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  • La World Jurist Association ha organizado junto con la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas la Opening Session Caracas: “Falseamiento del Estado de Derecho”
  • La octava sesión previa al World Law Congress ha contado con la participación de Laura Chinchilla, Marisol Peña, Augusto Trujillo, Humberto Romero Muci, Allan R. Brewer-Carías, Néstor Pedro Sagües, Manuel Aragón Reyes, Juan Carlos Esguerra y Karlos Navarro

La World Jurist Association (WJA) ha organizado junto con la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas (CPAJI) esta sesión previa al World Law Congress Cartagena de Indias 2021, que ha recogido la importancia de apuntalar el Estado de Derecho para garantizar la dignidad humana. “Hay que cuidarlo y protegerlo de las amenazas constantes y siempre debe conducir a la justicia y la equidad, porque la única garantía de libertad y paz es el sometimiento a las leyes, no al imperio de la fuerza”, ha sentenciado Javier Cremades, presidente de la WJA y de la World Law Foundation (WLF), en su discurso de apertura de la jornada. Durante la apertura, en representación de la CPAJI, Augusto Trujillo, catedrático de Derecho Constitucional y presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, ha señalado que “el Estado de Derecho es una garantía de convivencia y de no ser así, nos encontramos ante un Estado de arbitrariedad con leyes”.

Humberto Romero Muci, catedrático de Derecho Financiero en la Universidad Católica Andrés Bello y presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, ha sido el anfitrión y encargado de moderar este debate en el que, bajo el nombre de “Falseamiento del Estado de Derecho”, ha destacado la situación de Venezuela y la ha calificado de “dramática” por la “disfunción de la democracia y la violación sistemática del Estado de Derecho que sufren los venezolanos”. De igual forma ha reconocido que “se ha producido una desfiguración por parte de gobernantes que llegan al poder decididos a utilizar y adulterar las instituciones en su propio beneficio con el objetivo de medrar el equilibrio entre los diferentes órganos del poder público”. Palabras secundadas por Karlos Navarro, profesor de la Universidad Santo Tomás y director del Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores (IIES) y presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Nicaragua, para el que “el modelo autoritario de América Latina tiene la capacidad de resistir, mutar y pervivir, desarrollándose mayoritariamente en sociedades pobres y carentes de democracia”.

Para Allan R. Brewer-Carías, profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, el Estado de Derecho implica siete principios que son el constitucionalismo, democratización, desconcentración del poder, legalidad y judicialización, descentralización del poder, primacía de derechos humanos y gobierno civil. Comparte esta postura Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica (2010-2014), quien ha subrayado que “el Estado de Derecho es el más importante garante de democracia frente a los que ejercen el poder, y es por ello que es la presa preferida de los políticos con débiles convicciones democráticas, porque se interpone en su voluntad o los fines que persiguen y las normas”.

Por su parte, Néstor Pedro Sagües, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, ha querido destacar que “un país donde su congreso se convierte en una fábrica de leyes institucionales, contribuye a disminuir de manera muy significativa la fuerza normativa de la Constitución”. En esta línea, Manuel Aragón Reyes, director académico del World Law Congress, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, ha advertido del riesgo que supone el uso abusivo de la legislación de urgencia, “lo que conocemos como decreto ley”. Y ha hecho hincapié en la obligación que tienen los juristas: “proteger el Estado de Derecho, denunciar sus desavenimientos, y contribuir con nuestra palabra a hacer frente a las situaciones de auténtico falseamiento”.  

Marisol Peña, primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional de Chile (2013-2014), ministra del Tribunal Constitucional chileno (2006-2018), profesora universitaria y miembro de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, ha destacado el trabajo que realizan las academias de Jurisprudencia Iberoamericanas dentro del World Law Congress y ha invitado a los asistentes virtuales a la próxima Opening Session Córdoba que también estará organizada por las academias.

Esta es la octava sesión previa al World Law Congress Cartagena de Indias 2021, cuya celebración coincide con el 30 aniversario de la constitución colombiana. A través de la proyección de un vídeo institucional, el presidente del país anfitrión, Iván Duque, se ha comprometido a “seguir promoviendo la fortaleza del Estado de Derecho como terreno fértil para permitir el crecimiento y bienestar, el desarrollo y la libertad de los ciudadanos” y ha asegurado que “seguiremos trabajando para construir un mejor futuro para todos basado en la fortaleza y garantías del estado de Derecho”.  




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