Más de 800.000 interinos en España continúan en situación de abuso de temporalidad dentro de las Administraciones Públicas. Ante este escenario, la plataforma Interin@s en Acción, con sede en Valencia, presentó en el Congreso de los Diputados cinco propuestas jurídicas destinadas a ofrecer una solución definitiva y ajustada a la Directiva 1999/70/CE. La jornada incluyó una intensa agenda de reuniones con todos los grupos parlamentarios.
La plataforma, que inició su movilización en 2018, ha mantenido durante años un trabajo constante para lograr la estabilidad laboral del personal interino, laboral y en mejora de empleo, tanto en activo como cesado. En 2020 ya registró propuestas en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, y en 2021 impulsó la vía del concurso de méritos restringido, respaldada por un dictamen de catedráticos de Derecho del Trabajo.
Según Interin@s en Acción, en su propia administración se ha logrado estabilizar al 95% del personal afectado, aunque reconocen que aún queda un volumen significativo de trabajadores en abuso de temporalidad en el conjunto del país.
Reuniones con todos los grupos parlamentarios
Tras elaborar nuevas propuestas en enero de 2026, la plataforma coordinó su presentación con representantes de Murcia, Baleares, Cataluña y Valencia, así como con el catedrático de Derecho Constitucional Gerardo Pérez. El 17 de febrero mantuvieron reuniones con PSOE, PP, ERC, Junts, Sumar, Vox, Podemos y PNV. Coalición Canaria recibió la documentación para su estudio y Compromís mostró apoyo, aunque no pudo reunirse presencialmente.
La plataforma también intentó solicitar audiencia a los Reyes de España, presentes ese mismo día en el Congreso.
Las cinco propuestas presentadas
Las propuestas buscan garantizar que ninguna persona en abuso de temporalidad, en activo o cesada, quede fuera de la solución, y se articulan en torno a diferentes vías jurídicas:
1. Real Decreto‑ley con adjudicación directa de plaza
Para quienes hayan superado procesos selectivos sin obtener plaza, se propone la adjudicación directa como funcionario de carrera, estatutario fijo o laboral fijo. Para el resto del personal en abuso, se habilitaría el artículo 61.6 del TREBEP mediante concurso de méritos, con creación de la figura de personal fijo a extinguir.
2. Real Decreto‑ley con concurso restringido
Similar a la primera, pero aplicando un concurso de méritos restringido para el resto del personal en abuso, manteniendo igualmente la figura de fijo a extinguir.
3. Concurso para más de cinco años y concurso‑oposición para entre tres y cinco
Se propone un concurso de méritos para quienes acumulen más de cinco años en abuso, y un concurso‑oposición para quienes tengan entre tres y cinco años sin haber superado procesos previos. También contempla la figura de fijo a extinguir.
4. Creación de la figura de “empleado público fijo a extinguir”
Se plantea modificar el TREBEP para incorporar esta figura como vía de fijeza directa para el personal en abuso.
5. Fijeza automática
Propone la adquisición automática de la condición de funcionario de carrera, estatutario fijo o laboral fijo para todo el personal en abuso de temporalidad.
Ámbito de aplicación y criterios
Las propuestas incluyen al personal con más de tres años ininterrumpidos —o con concatenación de contratos— en la misma administración, así como al personal cesado desde 2015 que cumpla los criterios de temporalidad y haya recurrido su cese. También contemplan la creación de plazas necesarias, la clonación de puestos ocupados y la ampliación de cupos de discapacidad.
Los concursos valorarían exclusivamente los servicios prestados en la misma plaza y categoría, otorgando la máxima puntuación a quienes superen los tres años de antigüedad.
Recepción política y próximos pasos
Según Interin@s en Acción, la acogida por parte de los grupos parlamentarios fue “muy positiva”, destacando el trabajo jurídico aportado y la utilidad de las propuestas como marco previo a la esperada sentencia Obadal, que podría marcar el rumbo definitivo de la estabilización.
Varios grupos trasladaron su intención de estudiar la propuesta más viable para incorporarla a la nueva Ley de Función Pública, actualmente en fase de enmiendas.
La plataforma ha reiterado su disposición a seguir colaborando con todos los grupos y ha puesto a disposición de los diputados al catedrático Gerardo Pérez, que avala jurídicamente las propuestas.