- Este anteproyecto de ley ce centra en la prevención, detección y sanción de irregularidades, incluyendo la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública.
El Colegio de Registradores y el Consejo General de la Abogacía han organizado una jornada conjunta para analizar y debatir el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado el pasado 17 de febrero, una norma de especial relevancia en materia de transparencia, integridad institucional, tráfico mercantil ordinario y prevención del blanqueo de capitales.
El encuentro, en formato de mesa redonda, ha contado con la participación de representantes expertos de ambas instituciones y del ámbito jurídico-mercantil.
Aprobado el 17 de febrero de 2026 por el Consejo de Ministros, este anteproyecto de ley busca combatir la corrupción política y económica a través de 84 medidas y la modificación de 18 normas. Se centra en la prevención, detección y sanción de irregularidades, incluyendo la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública.
Los puntos claves de esta normativa pasan por la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública: Será la autoridad administrativa central, integrando funciones de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y áreas de cumplimiento.
Al mismo tiempo se estructura en cinco Ejes Fundamentales: Prevención de riesgos, fortalecimiento de controles, investigación y sanción, recuperación de activos y fomento de una cultura de integridad.
Modificaciones Legales: El texto modifica 18 leyes, de las cuales seis son orgánicas, afectando principalmente a la contratación pública, gestión de subvenciones y lucha contra el fraude.
En cuanto a la estructura de la Agencia: La nueva agencia se dividirá en tres departamentos clave para la prevención, supervisión y sanción. En la actualidad, aprobado en primera vuelta por el Gobierno de España, el documento se encuentra en trámite de audiencia e información pública.
En ese mesa redonda en la que participaron los abogados : Rafael Perea, y Jesús Pellón, el registrador Luis Fernández del Pozo y el catedrático de derecho mercantil Jesús Quijano, moderados por Ainhoa Goñi, directora de comunicación del CGAE, los ponentes señalaron que el objetivo principal es blindar el sector público frente a la corrupción mediante un enfoque integral y mejorar los mecanismos de control .
Una reforma acertada
En su intervención, Luis Fernández del Pozo, registrador mercantil ha manifestado que “el sistema actual no funciona” y por eso la reforma es necesaria. En relación con las reformas que introduce el Anteproyecto se ha referido a las deficiencias actuales del sistema con relación al libro de socios.
En la actualidad existe una gran opacidad ya que solo se legalizan en el Registro Mercantil el siete por ciento de estos. Como ejemplo Fernández del Pozo ha dicho que, en estos momentos el comprador de una casa puede saber de forma muy sencilla, en el Registro de la Propiedad, si esta tiene cargas, pero en cambio no hay forma de conocer en el ámbito mercantil si el que me vende las participaciones es el legítimo dueño. Esta reforma permitirá la publicidad en el Registro Mercantil de los legítimos propietarios.
Según Fernández del Pozo, el único modo de que una corporación pruebe su valía social es defendiendo ideas que mejoran el servicio público y ese debería ser un objetivo de todas las partes.
Por su parte, Jesús Pellón, consejero y presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE, ha manifestado que colaborar en todo lo que sea agilidad, eficacia y, sobre todo, garantía y seguridad jurídica es una de las cosas que se reclama desde la Abogacía. Pellón quiso subrayar la importancia del papel de la Abogacía en el asesoramiento de las transmisiones conforme al nuevo sistema que se impone en el anteproyecto.
“En materia de prevención del blanqueo de capitales tenemos una legislación de terminología tan imprecisa, ambigua, extensa y a veces contradictoria, que genera una inseguridad jurídica enorme. Por eso, medidas como la inscripción de las participaciones en el Registro Mercantil no solo generan seguridad, sino certeza jurídica, que va mucho más allá de la seguridad” añadió Pellón.
Rafael Perea, abogado socio del área Mercantil de Andersen ha contextualizado la reforma desde los ejes de Europa y la lucha contra el blanqueo de capitales y ha insistido en la importancia de hablar para que a través de la nueva norma sea posible la identificación de todos los titulares de la entidad.
Por último, Jesús Quijano, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid ha manifestado que hay una coincidencia general en la necesidad de una reforma. Quijano ha planteado tres aspectos para reflexionar: en primer lugar, el libro registro de socios actualmente se lleva mal por lo que la inscripción en el Registro Mercantil es un buen paso; además el acceso al Registro Mercantil de documentos privados no debería ser excluyente y ha sugerido que también debería extenderse la reforma y dar pasos equivalentes en las Sociedades Anónimas no cotizadas.
Todos los participantes han coincidido en que debe abordarse la naturaleza constitutiva de la inscripción en el Registro Mercantil aclarando su alcance y consecuencias.
Según los asistentes, la jornada ha permitido abordar el alcance jurídico y práctico de una propuesta normativa que forma parte del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y que tiene como finalidad consolidar un sistema completo de integridad pública, reforzando la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones.
Para los promotores de este evento, la colaboración entre el CGAE y el Colegio de Registradores resulta especialmente relevante para analizar los efectos de la futura norma en el tráfico jurídico y mercantil, así como su contribución a la seguridad jurídica preventiva y a la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales.
