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Las consecuencias de un accidente laboral no terminan necesariamente con el alta médica. En muchos casos, las lesiones dejan secuelas permanentes que pueden dar lugar a compensaciones económicas o incluso a una pensión de incapacidad permanente. Así lo analiza el despacho Campmany Abogados en un artículo revisado jurídicamente por el abogado Marc Nicolau Hermoso, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social.

Según explica el despacho, la diferencia fundamental entre una indemnización y una incapacidad permanente radica en el impacto que las secuelas tienen sobre la capacidad para desempeñar el trabajo habitual. El artículo señala que “la clave diferencial aquí es si las secuelas invalidan o no para ejercer el trabajo habitual”.

Cuando las lesiones dejan una huella permanente pero no impiden continuar ejerciendo la profesión, el trabajador puede acceder a una indemnización por lesiones permanentes no invalidantes (LPNI). Por el contrario, si esas secuelas dificultan o imposibilitan el desempeño laboral, pueden justificar el reconocimiento de una incapacidad permanente en alguno de sus grados.

El análisis de Campmany Abogados recuerda que las LPNI están destinadas a compensar daños físicos definitivos derivados de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Para ello deben cumplirse varios requisitos, entre ellos que la lesión sea permanente, que figure en el baremo correspondiente y que no alcance la gravedad suficiente para justificar una incapacidad permanente. 

En estos casos, el trabajador recibe un pago único que, según indica el despacho, “normalmente ronda los 2.000 euros, pese a que cada caso es único”. Además, la percepción de esta indemnización resulta compatible con la continuidad en el mismo puesto de trabajo. El coste de la prestación corre a cargo de la mutua, aunque la concesión debe ser aprobada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 

El artículo también aclara qué se entiende por alteración de la integridad física. Según expone Marc Nicolau Hermoso, no es necesario sufrir una amputación o una pérdida anatómica severa para tener derecho a una compensación. También pueden indemnizarse determinadas limitaciones funcionales siempre que no incapaciten para trabajar. 

Sin embargo, cuando las secuelas afectan directamente al rendimiento profesional, el escenario cambia. En ese supuesto entra en juego la incapacidad permanente. El despacho destaca que “las limitaciones funcionales aquí lo son todo para conseguir la pensión”, ya que el sistema valora hasta qué punto el trabajador puede seguir desarrollando su actividad con normalidad, profesionalidad y eficiencia. 

Una de las cuestiones más relevantes del análisis es la comparación entre la LPNI y la incapacidad permanente parcial. Aunque ambas prestaciones permiten continuar trabajando y pueden abonarse mediante un pago único, la incapacidad parcial exige acreditar una reducción de al menos el 33 % en la capacidad laboral. 

La diferencia económica también es notable. Mientras las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes suelen ser relativamente reducidas, la incapacidad parcial se calcula multiplicando por 24 la base reguladora del trabajador. Como ejemplo, el despacho indica que una base reguladora de 1.500 euros permitiría alcanzar una compensación cercana a los 36.000 euros. 

Para ilustrar la aplicación práctica de estos criterios, el artículo analiza dos supuestos frecuentes: las fracturas de costillas y las roturas de húmero. En el caso de las costillas, las secuelas pueden incluir dolor crónico, problemas respiratorios o defectos en la consolidación ósea. Respecto al húmero, son habituales las pérdidas de movilidad en hombro y codo, la debilidad muscular o incluso lesiones nerviosas que afectan a la fuerza y funcionalidad del brazo. 

Según expone Campmany Abogados, una operación con resultado satisfactorio podría derivar únicamente en una indemnización por la intervención y la cicatriz resultante. Sin embargo, “si realmente queda limitación a la movilidad o a la fuerza, es cuando se puede reconocer una incapacidad parcial o total para profesiones de esfuerzo”. 

El despacho también destaca la importancia de los plazos. Tanto las reclamaciones de LPNI como las solicitudes de incapacidad permanente están sujetas, con carácter general, a un plazo de prescripción de cinco años. No obstante, el cómputo no comienza necesariamente en la fecha del accidente, sino cuando las secuelas se consolidan y pueden valorarse de forma definitiva.

Además, el artículo recuerda que si el accidente se produjo por incumplimientos de seguridad empresarial, el trabajador podría reclamar un recargo de prestaciones de entre el 30 % y el 50 %, cuyo coste asumiría directamente la empresa responsable y no la Seguridad Social ni la mutua. 

Como conclusión, Marc Nicolau Hermoso y Campmany Abogados destacan que la existencia de secuelas tras un accidente laboral no implica automáticamente una incapacidad permanente, pero sí puede abrir la puerta a distintas vías de compensación económica cuya cuantía dependerá del alcance real de las limitaciones y de sus efectos sobre la capacidad laboral del trabajador. 

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