“Obedézcase, pero no se cumpla” (¿Peramato vs Luzón?)

Jesús Villegas. Magistrado con destino en Valencia

Fiscales independientes, fiscalía politizada.

He aquí la frase que define la esquizofrénica tesitura del Ministerio Público español. Lo hemos comprobado en el celebérrimo caso de las “Mascarillas”, histórico juicio de delincuencia política que ha quedado recientemente visto para sentencia. El Fiscal encargado del caso, señor Luzón, ha ofrecido en su informe final una lección de oratoria clásica cuya contundencia y finura jurídicas pasarán a la posteridad. Ahora bien, diríase que está atrapado entre dos extremos, su conciencia y la obediencia jerárquica.

Y es que, según cuentan las crónicas forenses, había considerado la opción de solicitar una atenuante muy cualificada para uno de los acusados, Víctor de Aldama. Dicho sujeto confesó su pertenencia a la trama de corrupción que se estaba juzgando, por lo que sus revelaciones, en principio, resultarían decisivas para escarbar hasta el fondo la podredumbre institucional. Sin embargo, refieren las mismas fuentes, la mismísima Fiscal General del Estado, señora Peramato, se lo habría prohibido.

¿Cómo no acabar aplastado entre la Escila y Caribdis jurídicas?

Con elegancia. En su lapidario alegato final, el fiscal Luzón pidió eso mismo que su superior le reclamaba. Aun así, dejó caer, como de pasada, que también serían admisibles otras alternativas, entre ellas, la referida atenuante muy cualificada. La ley le permite ese doble juego, ya que, según el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, debe “atenerse a las órdenes e instrucciones” en sus dictámenes, si bien se le deja un cierto margen de maniobra, al estar autorizado a desenvolverse “libremente en sus intervenciones orales”. O sea, si y no al mismo tiempo.

Esa fórmula híbrida no es una ocurrencia del legislador actual, sino que exhibe antecedentes de rancio abolengo. Se trata de la máxima “obedézcase, pero no se cumpla” de la monarquía hispánica. Así, cuando los virreyes de nuestro imperio recibían un mandato procedente de la Península que, por cualquier motivo, no fuese aplicable a tierras americanas, orquestaban un extraño ritual: besaban el texto de la real cédula para, acto seguido, suspender su vigencia en espera de ulterior revisión. En derecho administrativo encontramos un instituto similar, el de la remontatio, o consulta a la superioridad antes de materializar una orden aparentemente ilegal. Análogamente, aunque el señor Luzón, en apariencia, acató el criterio de la generala, en la práctica es como si no lo hubiese hecho, porque ofreció razones rechazarlo.

Querido lector, ¿no te ruborizas ante trucos tan infantiles, que parecen sacados de un patio de colegio? El problema de fondo radica en que la estructura jerárquica de nuestro Ministerio Público es un anacronismo que nos remonta a la monarquía absoluta. Es más, hoy día, abre una gatera por la que se cuela la politización. A nadie se le escapa que la señora Peramato debe su cargo al Gobierno actual, temeroso de verse salpicado por el caso de las mascarillas. Por eso, a muchos les parece bien sospechoso que se le enmiende la plana al señor Luzón precisamente donde más conviene a los mandamases que desean mano dura con el arrepentido que amenaza con desmontar el chiringuito.

Por eso, pese a que nuestros señores fiscales constituyen un ejemplo de integridad e incluso valentía, están aherrojados dentro de una estructura medieval diseñada para someterlos a intereses espurios. Ya va siendo hora de que nuestra Fiscalía pase de ser una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria, aunque sea necesaria una revolución.