- La figura del funcionario a extinguir se perfila como solución para estabilizar a este colectivo y trasponer la Directiva 1999/70
Se viven días claves para resolver el problema de la falta de trasposición de la directiva 1999/70 y de los miles de interinos en el sector publico en fraude de ley. De un lado las negociaciones en el Congreso de los Diputados entre los partidos políticos y los representantes del colectivo de interinos para buscar una formula que estabilice a esos profesionales. Como ya anticipaba este medio recientemente la solución pasaría por incorporar en la tramitación de la Ley de Función Publica, la figura del funcionario a extinguir.
En plena negociación, el colectivo de interinos en fraude de ley, a través de sus plataformas y organizaciones sindicales volvió a manifestarse en Madrid este martes frene al Congreso. Profesionales procedentes de toda España pedían su estabilización tras años encadenando contratos temporales, otros su readmisión tras ser cesados de forma injusta.
A ultima hora de la tarde, según fuentes de los representantes de los interinos, Podemos indicaba que no apoyaría la Ley de Función Pública sino se hacia fijos a los interinos en fraude de ley. La diputada Ione Belarra confirmaba ese extremo en su cuenta de X. Vuelco a las negociaciones en vísperas al informe del Abogado General de la UE, Rimvydas Norkus, que emitirá sobre la cuestión prejudicial que planteó el Supremo sobre la sentencia del TJUE de febrero del 2022.
Entre los asistentes a la concentración escoltada con un aparato policial importante, se encuentra Javier Araúz de Robles, abogado del colectivo, con sentencias ganadas en el TJUE, quien confía en que la figura del funcionario a extinguir sea una realidad, como estabilización automática.
También explica a este periodista que todo parece indicar que “la Comisión Europea va a sancionar a España por no aplicar la directiva 1999/70. Parece que la sanción será importante, tendrá dos componentes, una multa alzada y otra coercitiva por cada dia que se retrasen en trasponer la directiva. Será a final de ese año y marcará un antes y un después en esta reivindicación”.
Sobre el Abogado General y su informe, cree que está en un callejón sin salida. La solución como dijo el TJUE en sus sentencias es la transformación en fijos. Hay que darse cuenta que sanidad, educación y justicia, las claves de un país, si los cesamos estos servicios públicos no se darán con garantías. Han pasado cuatro años desde la ley 20/2021 y seguimos con un 34,5% de temporalidad”.
En su opinión, el Gobierno español “está incumpliendo el Plan de Resiliencia, ya se retuvieron fondos comunitarios por ello, hace unos meses. Además tenemos que indemnizar a los interinos, pero con una indemnización disuasoria y proporcional, no vale la de 20 días. Al mismo tiempo hay que indemnizar a los funcionarios interinos que no superaron los procesos selectivos, el TJUE dice que los procesos selectivos no es una sanción. El sector público vive un caos; desde el punto de vista moral y ético es inasumible echar a la calle a personas que llevan 30 años en el sector público sin abonarles nada”.
Negociando contra reloj
Por su parte, Maite Agredano, portavoz de la Unión Sindical contra la Temporalidad del Empleo Público, la plataforma que agrupa a 22 organizaciones y sindicatos de toda España. cree que las enmiendas presentadas por sindicato Cobas y Solidaridad , registradas por los grupos parlamentarios de Podemos y Junts, han cogido fuerza. Sin embargo, ahora se debate una enmienda transaccional planteada por el PSOE a dichas enmiendas. No obstante, todos los grupos son conscientes que hay que dar una solución, el Abogado General se pronuncia en un par de días y todo apunta a que Europa le dará un varapalo al Supremo español”.
En estas negociaciones destaca que “aquí se valoran en España varias opciones, la del funcionario a extinguir es una de ellas, al modificar la Ley de Función Pública. Otra seria aumentar el nivel de indemnización, pero eso supondría una ruina para las arcas públicas. Lo que llama la atención es el cambio de talante del PSOE, ahora quiere negociar y acabar con este problema. Hay que saber si será una solución definitiva o dejará flecos, como surgió con la ya extinta ley 20/2021 creada para acabar con la temporalidad y que no ha servido para nada”.
Desde su punto de vista,” la ley 20/021 no era buena, pero bien aplicada podría haber estabilizado a una gran parte de la plantilla. La historia es que en los ayuntamientos se ha aplicado bien y se ha estabilizado a bastantes profesionales, el problema ha estado en las CCAA que la ha aplicado mal, o no la han aplicado como el caso de la Comunidad d Madrid, con mucha gente fuera sin indemnización que reconoce la ley 20/2021”.
En estas negociaciones, confiesa que el momento es complicado tras el órdago planteado por Podemos esta tarde al PSOE con la Ley de Función Pública. “Lo ideal sería consensuar la figura del funcionario a extinguir y acabar con la temporalidad. Además, lo que queremos es que se tomen medidas para que no se vuelva a repetir el abuso de la contratación temporal por pare de las administraciones y buscar una solución para el personal cesado que ha estado abusado en la administracion”.
Preocupación sindical
Entre los sindicatos, que han acudido a esta concentración en Madrid, Pilar Remirez es miembro del Secretariado del sindicato STEPA en Aragón, cree que el pronunciamiento del Abogado General será clave. “Tiene que resolver las cuestiones planteadas por el Supremo, si era suficiente una indemnización tasada de 20 días por año trabajado que entendemos que dirá que no, debe ser proporcional al abuso cometido y por otro lado plantea si la fijeza es una medida adecuada a la efusividad. El problema son los tribunales españoles que no quieren aplicar el derecho comunitario”.
En el caso de Aragón los dos últimos gobiernos han cesado interinos sobre todo de larga duración. En muchos casos les cesan y vuelven a trabajar. Se busca acabar con la temporalidad despidiendo gente. Si no se demanda ese despido el interino perderá todos sus derechos. “El problema latente es que de aquí a cinco años se va a jubilar el 30 o 40 por ciento de la plantilla. Habrá problemas para contratar gente que quiera trabajar en la administracion”.
Por su parte, Fernando Casamayor es presidente del Sindicato DJusticia, otra entidad asistente, “nuestra situación como interinos es caótica porque no quieren respetar la decisiones del TJUE. Los políticos no quieren resolver porque los sindicatos mayoritarios no se lo permiten. En la actualidad el porcentaje de interinos puede rondar el 38 por ciento “el problema con la nueva LOE se va a reducir plantilla y cada vez habrá menos experiencia. Se pretende acabar con los trabajadores temporales”.
Desde su punto de vista, “la solución pasa por incluir esa figura del funcionario a extinguir en la Ley de Función Pública. Las enmiendas de Podemos y Junts van por ese camino. Es una solución que no va a costar dinero. En cuanto a las indemnizaciones el dia que Europa se manifieste serán no topadas y posiblemente mas de 45 dias sin tope. El Abogado General debe seguir lo que dice el TJUE para que asi la figura del funcionario a extinguir sea una realidad”.
