La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en un factor con capacidad para determinar la competitividad y continuidad de las empresas. Su incorporación plantea oportunidades, pero también importantes desafíos para las compañías familiares, especialmente por su particular cultura empresarial y sus estructuras de gestión. Así lo analizan CECA MAGÁN Abogados en su blog, en un artículo elaborado por Laura Guillén y Francisco Javier Cuesta, del área laboral del despacho.
Los autores parten de una realidad: las pymes representan aproximadamente el 99,8% del tejido empresarial español y, dentro de ellas, las empresas familiares afrontan un reto especialmente relevante ante la expansión de estas herramientas. Según explican Guillén y Cuesta, los avances recientes permiten prever que la inteligencia artificial puede convertirse en “una auténtica línea divisoria entre aquellas empresas que van a sobrevivir y adaptarse al mercado, y aquellas que quedarán ancladas en el pasado”.
El cambio no consiste únicamente en utilizar puntualmente una herramienta de IA, sino en integrarla realmente en los procesos internos. Desde el punto de vista laboral, CECA MAGÁN señala que su utilización puede facilitar la selección de personal mediante criterios objetivos, la organización de turnos, la detección de necesidades formativas, el análisis del rendimiento, la reducción de tareas administrativas o la previsión de la demanda y gestión de inventarios.
Sin embargo, la automatización no elimina la responsabilidad empresarial. Guillén y Cuesta advierten de que la inteligencia artificial “no viene a sustituir al poder de dirección del empresario”, sino que lo somete a un nivel de sofisticación mucho mayor. Esto implica que las decisiones adoptadas con apoyo de algoritmos deben poder explicarse, documentarse y defenderse.
La supervisión humana adquiere así un papel esencial. Los autores consideran conveniente que exista una “revisión humana real y documentada” de la información proporcionada por estos sistemas, tanto para comprobar que se han aplicado criterios objetivos como para detectar posibles errores o sesgos. Además, recuerdan que valores como la comprensión y la empatía continúan siendo especialmente relevantes cuando las decisiones afectan directamente a trabajadores.
La transformación tecnológica puede encontrar, además, obstáculos particulares en las empresas familiares. Entre ellos aparecen el apego a las formas tradicionales de trabajar, la brecha tecnológica de parte de las plantillas, la falta de profesionales especializados o el temor a perder el control sobre la toma de decisiones. A ello se suma otro problema: una IA necesita datos ordenados y accesibles para funcionar correctamente, por lo que la dispersión de información puede limitar sus resultados.
La incorporación de estas herramientas también genera nuevas obligaciones legales. Laura Guillén y Francisco Javier Cuesta recuerdan que el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial establece, en su artículo 4, la obligación de garantizar que los trabajadores dispongan de un nivel suficiente de alfabetización en materia de IA, con independencia del tamaño de la compañía. Las empresas deberán, por tanto, desarrollar acciones de formación y concienciación adaptadas a los diferentes puestos y dejar constancia de ellas.
Asimismo, cuando los sistemas de inteligencia artificial puedan afectar a las condiciones laborales o al acceso y mantenimiento del empleo, la representación legal de los trabajadores deberá recibir información sobre los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan esos algoritmos. Como recuerdan los autores, la empresa debe poder explicar “la lógica del sistema, los datos empleados, los parámetros y el impacto de la herramienta”.
Para CECA MAGÁN, la IA ofrece numerosas oportunidades a las empresas familiares, pero su implantación exige analizar previamente sus riesgos, necesidades y obligaciones. La tecnología puede convertirse en una herramienta decisiva para mejorar la eficiencia y asegurar la adaptación al mercado, siempre que su utilización vaya acompañada de formación, supervisión humana y garantías jurídicas.
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