Ernesto P. Casado Rodríguez, Presidente del CNLAJ El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ha desarrollado durante un intenso año 2025 una compleja actividad centrada en la defensa institucional del cuerpo, la crítica técnico‑jurídica, pero constructiva, a las reformas de eficiencia del servicio público de justicia y la organización de jornadas formativas de alto nivel. Podemos decir sin temor a equivocarnos que el CNLAJ se sigue consolidado como el principal interlocutor institucional de los Letrados de la Administración de Justicia ante el Ministerio de Justicia y ante los operadores jurídicos, en un año marcado por la implantación progresiva de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Nuestra entidad ha mantenido una presencia activa, tanto en su sitio web oficial y redes sociales como a través de noticias en medios de prensa general y sectorial como mediante el contacto directo con sus colegiados en jornadas jurídicas tanto presenciales como telemáticas. A lo largo del año, ha reflejado un compromiso con la información transparente, la defensa de los intereses profesionales de los Letrados de la Administración de Justicia y la mejora continua de la Administración de Justicia española, especialmente en un contexto de profundas reformas estructurales dirigidas a la generalización de la Oficina Judicial derivada del despliegue de los Tribunales de Instancia y la exigencia de culminar el expediente judicial electrónico, elementos todos ellos sobre los que el Colegio ha intervenido activamente.
Como decimos el año ha estado marcado por importantes cambios en la estructura judicial española, derivados de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, que está operando la transformación de los antiguos juzgados en tribunales de instancia, con nuevas oficinas judiciales, pero también a la generalización de métodos alternativos de solución de controversias (MASC).
Los Letrados de la Administración de Justicia se encuentran en el centro de este proceso en cuanto figuras esenciales en la adaptación de los nuevos modelos organizativos y procesales, incluida la implantación de los tribunales de instancia y el desarrollo del expediente judicial electrónico.
Durante toda su historia, el Colegio ha puesto especial énfasis en la formulación de propuestas de mejora técnica, procesal y organizativa para garantizar la seguridad jurídica y la eficacia del servicio público de Justicia. En este contexto, ha destacado este año, especialmente la propuesta de unificación de criterios en MASC.
No hay que olvidar que los Letrados de la Administración de Justicia somos los encargados de revisar y admitir las demandas, y por ello el CNLAJ ha propuesto un marco común y uniforme para la aplicación de los Métodos Alternativos de Solución de Controversias introducidos por la Ley Orgánica 1/2025. Esta iniciativa pretendía evitar interpretaciones divergentes entre órganos judiciales y asegurar una justicia más igualitaria y accesible, ante posibles discrepancias entre criterios aplicados en diferentes territorios o juzgados. Sinceramente pensamos que fue muy bien acogida por los usuarios y profesionales de la Justicia, y pone de manifiesto la preocupación del Colegio por garantizar la homogeneidad en la prestación del servicio judicial, elemento esencial para la confianza ciudadana en el sistema.
Deficiencias técnicas importantes
Y en esta realidad, hemos comprobado cómo se han materializado dos previsiones que habíamos anunciado: por un lado la promoción e incremento del papel de la conciliación intrajudicial, responsabilidad de los Letrados de Justicia, y por otro, destacamos desde el principio que la Ley tenía importantes deficiencias técnicas que una vez que se han materializado en la realidad, ya hacen imprescindible su reforma. Ni los MASC han servido para descongestionar los juzgados, ni han acelerado la solución de los conflictos; más bien han introducido un requisito de procedibilidad que ha conseguido retrasar el inicio del proceso judicial, y han encarecido los pleitos, que le cuestan hoy más tiempo y dinero a los ciudadanos.
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, también apuesta por la implantación progresiva de los Tribunales de Instancia, ha supuesto un reto organizativo de primer orden, con especial incidencia en las funciones directivas desde el punto de vista organizativo y procesal, de la fase de ejecución, de fe pública y de gestión que desempeñan los Letrados de la Administración de Justicia.
En cuanto a la puesta en marcha de las reformas organizativas del tribunal de instancia, el Colegio ha sido especialmente crítico en el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 1/2025. Hemos subrayado la falta de transparencia en la tramitación, la insuficiencia de medios personales y materiales, así como las dudas sobre la viabilidad real de los plazos de implantación previstos para los Tribunales de Instancia y la reforma organizativa.
Especialmente hemos denunciado el oscurantismo en la elaboración de la ley, en su desarrollo reglamentario, y en el proceso de puesta en marcha, con modificaciones de última hora sin suficiente debate técnico, comprometiendo decisivamente los derechos profesionales de los Letrados de la Administración de Justicia y de todos los funcionarios de Justicia.
Pero sobre todo careciendo de criterios organizativos suficientemente probados que aseguren que en el futuro próximo la nueva estructura puede funcionar sin sobresaltos. Y, por supuesto, insistiendo en la necesidad de que la implantación de los Tribunales de Instancia, la reorganización y la nueva configuración de las oficinas de justicia se lleven a cabo con una dotación adecuada de medios personales y materiales, evitando reformas puramente nominales o de costo cero que comprometan la calidad del servicio.
Pero combinado estos posicionamientos críticos con una colaboración activa para conseguir que el proceso de transformación sea lo mejor posible en beneficio de todos, aportando una colaboración institucional y discurso de compromiso constructivo, mediante la elaboración de análisis detallados de la reforma y proponiendo medidas para mitigar sus efectos negativos.
En definitiva, reivindicando la capacidad técnica de los Letrados de la Administración de Justicia como pieza esencial para la mejora de la Justicia, sin pretensión de equiparación jurisdiccional, pero reclamando vías de promoción y un reconocimiento acordes a su función.
Y esencial es también la actividad desplegada por el CNLAJ para aportar seguridad jurídica mediante la promoción de las nuevas tecnologías en Justicia. Por ello se añaden los desafíos derivados de la consolidación del expediente judicial electrónico, la interoperabilidad de sistemas y la necesidad de homogeneizar criterios de actuación. En estos días se está poniendo de manifiesto la imperiosa necesidad de que los expedientes judiciales se tramiten íntegramente de forma electrónica; la reforma procesal y organizativa tendrá grandes dificultades para funcionar en aquellas sedes judiciales que siguen trabajando en formato papel, que aún son muchas.
En definitiva los Letrados de la Administración de Justicia nos hemos consolidado como actores clave para la implementación y desarrollo de las reformas pendientes, realizándose desde el Colegio Nacional una importante tarea de gestión de este cambios, mediante un esfuerzo continuado por fortalecer la función de los Letrados dentro de la administración judicial, defender sus intereses profesionales y facilitar la comprensión pública de su rol en un año de transformaciones muy profundas.
De este modo el CNLAJ ha reforzado su perfil como actor técnico, capaz de formular diagnósticos y respuestas basados en datos objetivos y no sólo en reclamaciones corporativas.