Crisis en Oriente Medio: el servicio público de justicia también debe adoptar medidas de movilidad sostenible y teletrabajo

Juan José Yáñez Pena

Portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia

El pasado sábado 21 de marzo, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto Ley 7/2026, de 20 de marzo, que tiene por objeto aprobar un plan integral para paliar las consecuencias económicas que produce la actual guerra de Irán, que ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados el 26 de marzo.

El referido plan recoge un importante elenco de medidas ciertamente necesarias dados los efectos de un conflicto que ha bloqueado la salida al mar a través del golfo Pérsico de los principales países productores de petróleo, tales como Emiratos Árabes, Catar, Baréin, Kuwait, Arabia Saudí e Irak, ruta por la que se estima que transita el 20% del total del gas y petróleo mundial.

La aprobación aparente de un alto el fuego precario no garantiza la solución duradera del problema. Además del gravísimo balance humanitario, que nunca se debe de olvidar, el profundo impacto en el mercado energético va a suponer una disminución importante de las fuentes energéticas disponibles y el encarecimiento de los combustibles.

Por todo ello, una de las importantes medidas del Plan consiste en adelantar los planes de movilidad sostenible al trabajo de empresas y entidades pertenecientes al sector público, de tal forma que todo centro de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno lo tengan antes del 5/12/2026.

 Tales planes deben incluir soluciones de movilidad sostenible que contemplen, por ejemplo, el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa, soluciones para facilitar el uso y recarga de vehículos cero emisiones y el teletrabajo en los casos en los que sea posible. Medidas que deben de tener en cuenta no solo a las personas trabajadoras del centro sino también a los visitantes.

Las administraciones públicas y, muy especialmente, la de justicia, no pueden mantenerse al margen de esta situación de crisis actual, derivada del conflicto bélico, pero tampoco de la más a largo plazo crisis climática, y debe de fomentar medidas que eviten desplazamientos innecesarios. Una de las medidas más sencillas de adoptar es la del teletrabajo.

La actual organización del servicio público de justicia en grandes servicios comunes dotados de numerosos letrados y letradas de la administración de justicia (LAJ) y de funcionarios y funcionarias  que trabajan en equipos permite regular sin mayores dificultades turnos y rotaciones de tal forma que siempre haya personal presencial suficiente para atender a los ciudadanos o incidencias que exijan presencialidad, si las hay. Igualmente, el nuevo modelo organizativo ya ha supuesto que en numerosos casos Jueces, LAJ y funcionarios no se encuentren en proximidad física, ni siquiera en la misma sede, privilegiándose la minuta electrónica y medios similares de comunicación entre unos y otros.

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y las Comunidades Autónomas han realizado una gran inversión en medios tecnológicos para ello. Resolver consultas, minutar escritos o firmar resoluciones ya se hace actualmente a distancia entre los diferentes miembros de los equipos, nada cambia que se haga desde una sede judicial o desde un domicilio particular. Todo ello supone que estamos mucho más preparados en la actualidad para teletrabajar que durante la pandemia del COVID, cuando estaba permitida esa modalidad de trabajo.

El servicio público de justicia no debe vivir ajeno a las circunstancias en las que nuestro mundo se encuentra. Nos corresponde también a nosotros realizar un esfuerzo para evitar traslados y viajes innecesarios, que suponen una carga innecesaria en el suministro de energía que nuestro país no puede permitirse en estas circunstancias, además de un coste social para las personas trabajadoras del servicio público.