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Diego Fierro Rodríguez

 

I. La puerta que nadie esperaba que llamase

Hay profesiones que existen en los intersticios del derecho, en aquellos espacios donde la normativa encuentra su límite y la sociedad descubre una necesidad no satisfecha. Los genealogistas sucesorios —a quienes la ligereza popular denomina "cazadores de herencias"— habitan uno de esos territorios, como se pudo ver en un reportaje de El Español hace unos días. Su trabajo comienza donde termina la certeza: cuando un propietario fallece sin testamento, sin herederos conocidos, sin dejar más que un piso vacío, cuotas impagadas y la incertidumbre de una comunidad de vecinos que ignora quién responderá por los daños que se avecinan.

Guillermo Navarro, socio del despacho Navarro y Navarro de Madrid, lo explica con la pausa de quien ha repetido esta escena innumerables veces. "Venimos a hablarle de una herencia". La frase, pronunciada al otro lado de una puerta cerrada, despierta reacciones predecibles: desconfianza, sospecha, rechazo. En tiempos de estafas telefónicas y correos electrónicos fraudulentos prometiendo fortunas inexistentes, la aparición física de un desconocido anunciando un beneficio inesperado resulta, cuanto menos, inquietante.

Sin embargo, el trabajo de estos profesionales responde a una lógica perfectamente regulada. La sucesión intestada —aquella que se produce sin testamento— sigue un orden de llamamiento establecido en el Código Civil: descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales hasta el cuarto grado. Cuando ningún pariente cercano es conocido, los bienes quedan en situación de vacancia sucesoria, generando problemas que trascienden la esfera privada: edificios que se deterioran, impuestos que no se pagan, conflictos vecinales que no encuentran interlocutor válido.

II. La genealogía como técnica jurídica

El método de trabajo de estos despachos combina la investigación genealógica con la práctica notarial y registral. "Partimos de la defunción y vamos haciendo el árbol genealógico", explica Guillermo Navarro. El proceso retrocede generacionalmente: padres, abuelos, bisabuelos; hermanos, tíos, primos, sobrinos; cada rama explorada hasta agotar las posibilidades del cuarto grado de parentesco que marca el límite legal de la vocación hereditaria.

La mitad del personal de estos despachos no son abogados, sino investigadores especializados en archivos. El trabajo de campo resulta indispensable: registros civiles parroquiales, archivos municipales, libros de familia, partidas de bautismo, actas de matrimonio y defunción. La digitalización ha facilitado el acceso a documentación reciente, pero la mayoría de los casos exige remontarse a finales del siglo XIX, cuando la inscripción registral era menos sistemática y los documentos subsisten en depósitos polvorientos de difícil acceso.

La Ley de Protección de Datos impone límites razonables. Los registros públicos son consultables, pero la información reciente queda protegida. Esta frontera legal obliga a una investigación creativa, a la reconstrucción de itinerarios migratorios, a la localización de descendientes dispersos por el exilio o la emigración económica. Los archivos de la Guerra Civil y del franquismo, los registros de refugiados en Francia, los consulados españoles en América Latina, constituyen fuentes documentales que requieren expertise específico.

III. El tiempo de la sucesión: plazos y prescripciones

La investigación genealógica no puede extenderse indefinidamente. El derecho a reclamar una herencia prescribe a los treinta años, conforme al artículo 1963 del Código Civil, siempre que el caudal relicto incluya bienes inmuebles. Este plazo, considerado por la jurisprudencia como una acción real sobre bienes inmuebles, comienza a computarse desde que el poseedor aparente exterioriza su intención de hacerlos propios, comportándose como dueño y negando a los demás el carácter de herederos.

La distinción entre la acción de petición de herencia y la acción de partición resulta crucial para comprender la estrategia procesal de estos despachos. Mientras la primera prescribe en treinta años, la segunda es imprescriptible entre coherederos, conforme al artículo 1965 del Código Civil. Cuando se localizan múltiples herederos de un mismo causante, la acción de partición permite distribuir el patrimonio sin que el paso del tiempo extinga el derecho, aunque la prescripción adquisitiva extraordinaria —la usucapión— pueda haber operado en favor de terceros poseedores.

La usucapión extraordinaria, regulada en los artículos 1955 y 1959 del Código Civil, permite adquirir el dominio mediante posesión pública, pacífica y no interrumpida durante seis años para bienes muebles y treinta para inmuebles, sin necesidad de justo título ni buena fe. La usucapión ordinaria, más exigente, exige justo título y buena fe, pero reduce los plazos a tres años para muebles y diez o veinte para inmuebles, según que los partes sean presentes o ausentes. El "justo título" debe ser verdadero y válido, aunque anulable, y siempre debe probarse: no se presume.

