Ministra de vivienda ha pedido ayuda sorprendentemente a inversores y promotores para resolver problema vivienda tras sus reuniones en Bruselas (Canal 24h)
- Los expertos coinciden en la necesidad de un cambio en la política de vivienda y se reduzcan los impuestos para que los promotores edifiquen
En las redes sociales de estos dos últimos días, las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez en Bruselas se han convertido en virales. En esa intervención que ha generado tantas reacciones indicaba que “Hago un llamamiento a los inversores, a los promotores sociales de vivienda, para construir vivienda asequible".
Ha afeado que la intención detrás de estas transacciones económicas sea la de especular y ganar grandes rendimientos con ellos. "El uso prioritario es la vivienda residencial y este debería ser el compromiso de todas las administraciones públicas", ha agregado.
Y es que la UE aborda este lunes una conversación sobre la crisis de la vivienda en la UE con las medidas para atajar los altos precios. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido a Bruselas que disponga medidas para combatir la especulación en los alojamientos de corta duración.
El mensaje se alinea con la última petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la última Cumbre de líderes de la UE de octubre, que pedía más vivienda protegida y fondos europeos para hacer frente a esta crisis.
"Es importante que la Unión siga dando herramientas para combatir ese fraude que estamos viviendo en los alojamientos de corta duración, fundamentalmente en España. Los conocidos como alojamientos temporales", ha indicado, la titular española de Vivienda, para matizar que es un problema global.
Rodriguez estuvo recientemente en el Congreso de Asufin para hablar de las estrategias públicas para hacer más accesible el mercado de vivienda. Una comparecencia entrevista realizada por Patricia Suárez, presidenta de esta entidad, donde no se habló de ocupación ni del RD 11/2020 de prórroga de congelación de desahucios, ahora negociándose de nuevo
Sin embargo, las reacciones a los comentarios de la ministra Rodriguez en Bruselas han sido múltiples. Hace ya algo más de un mes, Sumar, aliado del PSOE en el Gobierno, pidió su dimisión. En la mayor parte de esos comentarios en redes sociales, le recuerdan que el Gobierno puede hacer algo más que pedir ayuda porque es su legislación de los últimos siete años la que está hundiendo el mercado de la vivienda en nuestro país.
Isabel Rodriguez, ministra de vivienda ha estado en Bruselas en reunión ministerial con otros ministros europeos. (Consejo Europeo)
Hay que reducir la burocracia
Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, con la que mantuvimos una entrevista a fondo sobre el problema del acceso a la vivienda, resalta que “los promotores inmobiliarios encuentran muchos obstáculos para construir vivienda asequible. No basta un simple llamamiento de una ministra, sino que es preciso que se introduzcan cambios regulatorios relevantes que permitan ampliar el suelo finalista, reducir la burocracia administrativa para obtener licencias, entre otras medidas”.
“Pero no hay que olvidar que es el Estado uno de los responsables del aumento del coste de la vivienda es el propio Estado. Del 22 al 30% del precio de la vivienda son impuestos. El Gobierno no puede pretender que el sector privado haga un trabajo que le corresponde al sector público. Deben establecerse ayudas fiscales a constructores y propietarios que oferten vivienda asequible. Pero lo más importante, es favorecer la seguridad jurídica”, comenta
Esta jurista recuerda que “ cada medida que aprueba este Gobierno reduce la oferta de vivienda y eso aumenta el precio. En suma, se necesitan ayudas públicas si se quiere que el sector privado genere vivienda asequible porque los costes de construcción (materiales y mano de obra) son cada vez más caros”
Para Cuena “la realidad es que la vivienda asequible tiene márgenes bajos, lo que hace que bancos y fondos lo consideren un producto poco atractivo. En suma, no es que no se quiera construir vivienda asequible, es que el entorno jurídico y económico no lo permite y eso no es responsabilidad de los promotores, sino del Estado”.
