Reforzar la seguridad de las fronteras, revisar los instrumentos jurídicos de respuesta ante situaciones excepcionales, superar las limitaciones institucionales de Ceuta y Melilla y garantizar una mayor implicación de la Unión Europea. Estas han sido algunas de las principales reivindicaciones planteadas hoy en el Foro Justicia ICAM, donde representantes políticos, juristas y diplomáticos han reclamado una estrategia de Estado que permita afrontar los desafíos constitucionales, geopolíticos y sociales de ambas ciudades autónomas.
El encuentro, organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en el marco de sus “Foros Justicia”, ha puesto de manifiesto las deficiencias que reveló la crisis fronteriza de Ceuta del pasado julio, así como la necesidad de garantizar el futuro económico y social de sus habitantes.
Las intervenciones han abordado desde la respuesta del Estado y las responsabilidades de Marruecos hasta la integración europea y el alcance de las garantías internacionales de defensa. En este último ámbito, el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha reclamado clarificar expresamente la cobertura de ambas ciudades por el artículo 5 de la OTAN, vinculando la protección de la soberanía con la defensa del Estado de derecho y los derechos fundamentales.
En su intervención, ha defendido que los desafíos geopolíticos, migratorios y de seguridad que afrontan ambas ciudades exigen “cooperación internacional, previsión y una política de Estado sostenida en el tiempo”, siempre desde el respeto a la Constitución y los derechos fundamentales. En este contexto, ha reclamado clarificar expresamente la cobertura de Ceuta y Melilla bajo el mecanismo de defensa colectiva de la OTAN, al considerar que la delimitación territorial del artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte aconseja precisar la aplicación de las garantías previstas en su artículo 5. “La solidaridad de socios y aliados debe traducirse en certezas”, ha subrayado, tras recordar también las previsiones del Tratado de la Unión Europea sobre integridad territorial y asistencia ante una agresión armada.
Pero ha advertido también de que la protección de la soberanía no puede limitarse a la seguridad de las fronteras, sino que debe traducirse en instituciones sólidas, servicios públicos y oportunidades para sus habitantes. “La mejor defensa de Ceuta y Melilla es garantizar que sus ciudadanos tengan futuro”, ha subrayado, reivindicando la necesidad de ofrecer oportunidades a los jóvenes, dotar a las instituciones de los medios necesarios y garantizar que todos sus ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos de vida con los mismos derechos y garantías que el resto de los españoles.
En el plano constitucional, Ribón ha recordado que los Estatutos de Autonomía de 1995 reconocen expresamente a Ceuta y Melilla como parte integrante de la Nación española, y ha apelado a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la titularidad de la soberanía nacional, que corresponde al conjunto del pueblo español. “La españolidad de Ceuta y Melilla no es una cuestión de proximidad geográfica, sino de historia, de Derecho y, especialmente, de ciudadanía”, ha afirmado. Desde esta perspectiva, ha defendido que la protección de ambas ciudades no es solo una cuestión de seguridad territorial, sino también de cumplimiento de las obligaciones que la Constitución impone a los poderes públicos.
En particular, ha reivindicado los principios de unidad y solidaridad recogidos en los artículos 2 y 138 de la Constitución, insistiendo en que deben traducirse en garantías efectivas para los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia. La distancia del Estrecho jamás debe convertirse en distancia institucional»”, ha advertido, vinculando así la defensa de la soberanía con el funcionamiento de las instituciones, la prestación de los servicios públicos y la igualdad de derechos y oportunidades. En este sentido, ha recalcado que “la defensa de nuestra soberanía y la protección de los derechos fundamentales son obligaciones inseparables de nuestro Estado de Derecho”.
El Decano ha reafirmado asimismo el compromiso del ICAM con la defensa de la integridad territorial, el orden constitucional y los derechos de los ciudadanos de Ceuta y Melilla, dando continuidad al manifiesto institucional presentado por el Colegio el pasado mes de septiembre. En este marco, ha reivindicado la responsabilidad de la abogacía más allá de los tribunales, como institución comprometida con la defensa de los principios constitucionales, el fomento del diálogo y la búsqueda de soluciones compartidas, desde la convicción de que el Derecho constituye un punto de encuentro y la Constitución una garantía de convivencia.
Ribón ha concluido con un mensaje de unidad y cercanía hacia ambas ciudades: “La historia nos vincula, el Derecho nos ampara y el afecto nos obliga. Ceuta y Melilla son España. Que nunca tengan que sentirse lejos”.
Dezcállar plantea cuatro medidas para reforzar la seguridad y garantizar el futuro de Ceuta y Melilla
El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y exembajador de España en Marruecos, Jorge Dezcallar, por su parte, ha advertido de que la crisis de Ceuta no puede entenderse únicamente como un fenómeno migratorio, sino como una crisis política, social, económica y de seguridad que ha puesto de manifiesto importantes deficiencias en la capacidad de respuesta del Estado.
A su juicio, existen indicios de una implicación de Marruecos, bien en el origen de los acontecimientos o mediante su aprovechamiento posterior. Dezcallar ha censurado que el Estado no asumiera desde el primer momento el control de una situación que superaba ampliamente la capacidad de respuesta de la ciudad.