Esta compleja articulación de plazos y requisitos explica por qué los despachos de genealogía sucesoria priorizan la celeridad. Cada año de demora en la localización de herederos aumenta el riesgo de que la prescripción adquisitiva favorezca a poseedores indebidos, o que el deterioro de la finca reduzca el valor hereditario hasta hacerlo negativo.

IV. El modelo de negocio: comisión sobre resultado

La estructura económica de estos despachos responde a una lógica de riesgo compartido. "Trabajamos a comisión sobre la herencia recuperada", explica Guillermo Navarro. Este modelo, distinto de la minuta tradicional de los abogados, se impuso en los años setenta precisamente para superar la desconfianza inicial de los herederos contactados. Exigir honorarios por adelantado a personas que ignoraban la existencia del parentesco fallecido resultaba contraproducente; el acuerdo de porcentaje sobre el resultado final alinea los intereses del profesional y del cliente.

El porcentaje no es fijo: depende de la complejidad del caso, del número de herederos localizados, de la existencia de bienes inmuebles que requieran gestión y venta. Una herencia con pocos herederos próximos resulta más económica para los interesados que otra con cuarenta o cincuenta primos dispersos por varios continentes. El despacho asume el riesgo de la investigación infructuosa: si no se localizan herederos, o si la herencia resulta negativa por deudas o cargas superiores al valor de los bienes, no se percibe contraprestación alguna.

Esta estructura de incentivos explica la selectividad de los casos aceptados. "Hacemos una valoración de la herencia. Si vemos que es un saldo negativo, no se puede llevar", reconoce Navarro. La responsabilidad profesional impide promover litigios que perjudiquen a los herederos, aunque ello suponga renunciar a honorarios potenciales.

V. La función social: regularización patrimonial y reencuentro familiar

El impacto de este trabajo trasciende la esfera privada de las partes. Los profesionales colegiados que operan en este campo regularizan patrimonios sin titular que, de otro modo, dejarían de tributar, se deteriorarían y generarían conflictos en comunidades de propietarios y administraciones. La conversión de bienes vacantes en patrimonios activos, con herederos identificados y responsables, constituye una contribución al ordenamiento económico que raramente se reconoce.

Pero hay una dimensión menos tangible, igualmente significativa: la reconstrucción de lazos familiares interrumpidos. Mercedes Zurrón Vilariño, del despacho Coutot-Roehrig, recuerda el caso de un heredero de Girona que había perdido a su madre de niño y cuyo vínculo con la familia paterna se había extinguido. La herencia le devolvió una parte de su historia, y cada Navidad continúa escribiendo al despacho para agradecerlo.

Victorio Heredero Gascueña, del mismo despacho, narra un expediente que comenzó en Asturias y terminó en Crimea. Un causante fallecido en Madrid, padres combatientes en la Guerra Civil, familia represaliada, una tía que huyó a Francia y terminó en la Unión Soviética como "niña de la guerra". La investigación localizó a una descendiente en Crimea, muy mayor, que nunca supo qué había sido de su familia española. La herencia era modesta; lo que ella solicitó fueron documentos, fotografías, papeles de la guerra para reconstruir la memoria perdida.

Estos reencuentros no son excepcionales. "Nos han pasado muchos casos de familias que no se trataban desde hacía décadas", recuerda Guillermo Navarro. Las citas notariales para la firma de documentos de partición se convierten en ocasiones de reconciliación, en abrazos entre primos desconocidos, en lágrimas compartidas por una historia recuperada.

VI. El perfil del causante: soledad y emigración

Quienes fallecen sin testamento y sin herederos conocidos comparten ciertos rasgos sociológicos. "Mayormente suelen ser personas solteras", señala Navarro. "Un porcentaje un poquito superior son mujeres". Residen en grandes ciudades —Madrid, Barcelona, Málaga— pero proceden de familias originarias de pueblos del interior que emigraron en busca de oportunidades, perdieron el vínculo con sus parientes y construyeron vidas autónomas, a menudo solitarias en sus últimos años.

Esta geografía de la soledad explica la proliferación de despachos especializados en las últimas décadas. La atomización familiar, la longevidad creciente, la ausencia de descendientes, generan un stock de bienes sin titular que requiere intervención profesional para su reintegración al circuito económico. La emigración de los años sesenta y setenta —hacia Argentina, Venezuela, México, Francia— ha creado una diáspora de potenciales herederos que solo la investigación genealógica internacional puede localizar.

