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 Cuando un empresario, administrador o inversor recibe una citación judicial en calidad de investigado por un presunto delito contra la Hacienda Pública, el escenario cambia drásticamente.

Ya no se trata de una discrepancia administrativa, una multa o un expediente de la Agencia Tributaria (AEAT) que su asesor fiscal pueda negociar. El Estado ha cruzado la línea y ha puesto en marcha la maquinaria del Derecho Penal contra usted.

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