El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha presentado hoy, miércoles 28, en la Representación de la Comisión Europea en España (Madrid), el proyecto europeo "Debates y Acciones sobre Medio Ambiente y Clima” (DACE por sus siglas en inglés). Este proyecto, financiado por la Unión Europea (UE) y coordinado por la asociación Justice & Environment, tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre las políticas y la legislación en materia de adaptación al cambio climático. Durante un periodo de dos años, se implementará en seis Estados miembros: Austria, Bulgaria, Estonia, Hungría, Eslovenia y España, siendo el IIDMA la organización responsable de su desarrollo en nuestro país.
“Este proyecto es de gran relevancia en este año que en la COP 28 se cerrará el programa de trabajo sobre el objetivo global de adaptación previsto en el Acuerdo de París” indica Ana Barreira, Directora Fundadora del IIDMA.
La ciudadanía empieza a preocuparse cada vez más por la situación de emergencia climática y la degradación ambiental a la que nos enfrentamos. La frecuencia y la intensidad de los fenómenos climáticos extremos van en aumento y, tal y como ha alertado el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, incluso los esfuerzos más estrictos de mitigación no podrán frenar los impactos severos del cambio climático. Por tanto, es crucial establecer acciones ambiciosas para aumentar nuestra resiliencia y capacidad de adaptación.
El proyecto DACE busca abordar este desafío promoviendo una mayor concienciación y conocimiento sobre la adaptación al cambio climático y el marco jurídico-institucional existente a nivel internacional, europeo y español en esta materia. Además, el proyecto tiene como propósito informar a la ciudadanía sobre sus “derechos climáticos”. Esto cobra especial relevancia debido a que los impactos negativos del cambio climático afectan a derechos fundamentales, por lo que el número de litigios climáticos va in crescendo.
“Es necesario construir sociedades descarbonizadas, adaptadas y resilientes al cambio climático, y el evento de hoy pone de manifiesto que ya existe un extenso marco jurídico-institucional para hacerlo posible. A pesar de que la ciudadanía española muestra cada vez más preocupación por los impactos del cambio climático, todavía tiene un conocimiento limitado sobre qué exige el Derecho y qué se está haciendo en la práctica para alcanzar soluciones y adaptar el territorio de la UE y de España a este fenómeno”, explica Alba Iranzo, abogada ambiental senior del IIDMA y coordinadora en España del Proyecto DACE.
“La necesidad de adaptarse al cambio climático ya se reconoció en el propio objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, además de exigir la adopción de planes y medidas de adaptación. El Acuerdo de París reforzó la necesidad de adaptarse al cambio climático incluyendo el objetivo global de adaptación”, explica Ana Barreira.
En el ámbito de la Unión Europea, en aplicación del régimen internacional de lucha contra el cambio climático, se han ido aprobando estrategias y normas sobre adaptación al mismo. En el acto de presentación, la representante de la Comisión Europea , Anna Dimitrijevics, Sub-directora de la Unidad de Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de la Dirección General de Acción por el Clima, señaló la Ley Europea sobre el Clima y la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE.
En el caso de España, la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica incluye distintas obligaciones para adaptar nuestro territorio al cambio climático, que han sido reflejadas en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2021-2030).
A nivel regional y local también se están implementando diversas medidas de adaptación. Al respecto, representantes de las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares y Galicia, así como del Ayuntamiento de Valencia, destacaron los principales avances que se están llevando a cabo para adaptar sus respectivos territorios a los impactos del cambio climático. Además, explicaron cómo se está trabajando para asegurar que estas acciones contribuyan a alcanzar los objetivos climáticos fijados por España y la UE en los horizontes 2030 y 2050.
El evento ha contado también con la participación de destacados especialistas en la materia como María Salazar Guerra, Jefa de servicio Técnico de la Subdirección General de Coordinación de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD); María López Sanchís, Directora General de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático del Gobierno de la Junta de Andalucía; María Sagrario Pérez, Directora General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático del Gobierno de la Xunta de Galicia, entre otros.
Conocimiento del cambio climático en España
En el marco del proyecto, se presentó el estudio de opinión "Conocimiento y Percepción del Cambio Climático en España", encargado por el IIDMA a la empresa consultora Take a Tip. Este estudio recoge la opinión de 750 personas, representativas de la población española, utilizando como referencia los últimos datos publicados del padrón por el Instituto Nacional de Estadística.
Según los resultados del estudio, el cambio climático es un problema que preocupa a la población española, especialmente al sector rural, donde más del 50% de los encuestados se muestra muy preocupado. Los efectos de las temperaturas extremas, el aumento de los fenómenos extremos, la disminución de los recursos hídricos y la sequía son identificados como los principales impactos en nuestro país.
El estudio también revela que solo el 22% de la población consultada conoce bien lo que significa la “adaptación al cambio climático”. Además, el estudio muestra un elevado desconocimiento de los principales instrumentos normativos y políticas de cambio climático de nuestro país. A pesar de este desconocimiento, casi el 62% de la ciudadanía considera muy necesario y está interesada en recibir formación al respecto.
Además, casi el 30% de los encuestados considera que sus derechos se ven afectados por los impactos del cambio climático, y el 46% estaría dispuesto a acudir a los tribunales para buscar resarcimiento, con la debida asistencia jurídica.
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