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Hace más de una década que la actividad judicial en Baleares adquirió una nueva dimensión. Ruedas de prensa, filtraciones y declaraciones pusieron a los Tribunales en el foco mediático y social. Desconozco qué debía de rondar por la cabeza a quien se le ocurrió convertir Vía Alemania y Can Berga en escenarios de un reality show, pero me da la sensación de que no se calibraron suficientemente todas las consecuencias.

Cuando uno lanza un boomerang ha de ser consciente de que puede tener camino de retorno, y, en este caso, el daño causado con la pena del Telediario a todas las personas que han ocupado titulares en los medios de comunicación -sobretodo a las que posteriormente han sido absueltas o simplemente no acusadas- se está volviendo contra la propia judicatura, fiscalía e incluso abogacía.

Que la prensa tenga la vista puesta sobre los casos judiciales que más relevancia social pueden adquirir tiene su parte buena y su parte mala. Es bueno porque, en un estado social y democrático de Derecho, es conveniente que los ciudadanos conozcan de la actividad de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En cierto modo, es una acción de control popular. La parte mala es que este control popular, que no siempre es ejercido en observancia de los principios del Derecho Penal tan trabajados por la doctrina y la jurisprudencia, ejerce una presión hacia el instructor, el acusador, el defensor y el juzgador como si de un plató de MYHYV o Sálvame se tratara. No es que quiera criticar a los medios de comunicación, pero seguro que mis compañeros de la abogacía me secundarán cuando digo que lo publicado no es siempre toda la información que está en los autos o sumarios de instrucción. Así pues, no queda más remedio que seguir el refrán de que la mujer del César además de honrada tiene que parecerlo.

Al Tribunal Superior de Justicia le ha tocado la labor de resolver si se tenía que apartar o no al juez Manuel Penalva de la instrucción del Caso Playa de Palma. Me gustaría saber qué hubiera sido diferente en la instrucción del caso si no hubiera existido la presión mediática que ha habido. Pero lo cierto es que, llegados a este punto, la decisión que ha tomado el órgano que dirige Antonio Terrasa parece la más sensata. No sé si ha pesado más en la decisión las pruebas de falta de imparcialidad o el qué dirán. Lo que sí está claro es que si se hubiera decidido no remover a Penalva, las acusaciones de corporativismo y amiguismo hubieran sido notables. Ante la duda, es normal que optaran por esta vía en aras de intentar mantener un mínimo de credibilidad de cara a una sociedad que hoy en día ha perdido el respeto a todo.




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