Esta mañana, Joan Antoni Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF); y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito telemáticamente un convenio de colaboración entre ambas instituciones. El decano del Colegio Notarial de Valencia, también estuvo presente en el acto de firma de este acuerdo
Con el fin de reforzar la lucha contra el fraude y la corrupción, el convenio permite a AVAF acceder a las bases de datos de titulares reales y personas con responsabilidad pública del CGN. El acceso telemático a estos archivos se realizará con los máximos estándares de seguridad y según la normativa de Protección de Datos. La información notarial permitirá dotar de mayor eficacia a los sistemas de comprobación y actuaciones inspectoras de la AVAF.
La AVAF, entidad autonómica independiente, tiene como objetivo prevenir y erradicar el fraude de las instituciones públicas valencianas impulsando la integridad y la ética y fomentando una cultura de buenas prácticas y de rechazo a la corrupción. Entre las funciones concretas de la Agencia destacan: investigar casos de uso irregular de fondos públicos; alertar de conductas del personal público que comporten el abuso de información en beneficio privado; investigar e incoar procedimientos constitutivos de infracción o prevenir conflictos de intereses.
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Este convenio se complementa territorialmente con otro similar suscrito por el CGN con la Generalitat Valenciana el pasado mayo, que dotaba a la Inspección General de Servicios de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública de acceso a las bases notariales para la investigación de irregularidades cometidas por personas o empresas relacionadas con el sector público.
Bases de datos del Notariado
El CGN creó en 2005 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP). Sus técnicos desarrollan su trabajo analizando datos del Índice Único Informatizado Notarial, que contiene información procedente de las escrituras autorizadas ante los casi 3.000 notarios españoles. De este Índice se derivan a su vez, otros dos archivos: la Base de Datos de Titular Real (BDTR) y la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública (BDRP).
La BDTR, en funcionamiento desde 2012, es única en el mundo y permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad mercantil. En esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de 2.094.000 sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos. Desde su creación, jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley (entidades financieras, auditoras, aseguradoras…) han solicitado al OCP más de 3.500.000 informaciones sobre los titulares reales. Además, se han firmado 51 acuerdos con sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales (desde bancos hasta inmobiliarias) que solicitan información de esta base para cumplir con su deber de conocer quién es el titular real de una sociedad.
El OCP también ha creado la BDRP, en la que están identificadas 39.437 personas físicas: 22.467 personas con responsabilidad pública por elección o por designación; 16.970 personas allegadas; 2.088 por ser titulares reales de una sociedad en la que también participa una persona con responsabilidad pública y 14.882 con relaciones empresariales estrechas con una persona con responsabilidad pública.
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