Una condición casual difícil de cumplir con el share en La familia de la tele
En un panorama mediático donde la televisión pública enfrenta el desafío de reinventarse para captar audiencias frente a una competencia feroz, La familia de la tele emerge como un experimento audaz pero plagado de obstáculos. Este living show, concebido para trasladar el éxito de Sálvame al ámbito de RTVE, se ha topado con una crisis de audiencia que amenaza su continuidad, al tiempo que expone tensiones jurídicas, éticas y operativas derivadas de su contrato con La Osa Producciones. Lo anterior me sugiere que este caso no solo refleja las dificultades de la televisión lineal para adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo, sino también las complejidades de alinear intereses comerciales con los principios de servicio público, un equilibrio que pone a prueba la capacidad de RTVE para innovar sin comprometer su misión.
Entiendo que la génesis de La familia de la tele responde a una conjunción de factores externos e internos que moldearon su concepción, un proyecto ambicioso que buscaba romper el maleficio de un inicio accidentado, marcado por la muerte del papa Francisco y un apagón histórico en España, eventos que retrasaron su estreno del 21 de abril al 5 de mayo, configurando un presagio de las dificultades que el programa enfrentaría. Inspirado en el legado de Sálvame, este living show de RTVE, producido por La Osa Producciones, se propuso conquistar las tardes de la televisión pública con un elenco que incluía a Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Marta Riesco, Chelo García Cortés, Inés Hernand y Aitor Albizua, capitalizando la experiencia de un equipo que había dominado la televisión privada durante más de una década. No obstante, este experimento no solo refleja los desafíos de la televisión lineal para adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo, sino también las complejidades jurídicas, éticas y operativas derivadas de su contrato, un documento de 29 páginas con cuatro anexos que estipula la producción de 57 capítulos —reducidos desde los 65 originales debido a los retrasos— con una duración aproximada de 240 minutos en RTVE Play y 180 minutos en televisión lineal.
El contrato, al que tuvo acceso El Mundo, incluye una cláusula de confidencialidad que, según RTVE, responde a la naturaleza “delicada” del contenido y los acuerdos asociados, extendiéndose hasta un año tras la finalización del contrato, una práctica habitual que, no obstante, plantea interrogantes sobre la transparencia en una entidad pública obligada a rendir cuentas ante el Portal de Transparencia. Ello me obliga a deducir que esta opacidad podría ser una estrategia para proteger intereses comerciales, pero también un punto de fricción en un contexto donde la ciudadanía exige claridad en la gestión de los recursos públicos.
Entre las disposiciones contractuales, destaca la cláusula del share de corte, que establece un umbral mínimo de audiencia del 8% para la continuidad del programa, una cifra sorprendentemente baja en comparación con el promedio de La 1 en abril (10,6%), lo que refleja una mezcla de pragmatismo y optimismo por parte de RTVE, consciente de los riesgos de un formato polarizante. Sin embargo, el programa no ha logrado superar consistentemente este share, con un promedio de 6,5% y un único día de 9,9% en su primer tramo gracias a una rueda de prensa de Melody, lo que pone en evidencia la fragilidad de esta estrategia.
Desde una perspectiva jurídica, la cláusula del share de corte es un mecanismo estándar diseñado para proteger a la cadena frente a un desempeño deficiente, especificando que, a partir del décimo capítulo, si durante diez emisiones consecutivas el programa no alcanza el 8%, RTVE puede alterar unilateralmente las condiciones de emisión o incluso suspender o cancelar la producción. Considero que esta disposición, aunque común, plantea un dilema ético y operativo, pues la decisión de priorizar La familia de la tele —con un desfile de bienvenida y ajustes constantes en la programación— sugiere un compromiso institucional que trasciende lo económico, afectando a programas consolidados como Valle Salvaje y La Promesa, que han perdido más de media hora en sus horarios habituales. Esta flexibilidad contractual protege a RTVE, pero expone a La Osa Producciones a una incertidumbre considerable, especialmente cuando los cambios de horario y contenido no han generado resultados tangibles, lo que podría interpretarse como una limitación a la autonomía creativa de la productora.
