El Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida (CGSBGLL) ha organizado un acto de divulgación técnica para analizar las nuevas obligaciones de información laboral del Real decreto 723/2026, de 9 de septiembre, que entrará en vigor el próximo 5 de octubre de 2026. La jornada ha contado con la intervención de Jorge Pérez, delegado en Cataluña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Noemí Cardellach, vicedecana del CGSBGLL, y Manuel Brenes, vicedecano del CGSBGLL.
Pérez ha remarcado que las nuevas obligaciones de información no afectarán únicamente a las nuevas contrataciones, sino también a las relaciones laborales que ya estén vigentes en el momento de la entrada en vigor del Real decreto. En estos casos, las empresas deberán facilitar la información prevista por la nueva normativa a las personas trabajadoras que lo soliciten, en un plazo de treinta días hábiles a partir de la recepción de la solicitud.
En cuanto al ámbito de aplicación del nuevo RD 723/2026, este afecta a todas las empresas y personas trabajadoras recogidas en el artículo 1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET).
Manuel Brenes ha explicado que “para los graduados y graduadas sociales supone revisar y adaptar los procedimientos de contratación, incorporando información más detallada sobre la jornada, el salario, las funciones, el convenio colectivo y otras condiciones de trabajo. En la práctica, esto reforzará nuestra labor de asesoramiento preventivo y de control documental para garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones”.
Una de las principales novedades del Real decreto es que las empresas deberán informar a las personas trabajadoras sobre la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados que intervengan en la toma de decisiones sobre sus condiciones de trabajo. Esta obligación incluye informar sobre las pautas, los criterios y las reglas de funcionamiento de estos sistemas cuando se utilicen para determinar o modificar aspectos como la jornada, la asignación de tareas, los salarios, la progresión profesional, el puesto de trabajo o incluso la extinción del contrato. La nueva regulación incorpora así más transparencia sobre el uso de la inteligencia artificial y otros sistemas automatizados en el ámbito laboral.
Por otro lado, Jorge Pérez también ha comentado que las empresas deberán facilitar a las personas trabajadoras información más completa y detallada sobre sus condiciones laborales, tanto al inicio de la relación laboral como cuando se produzcan cambios relevantes. Entre otros aspectos, deberán informar sobre la fecha y duración de la relación laboral, las funciones y el grupo profesional, el salario y sus complementos, la jornada y su distribución, las horas extraordinarias, las vacaciones, los periodos de prueba, la formación y los procedimientos para modificar determinadas condiciones de trabajo. En los contratos temporales, además, deberán identificar de manera precisa la causa que justifica la contratación y su conexión con la duración prevista. La nueva regulación amplía también la información que las empresas deberán proporcionar sobre otros aspectos de la relación laboral, como el convenio colectivo aplicable, los procedimientos de extinción del contrato, la cobertura de Seguridad Social o los planes de igualdad y medidas de conciliación.
Noemí Cardellach ha expuesto que “con este nuevo RD 723/2026 habrá un aumento de las denuncias ante la Inspección de Trabajo, hecho que contribuirá a incrementar el colapso que ya sufren los tribunales de instancia de la sección Social. Los graduados y las graduadas sociales que nos dedicamos a la parte procesal nos estamos encontrando con que los juzgados nos dan citaciones para el año 2030”.
Finalmente, Pérez ha recordado que “la Directiva (UE) 2019/1152 es un pilar estratégico y quiere que todas las personas trabajadoras tengan igualdad de oportunidades, condiciones justas de trabajo y protecciones sociales eficaces. El RD 723/2026 se tenía que hacer en 2022, junto con el resto de los países que forman parte de la Unión Europea”. El ponente también ha destacado que el incumplimiento de los plazos de transposición ha llevado a la Comisión Europea a interponer un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el marco de este procedimiento, la Comisión solicita una suma a tanto alzado de un mínimo de 7,54 millones de euros y, en caso de que el incumplimiento persista hasta la sentencia, una multa coercitiva de 266.772 euros diarios hasta que España cumpla con sus obligaciones.