Según expone el abogado penalista, el artículo 31 quater del Código Penal contempla únicamente cuatro vías para que una empresa pueda obtener una reducción de pena una vez cometido el delito. Se trata de la confesión temprana, la colaboración con la Justicia mediante pruebas relevantes, la reparación del daño causado y la implantación de medidas eficaces de prevención antes del juicio oral.
Una de las ideas centrales del análisis es que estas posibilidades constituyen una lista cerrada. Como recuerda Víctor Ávila Martínez, el artículo 31 quater establece que "«sólo» podrán considerarse atenuantes de la persona jurídica cuatro actividades", una redacción que, en palabras del autor, impide invocar otras circunstancias atenuantes previstas para personas físicas.
La primera de esas opciones es la confesión del delito ante las autoridades. Sin embargo, no basta con reconocer los hechos en cualquier momento. El autor explica que la empresa debe comunicar la infracción "antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella". Una vez recibida la citación como investigada, esta vía deja de estar disponible.
La segunda posibilidad consiste en colaborar con la investigación aportando información relevante. No se trata simplemente de atender requerimientos judiciales, sino de ofrecer materiales que permitan esclarecer responsabilidades penales y que resulten realmente novedosos para la causa. Según destaca la publicación, la ley premia a la empresa que contribuya con "pruebas nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales".
Otra de las atenuantes previstas es la reparación del daño. En este ámbito, la legislación permite reducir la pena cuando la sociedad compensa económicamente a los perjudicados o disminuye los efectos del delito antes del inicio del juicio oral. El análisis recoge incluso una referencia expresa del Tribunal Supremo, que ha señalado que "la atenuante cualificada de reparación es predicable también de la persona jurídica. No cabe duda".
El cuarto supuesto se refiere a la adopción de medidas eficaces para evitar que hechos similares vuelvan a producirse. Se trata de la implantación de programas de compliance o sistemas de prevención penal una vez descubierto el delito. No obstante, el artículo recuerda que estas actuaciones ya no pueden eximir de responsabilidad, sino únicamente reducir la sanción. Como resume Víctor Ávila Martínez, "sirve para atenuar, no para eximir".
El autor insiste además en que la eficacia de esas medidas debe acreditarse de forma real y documentada. "La palabra que decide es «eficaces»", señala el letrado, advirtiendo de que un programa elaborado apresuradamente para presentarlo ante el tribunal difícilmente producirá efectos favorables.
La publicación también detalla que cada una de estas atenuantes está sometida a plazos específicos y exige pruebas concretas. La confesión debe producirse antes de que la sociedad tenga conocimiento formal de la investigación; la colaboración puede plantearse durante cualquier fase del proceso; mientras que la reparación del daño y las medidas preventivas solo serán válidas hasta el comienzo del juicio oral.
En cuanto a los efectos prácticos, el análisis recuerda que una sola atenuante puede rebajar la pena hasta su mitad inferior, mientras que la concurrencia de varias circunstancias o la apreciación de una especialmente cualificada puede conducir a reducciones todavía mayores. Estas rebajas afectan tanto a las multas como al resto de sanciones que pueden imponerse a una empresa condenada.
En definitiva, la principal conclusión que extrae Víctor Ávila Martínez es que la reacción de una sociedad tras descubrirse un delito puede resultar determinante para su futuro procesal. Como resume el propio autor, las atenuantes del artículo 31 quater no valoran cómo era la empresa antes de los hechos, sino la respuesta ofrecida una vez que la infracción ya se ha producido.
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