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La sentencia núm. 418/2026, dictada ayer por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, constituye una de las resoluciones más relevantes en materia de corrupción pública de la historia reciente de España. Los hechos enjuiciados, desarrollados entre 2019 y 2022, giraron en torno a la utilización de la posición institucional del entonces ministro de Transportes para favorecer intereses privados a cambio de contraprestaciones económicas.

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