interior superior del menor defendido de forma efectiva. Al mismo tiempo propusieron vías de implementación en España, cuáles serian sus funciones y viabilidad, concluyendo que su adopción es necesaria para una verdadera tutela judicial efectiva.
Ponencia sobre interdisciplinariedad que moderó Cristina Ros, decana del ICAB, en el centro de la imagen A su laego, Mercedes Garcia del ICAV y José Maria Caballero psicólogo
Menores y especialización, son claves
Después de una primera jornada intensa, donde se debatió el estado de la cuestión de los MASC, en una mesa moderada por Ana Clara Belio, socia directora de ABA Abogadas, con las intervenciones de Paloma Factor, el magistrado Juan Pablo González y el catedrático José Manuel Chozas, para luego en otros paneles ahondar en la problemática de los menores desde distintas perspectivas, como el papel del abogado en estos procesos donde hay menores; los recesos de familia, infancia y capacidad con dimensión internacional, su capacidad jurídica y medida de apoyos. En esta jornada en la Mesa de Niños se escucharon a cuatro adolescentes hablar de sus problemas con las redes sociales .
Por su parte, en la segunda jornada de este VI Congreso de Derecho de Familia se abordó la cuestión trascendente y actual de la interdisciplinariedad del derecho de familia, en una mesa en la que coincidieron expertos como Fernando Santa-Cecilia (Profesor de Derecho Penal, UCM), Mercedes García (Abogada, Presidenta Sección Familia ICAV), Mila Arch (Psicóloga). Moderados por Cristina Vallejo (Decana del ICAB).
Al término de esta mesa, Cristina Vallejo, decana del ICAB, hacía una valoración de esta mesa redonda para mostrarse partidaria de las reivindicaciones s histórica del colectivo de abogados de familia, a través de sus asociaciones más representativas, A su juicio, “el principio de igualdad es fundamental y deben extenderse esas secciones de familia, infancia y capacidad, promovidas por la ley 1/2025 por todo el país, sin distinciones de ningun tipo”.
Sobre su mesa recordó que el psicólogo forense explico la importancia de sus informes que son científicos, independientemente que lo pida una parte de forma privada. Al mismo tiempo destaco que se había hablado de dar más recursos a los puntos de encuentro familiar, ahora poco accesibles y con lista de espera. Y es que la falta de recursos y las dilaciones en obtener estos y otros recursos son un problema para muchos de los profesionales que forman parte de esta jurisdicción de familia en nuestro país.
Mesa sobre menor y desamparo . De izda a Derecha, Silvia Giménez-Salinas, (exvicedecana del ICAb) junto a ella Ana Isabel Berrocal , María Dolores Hernández, Rut González (Profesoras de Derecho Civil, UCM), FOTOS UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
Hay que seguir avanzando
Para la decana del ICAB, lea sensación que tienen los juristas de esta mesa es que con la puesta en marcha de la LOPIVI se ha avanzado mucho. La reforma que se plantea de la norma y la propia entrada en vigor de la ley 1(2025 es importante pero se ha pedido para avanzar un mapa territorial único donde exista secciones especializadas y sobre todo necesitamos estabilidad jurídica en esta materia de familia, infancia y capacidad. “En Europa, convenios como el de la Haya ofrece estabilidad jurídica y necesitamos que España también lo ofrezca. Nos queda camino por recorrer, pero vemos que año a año vamos mejorando afortunadamente”. comentó
En la otra mesa de esta jornada de viernes se abordaron cuestiones como la protección a la infancia en espacios digitales y las posibles adicciones del menor, así como la situación de posible desamparo y el papel de los jueces en ella. . En este debate participaron Ana Isabel Berrocal , María Dolores Hernández Rut González (Profesoras de Derecho Civil, UCM), Silvia Giménez- Salinas (Abogada, exdecana del ICAB).
Para Giménez-Salinas en cuanto a la protección de la infancia y la situación de desamparo comentó que era necesario modificar el contenido de la ley 1/96 que el próximo año cumplirá veinticinco años y en especial el artículo 18 que establece que la declaración de desamparo es un declaración administrativa, directamente ejecutiva lo que hace que esa medida se ejecute de forma inmediata. “De lo que se trata es de buscar garantías jurídicas al proceso de declaración de desamparo. La única forma en un Estado de Derecho es que el juez determine esa situación de desamparo”.
Nuestra interlocutora recuerda que existe una declaración del 2024 del Consejo Autonómico de Colegios de Abogados en el que “participé donde se diecia la necesidad de modificar la ley porque solo existen dos artículos 7 ,79 y 7,80 de la LEC donde se dice que esa declaración de desamparo es una declaración judicial expos. El papel del juez es analizar si esa declaración fue conforme a derecho o no. “Nosotros creemos que es el juez de infancia y discapacidad, a propuesta de la entidad pública correspondiente el que debe determinar si se ha probado ese extremo riesgo que pueda haber”.
Esta jurista recordó en el debate que en el 1988 “el Tribunal Constitucional declaró que el juez investigador no podría ser el sentenciador. Ese juez investigador busca esos hecho probados y comprobarlos y podría contaminarse de la investigación. No puede ser el juez que determine la condena o no, Eso hizo que ese año se establecieran la dualidad de juzgados. “Nosotros creemos que ya lleva cuarenta años ese funcionamiento debe separarse la declaración de desamparo de la ejecución o de la investigación. Somos partidarios que debe continuar el sistema pero la decisión debe ser judicial exente, quien puede determinar en algunos casos que el menor se le separe de su familia”.
