La colegiación obligatoria, la auto regulación y la formación continua son indispensables para que la abogacía pueda ser un instrumento efectivo al servicio de la democracia y un garante del Estado de Derecho.  Estas han sido algunas de las conclusiones alcanzadas por los participantes en la primera sesión del XXIV Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), celebrada hoy a las 10:00 horas en la sede del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona.
 

La ponencia inaugural ha sido una mesa redonda titulada ‘Gobernanza: realidades económicas, tecnológicas y políticas en las proyecciones democráticas de Iberoamérica. ¿Espacio jurídico común iberoamericano?’ El encuentro ha estado moderado por Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez, ex presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana.

La sesión se ha iniciado con la intervención de Álvaro Sánchez, presidente del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, quien ha destacado la importancia de que la abogacía promueva un Estado de Derecho accesible a la gran mayoría de la persona, libre de la influencia de grupos de poder y de ideologías, para favorecer un Derecho que permita una  mejor calidad de vida las personas.

Juan Carlos Araúz Ramos, presidente del Colegio de Abogados de Panamá, ha puesto de manifiesto el potencial de una abogacía organizada para unir a la comunidad internacional. Y ha alertado del peligro de una “institucionalidad ruinosa” que alimenta a las dictaduras y las falsas democracias, lo que da lugar a la aparición de ciudadanos faltos de compromiso, que dificultan los logros de las instituciones.

Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ha alertado de los riesgos del populismo y del acceso a los sistemas democráticos de quienes buscan establecer un régimen no democrático. Asimismo, ha manifestado la importancia de encontrar estándares comunes para crear un espacio jurídico internacional común, así como la importancia de que la abogacía y la sociedad trabajen de manera coordinada para crear espacios de democracia y regidos por los Derechos Humanos.

Moisés Castro Pizaña, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE, México), ha mostrado la importancia de que la ley se construya desde el respeto de los intereses de la sociedad y no de los intereses particulares del momento. Para ello, ha señalado la necesidad de la implicación de la ciudadanía y el compromiso de la abogacía.  Y por último, ha recordado que la búsqueda de recursos a toda costa es terreno fértil para un populismo que se alimenta del “reparto de dádivas” con el que muchos gobiernos pretenden mantener el poder.

Juan Cianciardo, profesor de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, ha planteado tres lecciones y tres desafíos derivados de la pandemia.  Como lecciones, ha mencionado la inviabilidad de un concepto cerrado de soberanía, la ingenuidad del universalismo y la utilidad del Derecho Constitucional para alcanzar una universalidad equilibrada.  Y como desafíos, ha planteado la necesidad de la formación constante, la apertura al Derecho Internacional de la formación y la necesidad de que la abogacía encarne los valores democráticos que considera deseables para toda la sociedad.

Por último, Rafael Del Rosal, abogado del Colegio de la Abogacía de Madrid, ha hecho un breve recorrido por la historia de la regulación de la profesión legal y ha llamado la atención sobre la importancia de que los colegios profesionales realicen una labor efectiva de regulación de la profesión para evitar la intromisión del regulador ordinario.

 

 

Para cerrar la sesión, Carlos Andreucci, presidente de UIBA, ha recogido las inquietudes de los participantes en la mesa, destacando la importancia de la colegiación y de la auto regulación profesional, así como el desafío de la preparación técnica.

 

 

 

MIGRACIÓN, UN DERECHO NO RESPETADO

 

 

En la segunda mesa redonda de la mañana, titulada ‘Pandemia; Ucrania; Derecho Migratorio: su impacto en Europa e Iberoamérica’, Miguel Cid Cebrián, del Colegio de la Abogacía de Madrid, ha considerado que la migración es un derecho humano, aunque en la práctica no lo sea debido a la discrecionalidad de los estados al regular su política migratoria. Ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado las devoluciones en caliente, algo que ha considerado “aberrante y contrario a los derechos humanos”. 

 

Por su parte Blas Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE, ha señalado que para el Consejo la inmigración es un tema esencial porque afecta a personas especialmente vulnerables. Además, ha reivindicado el trabajo de la Abogacía Española en materia de inmigración y su compromiso de solidaridad con las personas migrantes. 

Y Mª Del Mar Cid, del Colegio de la Abogacía de Madrid, ha considerado necesario desarrollar un sistema de esponsorización de la migración laboral por parte de las empresas, ya que España necesita mano de obra.

También ha intervenido Betilde Muñoz Pogossian, representante de la OEA, quien ha advertido del vacío normativo para dar protección a personas que no son ni migrantes económicos ni refugiados, pero se han tenido que ir de sus países de origen. Entre las conclusiones de esta mesa, que ha estado moderada por Víctor Cabada Iglesias, del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, cabe destacar la idea de que la migración tiene que ser un tema permanente en UIBA.

 

EL ACCESO A LA JUSTICIA

 

La sesión vespertina se ha abierto con una mesa redonda en la que se ha debatido sobre ‘Derechos humanos y acceso a la justicia: menores, adolescentes, género e inclusión’. Su moderador, el anterior decano del MICAP, Alfredo Irujo, ha mostrado su extrañeza por la “falta imperdonable” que supone la ausencia de representantes sudamericanos en el Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo, de cuyo buró forma parte, al tiempo que les ha invitado a ingresar en la organización. 

Uno de los ponentes, Alfonso Santiago, abogado argentino y profesor de la Universidad Austral, ha disertado sobre la articulación del Sistema Iberoamericano de Derechos Humanos con las constituciones de cada país, y ha señalado que los países iberoamericanos están en el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, formulada primero en Chapultepec, después en Bogotá y  posteriormente en Chile.

Froylan Alvarado, magistrado y ex presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, se ha referido al acceso de los menores a la Justicia, destacando que es preciso respetar su integridad personal y lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Menor. Se ha mostrado contrario a la virtualidad judicial que ha llegado con la pandemia porque aumenta el riesgo de que la declaración de los menores pueda ser mediatizada. 

El abogado brasileño Joelson Dias se ha centrado en el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad y ha insistido en que debe eliminarse cualquier barrera que dificulte la accesibilidad y la libre circulación en las dependencias judiciales. También ha aludido a la necesidad de que todos los intervinientes en un proceso deben tener la formación necesaria para atender como es debido a las personas con discapacidad.

Lidia Montes de Oca, miembro de la Junta Directiva Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba, ha resaltado que se trata de una organización independiente y que los abogados trabajan con autonomía. Además ha señalado que participan en las reformas legislativas puestas en marcha tras la aprobación en 2019 de la nueva constitución, inspiradas en disposiciones de otros países y en convenciones internacionales. Ha cerrado el turno de intervenciones Sandra Araúz Chacón, vicepresidenta del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, que también se ha referido a la accesibilidad a la Justicia abogando por unos mecanismos procesales más sencillos y accesibles, además de evitar los retrasos.