Cristina Vallejo, decana del ICAB y consejera del CICAC y del CGAe El acceso a la justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho y, en este sentido, la asistencia jurídica gratuita constituye una herramienta esencial para garantizar la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía, especialmente de quienes carecen de recursos suficientes.
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| Cristina Vallejo es desde julio del 2025 nueva decana del ICAB y consejera del CICAC y del CGAE | ||
El reconocimiento institucional suscrito por el Presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el Presidente de la Abogacía catalana, Rogeli Montoliu, representa un avance significativo en la financiación y reconocimiento del trabajo de la abogacía del turno de oficio en Cataluña, estableciendo un marco plurianual, transparente y con mecanismos de control para garantizar la mejora de la asistencia jurídica gratuita.
Supone un compromiso institucional que reconoce la pérdida de poder adquisitivo de la abogacía del turno de oficio desde 2011 y las mejoras en la asistencia jurídica gratuita en Cataluña para 2026.
La Generalitat se compromete con la Abogacía catalana a incrementar la dotación presupuestaria destinada a la asistencia jurídica gratuita en 5.700.000 € anuales durante cuatro años (2026-2029), con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2011, estimada en un 31% (22.800.000 €), reconociéndose así la necesaria dignificación de la abogacía que durante 365 días del año, 24 horas al día, prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita.
Por otro lado, resulta necesario que año tras año se suscriba un convenio con mejoras necesarias en módulos ya existentes, en la creación de nuevos módulos y sobre todo en recuperar el IPC anual, para que no vuelva a repetirse una situación como la actual. Todo ello va a ser posible gracias al Convenio suscrito para 2026, en el que resumidamente ahora pasaremos a exponer:
• Establecimiento de nuevos turnos de guardia de extranjería, la ampliación de la dotación de abogados en otros turnos de penal y violencia sobre la mujer (VIDO) en diferentes partidos judiciales y la reivindicación de nuevas dotaciones de abogados en forma de adenda si fuera necesario tras la implementación de la comarcalización y de los tribunales de instancia, a título de ejemplo, tenemos Cervera i Balaguer, Vilafranca del Penedés i Vilanova i la Geltrú.
• Reordenación y ampliación de módulos, incluyendo la creación de nuevos módulos como el de doble condición de acusación y defensa penal, reconvención civil y mercantil, conciliación previa laboral, comparecencia prevista en el art. 505 LECr, y actuación en expedientes previos al desamparo de menores. Este último no solo es un módulo nuevo sino una reivindicación histórica de la abogacía, un acompañamiento legal gratuito durante todo el proceso administrativo, reforzando la protección de los niños, niñas y adolescentes en un proceso de desamparo.
• Modificación de módulos actuales, en las ejecuciones de resoluciones judiciales, de modo que se genera derecho a compensación si ha transcurrido más de un año desde la sentencia o resolución que pone fin al procedimiento, o cuando se produce la designación de un nuevo abogado. Antes debían transcurrir dos años.
Mejoras para un servicio de más calidad
Estas mejoras buscan adaptar la compensación a la carga real de trabajo y a la complejidad de las actuaciones, incentivando la especialización y la calidad en la prestación del servicio.
Además, se prevé la posibilidad de revisión y actualización de los importes hasta un 2,5% adicional, correspondiente al IPC de 2025, mediante una adenda a suscribir durante el primer trimestre del año 2026. Se ha diferido en el tiempo dicho importe, ya que para su abono es necesario detallar aquellos importes presupuestados en 2025, que estaban incluidos en la partida de 8 millones de euros conveniados en abril de 2025; la gran parte no utilizados por la paralización de las demandas judiciales derivado de la Ley 1/2025 y los MASC.
Todo ello hace en resumen que durante 2026 ya pueda obtenerse en la actualización de los módulos un 10% de recuperación entre el IPC de 2025 y el primer plazo anual de recuperación de poder adquisitivo, fondos finalistas que van a la mejora directa de los módulos y actuaciones de la abogacía de oficio.
La digitalización es uno de los ejes estratégicos del nuevo convenio. Se consolida la obligatoriedad de tramitar electrónicamente todos los expedientes de solicitud de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita. La aplicación AJG se convierte en la herramienta central para la gestión, control y compensación económica, permitiendo una mayor agilidad, trazabilidad y transparencia en el proceso.
La especialización de los abogados de oficio es otro de los pilares del convenio. Dignifica a los profesionales que prestan el servicio en turnos específicos (violencia sobre la mujer, extranjería, menores, penitenciario) que cuenten con formación específica y/o acrediten experiencia profesional en la materia. El CICAC y los colegios de abogados son responsables de aprobar y supervisar los programas de formación, en colaboración con el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
El nuevo convenio para la asistencia jurídica gratuita en Cataluña en 2026 representa un avance significativo en la consolidación de un sistema más justo, eficiente y adaptado a las necesidades de la ciudadanía y de los profesionales.
La actualización de los módulos de compensación, la digitalización de la gestión, la apuesta por la calidad y la especialización, y el refuerzo de la transparencia y la protección de derechos, configuran un marco de referencia.
Todo ha sido posible gracias a la escucha, el diálogo y la empatía en la necesaria colaboración entre el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya y la Abogacía Catalana.
Es un punto de partida hacia nuevos módulos, el incremento de los actuales y la necesaria revisión año a año de todo aquello que es necesario para que la carga de trabajo que se realiza a diario esté debidamente reconocida.
Seguimos!