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La vorágine normativa de los últimos años ha ido incrementando de forma notable las obligaciones legales que recaen sobre las empresas, incluidas aquellas con menos de 50 personas trabajadoras. Aunque muchas de estas obligaciones se asocian habitualmente a empresas de mayor dimensión, lo cierto es que un número relevante de ellas también resulta de aplicación a las pequeñas y medianas empresas. 

La empresa familiar está sometida a las mismas obligaciones formativas que cualquier otra empresa. Y en determinados ámbitos -igualdad, prevención, acoso, protección de datos- la ausencia de formación puede convertirse en un riesgo jurídico y reputacional significativo. 

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