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Infringir las normas urbanísticas puede tener un impacto negativo sobre el territorio y la calidad de vida de los ciudadanos, pues el medio ambiente y el urbanismo son bienes colectivos esenciales a proteger.

Es fundamental por tanto que la ordenación urbanística sea respetada, y ello depende no solo de la conciencia social de la conveniencia del cumplimiento de las normas sino también – y en gran medida- de la capacidad coercitiva de la Administración.

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