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  • El Alto Tribunal desestima el recurso del Ayuntamiento y avala la existencia de una “vía de hecho” tras más de una década de litigios

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ CLM) ha confirmado una indemnización superior a 259.000 euros más intereses a favor de ASOCAMAN – PRE, Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española de Castilla La Mancha, representada por Caballero & Fuentes Abogados, tras desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina en un procedimiento contencioso-administrativo que se ha prolongado durante más de una década.

La sentencia ratifica íntegramente la resolución de instancia, al considerarla ajustada a Derecho, y condena en cos tas a la Administración, reforzando la solidez jurídica del fallo.

El procedimiento, iniciado en 2012, ha requerido tres litigios sucesivos hasta lograr el reconocimiento definitivo de los derechos del cliente, en un caso es pecia lm ente complejo tanto por s u duración como por la naturaleza de los hechos.

El Tribunal avala el criterio de instancia al considerar que la Administración actuó sin seguir el procedimiento legalmente establecido, incurriendo en lo que jurídica mente se conoce como “vía de hecho”.

En concreto, ejecutó actuaciones materiales como el cambio de cerraduras, el desalojo y la demolición de instalaciones del Centro Hípico del que ASOCAMAN era titular sin procedimiento legal alguno, lo que motivó la reclamación por responsabilidad patrimonial. De ese modo, el Ayuntamiento incumplió de las obligaciones que se derivaban del convenio de colaboración que permitió erigir dicha instalación, así como realizaba actuaciones que generaban una responsabilidad añadida que la Sentencia de instancia denominó “extra convencional”.

Asimismo, la sentencia subraya el carácter des proporcionado de las medidas adoptadas, especialmente teniendo en cuenta que pretendieron justificarse en una paralización de la actividad meramente temporal, llegando incluso a ejecutarse la demolición de instalaciones vincula das a una inversión público -privada superior a 600.000 euros.

Rodrigo Caballero, socio director de Caballero & Fuentes Abogados, señala que “no se trata solo de ganar un procedimiento, sino de restituir una situación injusta. Este tipo de resoluciones también envían un mensaje claro sobre los límites de la actuación administrativa”.

Con esta resolución, el despacho consolida un relevante caso de éxito en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, tras un proceso de alta complejidad jurídica y prolongada duración.