JUC


La muerte de un futbolista tras una jugada durante un partido ha reabierto el debate sobre dónde termina el riesgo inherente al deporte y dónde comienza la responsabilidad penal. Esta cuestión es analizada por el despacho Fukuro Legal en un artículo firmado por Jorge Agüero Lafora, socio director de la firma, en el que se examinan las posibles consecuencias jurídicas derivadas del fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel tras un choque con el portero del FC Andorra, Jesús Owono.

Según expone Jorge Agüero Lafora, la clave del caso no radica en la gravedad del resultado, sino en determinar si la acción formaba parte del desarrollo normal del juego o si excedió los límites aceptables de la competición deportiva. Como recuerda el artículo, el Tribunal Supremo ha establecido que la frontera entre una infracción deportiva y un delito depende fundamentalmente de la intención del jugador y de las circunstancias concretas de la acción.

El análisis de Fukuro Legal parte de un principio ampliamente reconocido en la jurisprudencia: el denominado “riesgo permitido”. En palabras del despacho, “cada jugador acepta ese riesgo al competir: es lo que los jueces llaman ‘riesgo permitido’”, una doctrina según la cual los golpes, choques y lesiones que pueden producirse durante una disputa legítima del balón forman parte de la actividad deportiva y, por tanto, quedan normalmente fuera del ámbito penal. 

Sin embargo, la situación cambia cuando la conducta rebasa lo que puede considerarse propio del juego. El artículo subraya que “lo que decide es la intención, no el daño”. Así, una lesión gravísima puede no constituir delito si deriva de un lance fortuito, mientras que una acción con consecuencias menores sí podría ser perseguida penalmente si se demuestra que existió voluntad de causar daño. 

Como ejemplo, el despacho recuerda una sentencia del Tribunal Supremo que confirmó una condena de seis años de prisión contra un jugador de fútbol veterano cuya patada dejó a un rival con una tetraparesia grave. A juicio de los tribunales, aquella acción excedió claramente el marco del riesgo aceptado en una competición deportiva. 

Entre ambos extremos aparece una zona gris: la imprudencia. Según explica Jorge Agüero Lafora, se trata de aquellas conductas en las que no existe intención de lesionar, pero sí una falta grave de cuidado o una actuación desproporcionada. El artículo destaca que los tribunales españoles no mantienen una postura completamente uniforme sobre este tipo de situaciones. 

Mientras algunas resoluciones consideran que determinadas imprudencias deben resolverse exclusivamente en el ámbito disciplinario deportivo, otras han dado lugar a condenas penales. El despacho cita el caso de una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que confirmó una condena por lesiones imprudentes graves en un partido de fútbol sala al considerar que la fuerza empleada superó claramente el riesgo permitido.

Respecto al caso del portero del FC Andorra, el análisis señala que el acta arbitral puede tener relevancia, aunque no resulta concluyente. El documento describe una disputa del balón, circunstancia que inicialmente situaría la acción dentro del ámbito deportivo. No obstante, también menciona una entrada violenta y la correspondiente expulsión, factores que podrían ser examinados por la jurisdicción penal. 

En este sentido, Fukuro Legal advierte que “el acta recoge la valoración arbitral y no vincula al juez penal”, por lo que la decisión final dependerá de otras pruebas, especialmente de las grabaciones de la jugada, los testimonios y los informes periciales. 

El despacho identifica cuatro posibles escenarios jurídicos: desde la inexistencia de delito, si se concluye que fue un lance propio del juego, hasta un hipotético homicidio doloso. Entre ambos extremos figuran el homicidio por imprudencia menos grave, castigado con multa, y el homicidio por imprudencia grave, sancionado con penas de prisión de uno a cuatro años. 

Para el autor, el desenlace judicial dependerá principalmente de la reconstrucción exacta de los hechos. “Todo depende de las imágenes y del informe forense”, concluye el artículo, que recuerda además que la presunción de inocencia sigue plenamente vigente mientras no exista una resolución judicial firme.

A modo de síntesis, Jorge Agüero Lafora insiste en una idea central: “Lo decisivo es cómo se juzgue la acción, no lo grave del desenlace”. Según la interpretación expuesta por el despacho, la clave consistirá en determinar si el contacto que acabó con la vida del futbolista fue un riesgo inherente al deporte o una conducta que excedió los límites legalmente tolerados.

VER POST