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Desde el pasado 5 de diciembre se encuentra en vigor la nueva Ley de Movilidad Sostenible, una norma que supone un cambio de paradigma en materia de transporte y que genera nuevos derechos y obligaciones en este área -también para las empresas privadas-, así como una oportunidad para las compañías del sector, que podrán asumir la puesta en marcha de  nuevos proyectos en desarrollo de sus preceptos durante los próximos años.
 
Uno de sus puntos fuertes es el reconocimiento del derecho a la movilidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico, instando a las administraciones públicas a facilitar su consecución para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. De hecho, el Preámbulo de la norma se refiere al nuevo derecho a la movilidad como «herramienta indispensable» para el ejercicio de otros derechos constitucionales como el derecho a la libre circulación, a la educación, al trabajo, a la protección de la salud o a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona.

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