La Administración debe hacer su trabajo
Por su parte, la abogada Arantxa Goenaga, socia de AF Legis, comentaba que “nuevamente nos encontramos con un intento de los políticos de trasladar su responsabilidad, la de la Administracion, en materia de vivienda. Como nos vienen acostumbrando desde hace unos años no abordan la cuestión desde un punto de vista lógico, sino que para seguir sus criterios políticos pretenden adaptar la normativa y la realidad social”.
En su opinión, “quien debe construir vivienda social y vivienda asequible es la Administracion porque para eso tienen que garantizar una vivienda digna, mandato que proviene de la Constitución, y como decimos esta garantía y este derecho de los ciudadanos no lo pueden convertir en la obligación de promotores, en este caso, o de la ciudadanía en general”.
A su juicio “deben dejar de mirarse y darse cuenta que con sus polémicas, comentarios y propuestas lo único que hacen es convulsionar más el mercado y que el efecto es justamente el contrario, los que menos acceso tienen a la vivienda se encuentran que cada vez es más complicado y que se les piden unas garantías que no pueden cumplir. Deben ver la realidad, hablar con los operadores inmobiliarios y diseñar una verdadera política de vivienda que garantice a todos esa vivienda digna.”
Hace unos días esta jurista señalaba que la propuesta del presidente Salvador Illa de estudiar la prohibición de la compra “especulativa” de vivienda en Cataluña ha abierto un intenso debate jurídico carece de base legal y supondría una grave vulneración de los derechos de propiedad y libertad de empresa reconocidos por la Constitución.
“Comprar un inmueble con intención de obtener un beneficio económico es una práctica legítima y totalmente amparada por la ley”, sostiene Goenaga. “Penalizar una operación por su finalidad económica sería una intervención arbitraria e ideológica del mercado.”
La jurista recuerda que la especulación inmobiliaria no está tipificada ni prohibida en el ordenamiento jurídico español y que cualquier limitación a la compraventa requeriría una reforma legislativa autonómica compatible con la normativa estatal y europea.
Las políticas de vivienda del Gobierno de Sánchez han generado manifestaciones como esta de la PAH (ljSANCHEZ FOTO)
Falta seguridad jurídica
Vicente Pérez Daudi, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona, aclara que pese al llamamiento que hace la ministra de Vivienda, este es un tema compartido de responsabilidad “es evidente que falta vivienda social en España, es un hecho incontestable. La inversión en vivienda social en nuestro país es mínima. Este tipo de vivienda es la que se dedica a alquiler social por parte de los promotores, pero no son las antiguas VPO. Debe agilizarse el mercado y eliminar la burocracia que existe tanto en la construcción reduciendo su fiscalidad como en la recuperación de la vivienda en caso de impago”.
En su opinión “junto con esa necesidad de vivienda social o asequible que reclama la ministra Rodríguez, a estos promotores y propietarios hay que dales seguridad jurídica para que sepan en caso de construirlas y ponerlas en alquiler, se podría reclamar rápidamente las rentas impagadas o desalojar de un forma eficaz los arrendatarios que no paguen la renta, incluso resolver el contrato de forma más rápida. No se puede trasladar una carga al propietario que es del Estado en cuanto a la protección de vulnerables”.
Al final con esa seguridad jurídica que reclama ese experto se trata de “no tener ocupantes con título de arrendamiento, sin que paguen la renta y se haga cargo el propio arrendador, Creo que lo que hace falta es combinar una serie de medidas, como la construcción de esas viviendas sociales y otras medidas urbanísticas que no se están implementando. En Barcelona falta suelo para edificar, se han construido pocas viviendas sociales. Desde su punto de vista falta seguridad jurídica para los propietarios en el mercado libre”.
Hay que recordar que hace varios meses el Instituto de Estudios Económicos (IEE) presentaba un exhaustivo informe titulado: “El problema de la ocupación ilegal en España. Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) 2024”, elaborado en colaboración con la Property Rights Alliance.
El análisis cuenta con la participación de expertos como son los mencionados en este reportaje Matilde Cuena, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, y Vicente Pérez Daudí, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Como explica el IEE, los datos de este informe muestran “la ausencia de medidas para mejorar la protección de los derechos de propiedad”.
