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Cuando compramos un móvil nuevo sabemos que tenemos como mínimo dos años de garantía. Pero quizá no seamos conscientes de que este período de garantía se deriva de una normativa europea. También proviene de Europa la norma que obliga a que los establecimientos indiquen el precio de un alimento por kilos o litros. La posibilidad de utilizar nuestra tarifa de telefonía móvil en otros países de la UE sin recargo (el conocido roaming). O la regulación de la calidad del aire que respiramos o del agua embotellada, las garantías de los viajes combinados, la protección de las compras online…  Y es que, como apunta Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, “la UE está en todas partes”.

El derecho de la UE “tiene mucha presencia en nuestra vida y actividad social y profesional”, subraya. Desde luego, mucho más de lo que podríamos imaginar. Según datos del Parlamento Europeo, el 65% de las leyes que aprobó en 2020 el Congreso de los Diputados procede, de una forma u otra, de las decisiones adoptadas en Bruselas. Se trata de iniciativas mayoritariamente relacionadas con las consecuencias derivadas de la pandemia del Covid-19, pero también con áreas diversas, desde el derecho laboral a la agricultura y la alimentación. Este dato es otro ejemplo de la incidencia que tienen en nuestro día a día las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo, aunque muchas veces no nos demos cuenta de ello.

Como señala Juan Ignacio Navas, socio del despacho Navas & Cusí, “cada vez estamos más regulados por la UE”. La incidencia de la normativa europea en la española “es superrelevante, y cada día más”. Y aunque la ciudadanía no siempre es consciente “de la supremacía del derecho europeo”, también hay una parte de la población que sí lo conoce. De hecho, destaca el abogado, España es el país “que más quejas ha presentado a la Comisión Europea por incumplimiento de directivas comunitarias”.

Las Directivas tienen que trasponerse al ordenamiento jurídico de los estados miembros. Si el Estado no la traspone, el ciudadano que se considere afectado puede reclamar por responsabilidad patrimonial. Pero Mangas aclara que “no se pueden reclamar daños por la mera no trasposición”, sino que se debe motivar “judicialmente la relación de causalidad entre la no trasposición y el daño producido”. Es la aplicación del principio de eficacia directa con relación a las directivas. “Somos el farolillo rojo” en este ámbito, sentencia. Aplicación del principio de eficacia directa con relación a las directivas.

¿Y qué ocurre cuando existe conflicto entre una norma europea y una española? “En caso de conflicto, la directiva europea prevalece sobre la nacional. En caso de oposición de un estado miembro (a una directiva), dictamina el Tribunal de Justicia de la UE”, explica Navas. Por su parte, Mangas aclara que esta prevalencia de la normativa comunitaria se produce “si es un ámbito de conflicto entre una norma europea y una española”. Es lo que se conoce como ‘principio de supremacía’ del Derecho Comunitario sobre el derecho interno de los países miembros.

Un principio de supremacía que se ve en ejemplos como el etiquetado de alimentos, bebidas,  cosméticos e, incluso, eficiencia energética de los electrodomésticos, unificados para proteger la salud y seguridad de los consumidores de la UE.




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