El sistema acumula 265.503 personas pendientes de valoración o prestación, con una media de 320 días de espera, muy por encima del plazo legal de seis meses, según datos del Imserso y la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales
Más de 13.500 personas han fallecido en los primeros cinco meses del año mientras esperaban ser atendidas dentro del sistema de dependencia en España, según el último balance de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, elaborado a partir de datos del Imserso. Eso supone , 90 personas al día, una cada 16 minutos, como media.
.Esta cifra se suma al casi millón de ciudadanos que han fallecido en España por esta razón en las dos últimas décadas, según detalla un informe del Observatorio Estatal para la Dependencia. "Es insoportable que las personas que tienen derecho a recibir una prestación o servicio fallezcan sin recibirlos", explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, institución que publica el documento.
En su opinión faltan medidas claras de apoyo a la dependencia por parte del Gobierno y las CCAA y sobra anuncios por parte del Ministerio [de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030] y las comunidades autónomas de mejoras y titulares triunfalistas sobre cómo va el sistema de atención a la dependencia.” Frente a eso está el rostro humano de las personas que están sufriendo", añade Ramírez.
En su opinión,"Se nota claramente la falta de incremento presupuestario en los tres últimos años por parte del Ministerio de Derechos Sociales", detalla el informe en referencia a los 600 millones de financiación extra que incluía el Plan de Choque en los años 2021, 2022 y 2023.
En 2024, el Gobierno paralizó este incremento, algo que -explica el texto- "está suponiendo una clara ralentización del sistema, tanto en el incremento de las listas de espera como en la agudización del carácter low cost de sus prestaciones y servicios. Desde que acabó el anterior Gobierno, en 202, al no haber presupuestos y no tener voluntad política, esa financiación no se ha incrementado", añade el director del observatorio.
Por comunidades autónomas, casi la mitad de los fallecimientos se concentran en Cataluña (4.342) y Andalucía (2.204), mientras que Galicia registra la cifra más baja, con 34 casos.
De las 265.503 personas en listas de espera, 110.108 están a la espera de valoración (41,5%) y 155.352 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos (58,2%).
El Ministerio considera lista de espera exclusivamente a aquellas personas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos por la Ley, que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido; de ahí que sus datos sean inferiores a la lista de espera real.
De las 13.503 personas fallecidas en las listas de espera de la dependencia en los primeros cinco meses de este año, 6.940 estaban esperando ser valoradas y 6.563 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho.
Para José Manuel Ramírez, promotor de este informe, se nota claramente la falta de incremento presupuestario en los tres últimos años por parte del Ministerio de Derechos Sociales, al no mantener la financiación extra de 600 millones que incluía el Plan de Choque en los años 2021, 2022 y 2023, lo que está suponiendo una clara ralentización del Sistema, tanto en el incremento de las listas de espera como en la agudización del carácter low cost de sus prestaciones y servicios.
Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, después de 20 años sigue siendo un derecho pendiente, a pesar del avance de esta Ley, cuyo potencial sigue sin desarrollar. Cuatro millones de personas han recibido atenciones del Sistema en estos 20 años, mientras que casi un millón han fallecido en las listas de espera
El informe también refleja un aumento de 47.323 personas atendidas en lo que va de año, aunque advierte de que gran parte de estas nuevas atenciones corresponden a servicios de menor coste, como la prestación por cuidados familiares o la teleasistencia.
Entre las comunidades que más han incrementado el número de beneficiarios destacan Canarias, con un aumento del 22 %, y Cantabria, con un 6,6 %. En el lado contrario, se registran descensos en Navarra (1,4 %) y Extremadura (0,5 %).
En cuanto a las personas con derecho reconocido a prestación, el incremento medio en España es del 3 %, con subidas más destacadas en Cantabria (12,3 %) y Canarias (9 %), mientras que se reducen en Navarra, Castilla y León, Extremadura y el País Vasco.
Tramitación lenta
Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema low cost que es poco eficaz para atender las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo.
Uno de los principales problemas sigue siendo la lentitud en la tramitación: el tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución del expediente se sitúa en 320 días, muy por encima del plazo legal de seis meses (180 días).
Hasta mayo de 2026, la comunidad de Murcia registraba una espera media de 552 días para resolver un expediente, la peor cifra de España y muy por encima de la media nacional, que se sitúa en 320 días. José Manuel Ramírez pone de relieve que cuando hablamos de personas en listas de espera no se trata de números. Son ciudadanos que ya han solicitado ayuda y que, en muchos casos, tienen reconocida una situación severa. Sobre la falta de financiación, Ramírez recuerda que otras comunidades están en situación semejante, pero establecen prioridades.
En ese sentido, el director del observatorio dirige sus quejas directamente al presidente de la Comunidad que, en un escenario presupuestario negativo tiene que marcar que cuestiones son más importantes que otras. José Manuel Ramírez insiste en que el origen de los recortes está en el gobierno de Rajoy en 2012. Las protestas de los gobiernos autonómicos del PP, no se escucharon entonces.
Solo seis comunidades y Ceuta cumplen o se acercan a ese límite: Castilla y León (119 días), Aragón (122), País Vasco (131), La Rioja (144), Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (171). En el extremo contrario, los mayores retrasos se registran en Murcia (552 días), Andalucía (446), Asturias (411), Madrid (346) y Canarias (335).
El informe destaca además una evolución desigual: mientras Asturias ha aumentado notablemente los tiempos de tramitación (84 días más), Canarias, Andalucía y La Rioja han logrado reducirlos.
El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, advierte de que, pese al incremento del número de personas atendidas en los últimos años, el ritmo sigue siendo insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y servicios.
El presente informe se realiza con los datos oficiales hasta el 31 de mayo de 2026, valorándolos de manera objetiva, sin dejar de contar a nadie que esté esperando respuesta de la Administración y con los mismos criterios que el Observatorio utiliza habitualmente. Seguimos esperando que el Ministerio publique los datos de la lista de espera de las revisiones y de las solicitudes sin grabar, y atendidos del grado III+. Es incomprensible esta falta de transparencia su actitud triunfalista y titulares engañosos con los que “adorna” los datos.
