El despacho explica que el Código Penal español no tipifica expresamente la figura del testaferro. En otras palabras, "el Código Penal no castiga «ser testaferro»", sino que persigue la participación en los delitos que dicha actuación facilita. Según la fuente, "lo que castiga es participar en el delito que el testaferro ayuda a cometer: blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, falsedad documental o delito fiscal, entre otros".
Un testaferro es la persona que presta su identidad para aparecer formalmente como titular de bienes, sociedades, contratos o cuentas que en realidad pertenecen o son controlados por otra persona. Esta figura suele aparecer en investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y otras formas de delincuencia económica.
Según destaca Pardo Geijo Abogados como fuente, la clave para determinar la responsabilidad penal no es tanto la apariencia formal como el grado de conocimiento que tenía quien prestó su nombre. "Lo que decide la responsabilidad es lo que el testaferro sabía", señala el despacho, que añade que no se encuentra en la misma situación quien firma sin conocer el origen de determinados fondos que quien es plenamente consciente del objetivo de su intervención.
La publicación recuerda que una persona puede responder como autor, cooperador necesario o cómplice del delito principal. En los casos más graves, la consecuencia jurídica puede ser idéntica a la del responsable directo. Como subraya el despacho, quien coopera de forma imprescindible puede ser castigado "con la misma pena que quien le utilizó".
Entre los delitos en los que con mayor frecuencia aparece esta figura destaca el blanqueo de capitales. El artículo analiza cómo las cuentas bancarias, sociedades o propiedades puestas a nombre de terceros suelen emplearse para ocultar el origen ilícito de determinados fondos. En estos supuestos, las penas pueden alcanzar los seis años de prisión, además de importantes sanciones económicas.
La utilización de testaferros también resulta habitual en los delitos de alzamiento de bienes, cuando una persona intenta poner parte de su patrimonio fuera del alcance de acreedores o embargos. Asimismo, la figura aparece en supuestos de falsedad documental y fraude fiscal, especialmente cuando el uso de personas interpuestas dificulta identificar al verdadero responsable de las obligaciones tributarias.
Otro de los aspectos destacados en el análisis es que figurar formalmente como administrador de una sociedad no exime de responsabilidad alegando que las decisiones las tomaba otra persona. El despacho recuerda que quien aparece como administrador puede responder personalmente por los delitos cometidos a través de la empresa, mientras que quien actuaba realmente en la sombra también puede ser perseguido como administrador de hecho.
Respecto a la defensa jurídica de quienes se ven envueltos en este tipo de investigaciones, la fuente señala que uno de los debates centrales suele girar en torno al conocimiento real de los hechos. "La acusación tiene que probar que el testaferro sabía, o al menos que asumió el riesgo de saber", sostiene el despacho.
El artículo también recuerda la importancia que los tribunales conceden a elementos como quién controlaba realmente las cuentas, quién daba instrucciones, qué documentos se firmaron o qué beneficio obtuvo la persona investigada. Incluso advierte de que la denominada "ignorancia deliberada" puede impedir que alguien alegue desconocimiento cuando existían indicios claros que debieron despertar sospechas.
En conclusión, la principal advertencia lanzada por Pardo Geijo Abogados es que la figura del testaferro no es ilegal en sí misma, pero puede convertirse en una vía de acceso a responsabilidades penales muy severas cuando se emplea para ocultar patrimonio, dinero o actividades ilícitas. "Ser testaferro no es delito en sí, pero quien presta su nombre puede responder por blanqueo, alzamiento o delito fiscal con la misma pena que el autor", resume el despacho.
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