Un aspecto particularmente espinoso del contrato es la declaración de La Osa Producciones de que no existe conflicto de interés, conforme al Código Ético de RTVE, a pesar de que Sergio Calderón, director general de RTVE y exdirectivo de Fabricantes Studio —entidad predecesora de La Osa—, presidió el Comité de Compras que aprobó el programa sin inhibirse en la votación inicial. Aunque posteriormente se abstuvo en decisiones relacionadas, su participación plantea interrogantes sobre la imparcialidad, dado que el Código Ético exige evitar cualquier situación que pueda generar un conflicto de interés.
Asumo que esta situación refleja una debilidad en los mecanismos de gobernanza de RTVE, que permitió a un directivo con vínculos previos influir en una decisión de tal magnitud, sentando un precedente que podría erosionar la confianza en la corporación. Además, la transformación de Fabricantes Studio en La Osa Producciones, constituida el 23 de diciembre de 2023, parece una maniobra para desvincularse de la controversia de la Operación Deluxe, un caso de espionaje que implicó a excolaboradores de Sálvame, lo que sugiere que RTVE buscó mitigar riesgos reputacionales, aunque la reestructuración no elimina las sospechas de una relación compleja con la productora.
El contrato también otorga a RTVE un amplio control sobre los contenidos, permitiéndole exigir modificaciones para alinearlos con su planteamiento general, una disposición que explica las quejas de colaboradores como Belén Esteban, quien expresó su descontento con la dirección creativa. La intervención de RTVE, aunque contractualmente justificada, ha generado fricciones con La Osa, que esperaba mayor autonomía para replicar el éxito de Sálvame. Considero que esta dinámica pone de manifiesto una tensión entre la libertad creativa y las obligaciones de servicio público, pues RTVE debe garantizar que sus contenidos sean coherentes con su misión de informar, educar y entretener, lo que choca con el estilo sensacionalista de Sálvame.
Los intentos de diversificar el programa, dividiéndolo en dos tramos —uno liderado por María Patiño con un enfoque emocional y otro por Inés Hernand y Aitor Albizua con un enfoque en la actualidad—, no han logrado remontar las audiencias, lo que sugiere que la intervención de RTVE no ha resuelto los problemas estructurales del programa. Desde un punto de vista jurídico, esta cláusula es un mecanismo de protección legítimo, pero su aplicación podría tener implicaciones legales si La Osa considerara que las modificaciones han comprometido el éxito del programa, aunque la asimetría en el poder de decisión favorece claramente a RTVE.
La incapacidad de La familia de la tele para alcanzar el share de corte ha generado críticas internas y externas, con colectivos de RTVE y sectores de la audiencia expresando su rechazo a un programa que no encaja con los valores de la televisión pública. Lo anterior me sugiere que la crisis trasciende las audiencias y refleja una desconexión con los espectadores, acostumbrados a formatos más tradicionales en La 1, lo que pone a RTVE en una posición delicada donde mantener el programa podría interpretarse como obstinación institucional.
Desde un punto de vista jurídico, la flexibilidad de RTVE para alterar la programación está respaldada por el contrato, pero debe equilibrarse con la obligación de maximizar el interés público, un principio fundamental que podría exponer a la corporación a críticas legales y éticas si persiste en priorizar un proyecto con resultados cuestionables. La experiencia de La familia de la tele ilustra las complejidades de trasladar un formato privado al ámbito público, donde las expectativas de audiencia, las obligaciones éticas y las restricciones jurídicas convergen en un delicado equilibrio, invitándonos a reflexionar sobre el futuro de la televisión pública en un mundo donde la competencia por la atención es feroz y las decisiones estratégicas deben equilibrar la innovación con la responsabilidad.