Nuno Fernandes, genealogista jefe de ADD Associés para la península ibérica y países lusófonos, opera desde Madrid pero con alcance mundial. Recuerda un caso que comenzó en París, con un causante italiano y una fortuna de varios millones, y terminó en Inglaterra con un cartero de treinta años que ignoraba que su padre había fallecido. El hijo, fruto de un matrimonio disuelto durante su adolescencia, recibió una herencia que "le cambió toda la vida", pero también la información sobre sus orígenes, su doble nacionalidad, la tumba que podía visitar en Francia.

VII. La desconfianza como obstáculo cultural

El principal enemigo de estos profesionales no es la complejidad jurídica, sino la suspicacia cultural. "La reacción más frecuente es la desconfianza", admite Fernandes. La frase "tiene usted una herencia" ha sido prostituida por timadores que exigen pagos anticipados para liberar fondos inexistentes. Los despachos legítimos deben construir su credibilidad mediante la demostración de conocimientos específicos: la reconstrucción del árbol genealógico, la mención de fechas y lugares que no pueden haberse inventado, la presentación de convenios con colegios de administradores de fincas y otras instituciones reconocidas.

Las escenas de rechazo son frecuentes: puertas que no se abren, teléfonos que se cuelgan, insultos —"estafador", "ladrón"— que luego se convierten en disculpas cuando la documentación acredita la veracidad de la propuesta. Fernandes recuerda haber sido interceptado por la policía en alguna ocasión, cuando un heredero alarmado solicitó protección ante la aparición de un desconocido anunciando fortunas.

La persistencia resulta indispensable. El despacho Coutot-Roehrig recuerda el caso de un hijo que insultó por teléfono al investigador que llamaba a la residencia de su madre casi centenaria, acusándolo de querer robarle el dinero. Días después, el mismo hombre firmaba los documentos necesarios; meses después, heredaba como único descendiente tras el fallecimiento de la progenitora.

VIII. La función social reconocida

Más allá de los beneficios individuales, la actividad de estos despachos cumple una función que el ordenamiento jurídico no logra satisfacer por sí solo. La sucesión intestada de bienes inmuebles genera externalidades negativas: deterioro del parque edificado, pérdida de recursos fiscales, conflictos vecinales y ocupaciones indebidas (con la consiguiente aparición de okupas). La intervención privada de profesionales que asumen el coste de la investigación y la gestión, a cambio de una participación en el resultado, constituye un mecanismo de mercado que corrige fallas del sistema sucesorio.

La comparación con sistemas alternativos resulta ilustrativa. En algunos países, los bienes vacantes revertirían al Estado tras un plazo de prescripción, o serían gestionados por administraciones especiales para la sucesión. El modelo español, basado en la iniciativa privada y el derecho de los colaterales remotos, preserva la propiedad familiar pero exige una investigación activa que raramente emprenden los herederos por sí mismos.

Los "cazadores de herencias", lejos de ser meros especuladores, aparecen así como intermediarios necesarios entre el derecho y la realidad, entre la norma que establece una vocación hereditaria y la persona ignorante de su existencia. Su trabajo combina la erudición archivística, la destreza investigativa, la capacidad de gestión patrimonial y, no pocas veces, la sensibilidad psicológica para gestionar el reencuentro con una historia familiar inesperada.

IX. Conclusión

La genealogía sucesoria constituye una profesión del siglo XXI nacida de las disfunciones del siglo XX: la emigración masiva, la ruptura de lazos familiares, la longevidad sin descendencia, la acumulación de patrimonios inmuebles sin plan sucesorio. Quienes la ejercen operan en un territorio de transición entre lo público y lo privado, entre el archivo y el mercado, entre la memoria y el dinero.

Su función social resulta doble: por un lado, la regularización de bienes que de otro modo permanecerían en el limbo jurídico, generando costes para la comunidad; por otro, la reconstrucción de identidades familiares dispersas por la historia, el exilio, el olvido. Entre el lucro legítimo y el servicio a los herederos, estos profesionales han construido un modelo de negocio que alinea incentivos económicos con resultados socialmente deseables.

La puerta que cierra un heredero desconfiado hoy puede ser la misma que, mañana, se abra para la firma de una partición que devuelva a la familia su historia y a la sociedad un bien productivo. En esa transición reside el verdadero trabajo de quienes, con mayor o menor fortuna, continúan llamando a timbres y esperando que alguien abra.