La inteligencia artificial está modificando la forma de trabajar de los profesionales del Derecho. La revisión de contratos, el análisis de grandes volúmenes documentales y la preparación de borradores son algunas de las tareas que ya pueden agilizarse mediante estas herramientas. Sin embargo, su incorporación no garantiza por sí sola una mayor productividad ni una mejor calidad del servicio: exige formación, controles y una supervisión profesional constante. Así lo analiza Antonio Serrano Acitores, abogado, doctor en Derecho y profesor de Derecho Mercantil, en un artículo publicado en el blog de Prudencia.ai, plataforma especializada en inteligencia artificial jurídica.
El experto considera que la IA generativa puede aportar un valor significativo en actividades repetitivas y con un elevado volumen de información. Entre sus aplicaciones destaca la extracción de datos de documentos, el resumen de expedientes y sentencias, la comparación de distintas versiones de contratos y la elaboración inicial de comunicaciones, actas o cláusulas habituales.
Por ejemplo, revisar una cartera de contratos para localizar cláusulas de exclusividad, resolución anticipada o cambio de control puede pasar de requerir varios días de trabajo a completarse en unas horas. No obstante, esa reducción de tiempo solo resulta útil si los resultados se comprueban antes de utilizarlos. Serrano Acitores define estas herramientas como un «copiloto para las tareas repetitivas y voluminosas», pero advierte de que no deben sustituir el juicio jurídico en asuntos complejos o novedosos.
El reto de formar a los nuevos abogados
Uno de los efectos menos visibles de esta transformación afecta a la formación de los profesionales que comienzan su carrera. Tradicionalmente, buena parte del aprendizaje de los abogados júnior se producía mediante tareas como buscar jurisprudencia, revisar documentación y preparar borradores bajo la supervisión de compañeros con más experiencia. Precisamente, son actividades que ahora puede realizar la inteligencia artificial.
El riesgo, según el autor, es que los nuevos profesionales aprendan a obtener respuestas rápidamente, pero no desarrollen la capacidad necesaria para detectar errores o valorar críticamente la información. Por ello, defiende combinar las competencias digitales con una sólida formación jurídica: lectura directa de las normas y sentencias, argumentación, redacción y conocimiento profundo de cada especialidad.
A estas capacidades se suman el pensamiento crítico, la verificación de resultados, la negociación y la comprensión del negocio del cliente. El objetivo no es competir con la máquina en velocidad, sino saber cuándo utilizarla y cuándo cuestionar sus respuestas.
Verificar antes de utilizar cualquier resultado
La responsabilidad profesional continúa correspondiendo al abogado, incluso cuando una herramienta de IA haya intervenido en la elaboración de un documento. Serrano Acitores insiste en que «la responsabilidad profesional frente al cliente y frente al tribunal corresponde siempre al abogado».
Por ello, propone establecer un protocolo de revisión con varios controles. El primero consiste en comprobar las fuentes originales: no basta con que una sentencia o una norma citada exista, sino que debe verificarse que su contenido respalda realmente la afirmación y que continúa vigente. También es necesario revisar el razonamiento, adaptarlo a los hechos del asunto y comprobar que no contiene información ajena al caso.
La confidencialidad constituye otro punto esencial. Introducir datos de clientes en herramientas generalistas sin garantías sobre su almacenamiento, reutilización o acceso puede comprometer el secreto profesional y la protección de datos. El artículo recomienda recurrir a soluciones con garantías contractuales, cifrado y control sobre la ubicación y eliminación de la información. Siempre que sea posible, conviene anonimizar o seudonimizar los datos.
Implantar la IA con objetivos medibles
La adopción de estas tecnologías no depende únicamente de elegir un buen programa. También requiere cambios organizativos: identificar las tareas adecuadas, formar a los equipos, establecer qué herramientas están autorizadas y determinar quién supervisa su utilización.
Para evitar inversiones poco eficaces, el autor propone comenzar con proyectos limitados y evaluar sus resultados. La productividad puede medirse comparando el tiempo dedicado a una tarea antes y después de incorporar la herramienta; la calidad, mediante los errores detectados y las correcciones necesarias; y la rentabilidad, teniendo en cuenta el coste de las licencias, la formación y el ahorro obtenido.
Prudencia.ai plantea incluso un plan inicial de 30 días: preparar una prueba concreta durante la primera semana, formar al equipo y trabajar con asuntos reales en las dos siguientes, y evaluar los resultados en la última. La decisión de ampliar el proyecto debe basarse en datos, no en expectativas.
La elección de una solución Legaltech también exige analizar su precisión jurídica, seguridad, integración con los sistemas del despacho, coste total y solvencia del proveedor. Una demostración comercial no sustituye a una prueba con documentos y necesidades reales.
En definitiva, la inteligencia artificial puede liberar tiempo y mejorar determinados procesos, pero no elimina la necesidad de criterio, experiencia y responsabilidad. Como resume Serrano Acitores, «solo el abogado puede decidir». El futuro de los despachos dependerá de su capacidad para combinar tecnología, rigor jurídico y supervisión humana.
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