El diplomático ha defendido la necesidad de combinar la cooperación con Marruecos con una posición de mayor firmeza. “La política de apaciguamiento con Marruecos no funciona”, ha afirmado, al considerar que las concesiones españolas sobre el Sáhara Occidental no han eliminado las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla.
Para evitar que se reproduzcan situaciones similares, ha planteado cuatro líneas prioritarias de actuación: reforzar las fronteras; adaptar la legislación para responder a episodios de entradas masivas; impulsar un plan integral de desarrollo que proporcione seguridad y perspectivas económicas de futuro a ambas ciudades, con apoyo al comercio y al turismo; y profundizar en su integración europea. “Un ataque a Ceuta y a Melilla es un ataque a Europa”, ha afirmado Dezcallar, que ha reclamado una mayor implicación de los socios comunitarios en su protección.
El exdirector del CNI ha advertido, sin embargo, de que las relaciones de España con sus socios europeos se han deteriorado en cuestiones como la “sobreactuación” en materia de política migratoria y de defensa. Una situación que considera especialmente preocupante cuando la protección de Ceuta y Melilla requiere precisamente una Europa más cohesionada.
En este sentido, ha relacionado también las consecuencias políticas de la crisis con el avance de la extrema derecha europea. A su juicio, el crecimiento de estas fuerzas favorece posiciones contrarias a una mayor integración comunitaria y alimenta lo que ha definido como un voto “renacionalizador de políticas”.
Dezcallar ha advertido de que esa tendencia puede debilitar la capacidad de respuesta conjunta de Europa ante los desafíos de seguridad, precisamente cuando España necesita una mayor solidaridad de sus socios para proteger sus fronteras exteriores.
Durante el turno de preguntas, Dezcallar ha advertido de que Ceuta y Melilla no figuran actualmente entre las prioridades de Marruecos, centrado ahora en sus reivindicaciones sobre el Sáhara Occidental. Sin embargo, considera que Rabat volverá a plantear sus aspiraciones sobre ambas ciudades cuando las circunstancias le resulten favorables, por lo que ha instado a España a prepararse desde ahora. “Tenemos que aprovechar el tiempo, para hacer que la situación de Ceuta y Melilla, dentro de tres años, sea absolutamente inatacable”, ha afirmado.
Juan José Imbroda reclama más competencias para Melilla y acusa al Gobierno de falta de firmeza
El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha reclamado la necesidad de reforzar el marco institucional y competencial de ambas ciudades para superar las limitaciones que, a su juicio, dificultan su desarrollo económico y su capacidad de gestión.
Imbroda ha señalado que los Estatutos de Autonomía de 1995 dejaron a Ceuta y Melilla con un margen de actuación inferior al de las comunidades autónomas. Como ejemplo, ha mencionado las dificultades para tramitar modificaciones urbanísticas sin intervención de la Administración central y las restricciones derivadas de su régimen institucional.
En este sentido, ha pedido desarrollar plenamente el Estatuto de Autonomía de Melilla, sin necesidad de aprobar uno nuevo, para reducir los obstáculos administrativos y mejorar la capacidad de respuesta de sus instituciones. El presidente melillense ha relacionado estas carencias con una política seguida durante décadas hacia ambas ciudades que, a su juicio, ha estado condicionada por el temor a incomodar a Marruecos.
En relación con la crisis de julio, Imbroda ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de falta de previsión, decisión y firmeza. Ha calificado al Ejecutivo de “Gobierno fallido” y ha cuestionado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispusieran de instrucciones claras para responder a una entrada masiva de personas. Asimismo, ha reclamado adaptar los instrumentos legales de respuesta ante situaciones excepcionales, incluidos los mecanismos de rechazo en frontera, y reforzar la posición diplomática española ante Marruecos.
En el ámbito económico, ha defendido reducir la dependencia comercial de Melilla respecto al país vecino y profundizar en la integración europea de la ciudad. Entre las posibilidades planteadas ha mencionado una mayor participación en las instituciones comunitarias y el estudio de su incorporación a la unión aduanera, siempre que se preserven las ventajas fiscales de su régimen económico especial.
Imbroda ha destacado finalmente el respaldo recibido desde el conjunto de España tras los acontecimientos de julio, que considera un punto de inflexión en la percepción nacional de Ceuta y Melilla. A su juicio, esa solidaridad debe traducirse ahora en una mayor presencia del Estado, más recursos y mejores oportunidades de desarrollo para ambas ciudades.
Ceuta alerta del desbordamiento de sus servicios y reclama una respuesta más eficaz del Estado
Las consecuencias de la crisis sobre el funcionamiento de los servicios públicos han centrado buena parte de la intervención del director general de Presidencia del Gobierno de Ceuta, Alfonso Conejo Rodríguez, quien ha cuestionado que las administraciones responsables de la seguridad nacional utilizaran todos los instrumentos jurídicos disponibles para responder a los acontecimientos del pasado julio.
