- Para los tres entidades las reclamaciones más urgentes son: la creación de la Comisión Mixta de Calidad, que ayude a hacer un seguimiento a la reforma, y solucionar la falta de atención a los profesionales. Habrá una nueva reunión el próximo 29 de julio
Para los tres entidades las reclamaciones más urgentes son: la creación de la Comisión Mixta de Calidad, que ayude a hacer un seguimiento a la reforma, y solucionar la falta de atención a los profesionales. Habrá una nueva reunión el próximo 29 de julio
Los operadores jurídicos se unen para buscar mejoras en la reforma de los tribunales de instancia ante pasividad del Ministerio de Justicia. Si hace unos días los LAJS, a través de las Jornadas celebradas en Valencia por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, (CNLAJ)por un lado, y por otro organizaciones sindicales como son los casos de CSIF Justicia que en unas jornadas sobre Justicia plantearon al Ministerio un Plan de Choque que no se ha puesto en marcha, y CCOO que con un informe demoledor subraya e colapso de la jurisdicción social, con señalamientos a tres o cuatro años.
Este miércoles por la mañana Abogacia y Procura Institucional y el colectivo de Graduados Sociales han tomado la iniciativa y han mantenido una reunión e unas dos horas de duración con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo,acompañado en dicha reunión por Sofía Puente,secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y otros colaboradores en la sede del propio Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
En esa reunión, Los presidentes del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García, y del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán, han comentado al propio las preocupaciones de los profesionales de la justicia y los problemas detectados en la implantación de los Tribunales de Instancia de la Ley Orgánica 1/2025, seis meses después de su entrada en funcionamiento.
Los presidentes de los tres Consejos Generales consideran imprescindible la constitución inmediata de la Comisión Mixta de Calidad, prevista en la propia Ley, algo que ya denunciaron la mayor parte de operadores en otro reportaje nuestro, para hacer un seguimiento mas detallado de la reforma y cambio de modelo de nuestra justicia, como primer paso para evaluar el funcionamiento de la reforma.
Al mismo tiempo estos tres dirigentes González, Garcia y Merchán han reclamado una solución urgente a la falta de atención e interlocución que sufren a diario los profesionales de la abogacía en los órganos judiciales, en el ejercicio de su profesión.
De todos es sabido que ha habido cambios de ubicación en los juzgados de funcionarios; que se están produciendo dilaciones y que en algunos juzgados faltan profesionales, entre otras cuestiones que al final inciden en la tutela judicial del justiciable.
En su resumen de la reunión, Alberto Garciaseñalaba que “para la Procura, la constitución inmediata de la Comisión Mixta de Calidad es igualmente inaplazable. Es el mecanismo previsto por la Ley para evaluar el funcionamiento real de los Tribunales de Instancia, detectar incidencias y corregir las disfunciones que ya estamos observando en todo el territorio.
Al mismo tiempo comentaba que “los procuradores estamos comprometidos con una Justicia más ágil y eficiente, y seguiremos colaborando con el Ministerio y con el resto de operadores jurídicos para que la reforma cumpla los objetivos para los que fue diseñada. Pero es imprescindible actuar con urgencia ante los problemas que están afectando al día a día de miles de profesionales y, en consecuencia, a los ciudadanos”, ha señalado Alberto García Barrenechea.
Para Joaquin Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales, la situación de la justicia es preocupante y especialmente la jurisdicción social, donde estos profesionales son pieza clave en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores, asesorando a ambos colectivos, asi como también a pymes y autónomos.
En esa reunión, el Consejo General de Graduados Sociales ha trasladado un informe realizado a partir de las aportaciones de los Colegios de Graduados Sociales y Consejos Autonómicos, con especial atención a la jurisdicción social. Para Merchán “son necesarias reuniones periódicas para hacer un seguimiento a esta reforma de calado, la próxima será el 29 de julio. “Nos preocupan que ya existan señalamientos de juicios en los juzgados de lo social en temas de despidos o reclamaciones salariales para el 2029 o el 20230”.
Son necesarios cambios de calado
Por su parte, Salvador González incidía en que "la constitución inmediata de la Comisión de Calidad prevista en la ley, no puede demorarse más, porque es el instrumento previsto en la ley para detectar incidencias, medir resultados y adoptar soluciones”.El propio CGAE ha presentado un informe elaborado a partir de las aportaciones de los Consejos Autonómicos y de los Colegios de la Abogacía de todo el territorio nacional, que constatan mejoras, pero también importantes incidencias en la implantación del nuevo modelo organizativo.
Al mismo tiempo comentaba que “la Abogacía seguirá colaborando con todas las instituciones para que esta reforma alcance los objetivos para los que fue concebida, pero es imprescindible actuar ya sobre las numerosas y graves deficiencias que estamos constatando en todo el territorio", destacaba
En las conclusiones de ese informe se destaca la disparidad de criterios en la aplicación de los MASC que genera inseguridad jurídica; graves dificultades de comunicación con los órganos judiciales; y retrasos especialmente preocupantes en la ejecución de las resoluciones judiciales. Aunque el informe identifica algunas experiencias positivas en determinados territorios, el balance general evidencia que el nuevo modelo aún no dispone de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos perseguidos por la reforma.
Para González cualquier reforma de esta magnitud debe ir acompañada de medios suficientes, planificación, coordinación y una evaluación permanente. Nuestro compromiso es trasladar los problemas que están encontrando los profesionales de la abogacía para que puedan corregirse cuanto antes. Mejorar las condiciones en las que ejercen implica también garantizar una mejor tutela judicial para la ciudadanía.
Entre las propuestas planteadas por la Abogacía Institucional se insiste en la mejora de la organización interna y la unificación de criterios de estos órganos judiciales. En este sentido exige que cualquier futura reorganización vaya precedida de planes de formación del personal y se ordene conforme a criterios de especialización técnica, que se unifiquen los criterios y prácticas procesales para reducir la disparidad detectada y reforzar la seguridad jurídica, además de dotar de las anunciadas plazas judiciales y del resto de plantillas.
Por ello, la institución solicita un plan para reducir la dispersión de sedes y adaptar definitivamente las instalaciones a las características del nuevo modelo organizativo. Respecto a los tribunales de instancia se reclama monitorizar eficientemente el proceso para reducir cargas, cambiar protocolos de funcionamiento e implantar técnicas de gestión modernas.
En cuanto a la digitalización ,se recomienda que se dote a todos los territorios de sistemas estables e interoperables, garantizar que el expediente sea accesible para todas las partes en igualdad de condiciones, por todas las partes, y asegurar la operatividad real de las salas.
Respecto a los MASC, un método que ha causado gran diversidad de opiniones, desde el CGAE se insta a la revisión del requisito de procedibilidad de estos métodos para acreditar el intento de acuerdo, la aprobación de un módulo retributivo específico al letrado de oficio y garantizar el pago puntual de todas las actuaciones del turno, incluidas las derivadas de estos mecanismos, y evitar que los costes asociados al MASC recaigan sobre los beneficiarios de la justicia gratuita.