Conejo ha señalado que las primeras respuestas institucionales se articularon mediante juntas locales de seguridad, mecanismos ordinarios de coordinación que considera insuficientes para afrontar una situación excepcional. También ha criticado el tiempo transcurrido hasta la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional y ha defendido que los instrumentos existentes permitían una actuación más eficaz.
El representante ceutí ha descrito una situación de extraordinaria presión sobre los servicios públicos de la ciudad, donde, según ha explicado, se han habilitado 28 campamentos y recursos de acogida.
Entre los ámbitos especialmente afectados ha destacado la asistencia jurídica a las personas extranjeras. Según los datos expuestos durante el Foro, el Turno de Oficio de Extranjería de Ceuta ha pasado de contar habitualmente con tres profesionales a más de treinta, que prestan servicios de guardia con una frecuencia aproximada de una cada dos días.
Conejo ha advertido de que Ceuta continúa sin superar las consecuencias de la crisis. Según las cifras que ha expuesto, la ciudad supera en un 12.600 % su capacidad ordinaria de acogida, mientras que las llamadas al 112 por emergencias han aumentado un 414 % respecto al mismo periodo del año anterior.
El director general ha expresado también su preocupación por el sentimiento de abandono y humillación que, según ha señalado, persiste entre los ceutíes y por el desencanto que percibe entre los jóvenes hacia la Unión Europea como espacio de derechos y libertades.
No obstante, ha diferenciado esa percepción de su propia posición: “Yo tengo confianza en Europa, sinceramente. Creo que el que nos ha fallado ha sido nuestro Estado, más que Europa”.
Conejo ha defendido la necesidad de modernizar las infraestructuras fronterizas, mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad e impulsar un plan integral de desarrollo para Ceuta y Melilla. Todo ello, ha señalado, sin renunciar al respeto a los derechos humanos y a las garantías del Estado de derecho.
Blas Jesús Imbroda: “Aquello fue una invasión en un acto de guerra híbrida”
Desde el ámbito jurídico, el Decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda Ortiz, ha rechazado que los acontecimientos registrados en Ceuta puedan calificarse únicamente como una crisis migratoria. “Aquello fue una invasión en un acto de guerra híbrida”, ha afirmado, atribuyendo a Marruecos una actuación hostil contra la soberanía española y cuestionando la respuesta de las autoridades.
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Imbroda ha criticado que, ante una situación de carácter excepcional, se recurriera inicialmente a mecanismos ordinarios de coordinación, como las juntas locales de seguridad, y que la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional llegara aproximadamente un mes después de los acontecimientos.
A su juicio, España disponía de instrumentos jurídicos para responder con mayor rapidez, tanto en el ordenamiento interno como en el Derecho de la Unión Europea. En particular, se ha referido al reglamento europeo relativo a situaciones de crisis y fuerza mayor en materia de migración y asilo, que contempla supuestos de instrumentalización de los movimientos migratorios por terceros países.
El decano melillense ha cuestionado que no se recurriera a estos mecanismos y ha defendido que su utilización habría permitido una mayor implicación europea desde el comienzo de la crisis.
También ha reprochado la falta de medidas preventivas pese a las informaciones de los servicios de inteligencia y ha criticado la política española hacia el Sáhara Occidental.
Imbroda ha puesto especial énfasis en las consecuencias humanas de lo sucedido, aludiendo a la muerte de casi 150 personas y reclamando responsabilidades a Marruecos. En particular, ha recordado las obligaciones del país vecino como Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y ha defendido que se le exijan responsabilidades internacionales por la situación de los menores afectados.
La abogacía, comprometida con la defensa del Estado de derecho
Más allá de las propuestas políticas, jurídicas y diplomáticas planteadas durante el Foro, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha reivindicado el papel de la abogacía en la defensa del orden constitucional y su responsabilidad de contribuir al debate sobre los grandes desafíos institucionales del país.
Ribón ha recordado que el encuentro da continuidad al manifiesto institucional presentado por el Colegio el pasado mes de septiembre en defensa de Ceuta y Melilla, con el que la abogacía madrileña reafirmó su compromiso con la integridad territorial, los principios constitucionales y los derechos fundamentales.
“No estamos únicamente para defender derechos individuales, sino para contribuir a la defensa de los principios constitucionales”, ha afirmado el decano, que ha destacado también la responsabilidad de la profesión de fomentar el diálogo y ofrecer espacios de encuentro desde los que avanzar hacia soluciones compartidas.
Ese compromiso con la defensa de los derechos y el Estado de derecho ha tenido también su reflejo en el reconocimiento tributado durante la jornada al decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda Ortiz, distinguido con la Medalla de la Encomienda del ICAM por su trayectoria profesional y su dedicación al servicio de la abogacía.
Abogado en ejercicio desde 1981 y con veinticinco años al frente de la institución colegial melillense, Imbroda es doctor en Derecho, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada y consejero del Consejo General de la Abogacía Española. La distinción le ha sido impuesta por su hermano, Juan José Imbroda, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
En sus palabras de agradecimiento, el homenajeado ha reivindicado la defensa del Estado de derecho como una obligación permanente de la abogacía y ha recordado que los colegios profesionales deben estar al servicio de la sociedad, especialmente de las personas más vulnerables.