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El reconocimiento de las pensiones de incapacidad permanente en casos de enfermedades crónicas invisibles, como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, continúa topándose con una fuerte resistencia administrativa por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Con frecuencia, los tribunales médicos desestiman estas solicitudes al considerar que los cuadros clínicos no impiden el desarrollo de tareas sedentarias o de escaso requerimiento físico, obligando a los trabajadores afectados a acudir a la vía judicial para defender sus derechos. Sin embargo, una reciente resolución en Madrid demuestra que el impacto conjunto de estas patologías invalida por completo para cualquier desempeño profesional. Así lo analiza Tania Pose en el blog de ABA Abogadas, subrayando cómo la justicia ha revocado el criterio denegatorio de la Administración para garantizar una prestación vitalicia acorde con la gravedad real de las dolencias.

El pronunciamiento emana de la plaza 19 del Tribunal de Instancia, Sección de lo Social de Madrid, que ha estimado íntegramente la demanda dirigida contra el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social. La afectada, una trabajadora de tan solo 45 años que desempeñaba funciones de administrativa de oficina, presentaba un complejo cuadro de pluripatología crónica integrado por fibromialgia severa, síndrome de fatiga crónica, migraña crónica y síndrome de piernas inquietas.

Desde el despacho especializado ABA Abogadas, la letrada Tania Pose destaca la trascendencia económica y reparadora del fallo obtenido en favor de la demandante: "declarando a nuestra clienta, de tan solo 45 años de edad, en situación de Incapacidad Permanente Absoluta, y reconociendo su derecho a percibir una pensión vitalicia correspondiente al 100% de su base reguladora con efectos económicos retroactivos desde la fecha en la que fue inicialmente denegada".

Uno de los aspectos más llamativos del expediente administrativo radicaba en la contradicción interna de la propia Seguridad Social. A pesar de que el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) había dejado constancia en su informe médico de síntesis de las severas limitaciones funcionales que sufría la trabajadora para afrontar tareas que exigieran esfuerzo intelectual, concentración y gestión del estrés, la entidad gestora resolvió denegar inicialmente la prestación bajo el argumento genérico de que las lesiones no alcanzaban la entidad suficiente para constituir una incapacidad permanente.

En sede judicial, la magistratura desmonta por completo dicha tesis administrativa tras examinar el alcance real de la sintomatología física y cognitiva de la empleada. En este sentido, desde el equipo jurídico de ABA Abogadas resaltan el núcleo de la fundamentación judicial que invalida la capacidad de trabajo incluso en puestos de oficina aparentemente livianos: "la combinación de dolencias físicas y psíquicas anula por completo la capacidad laboral de la trabajadora, impidiéndole el desempeño de cualquier profesión u oficio en el mercado de trabajo —incluso de tipo liviano o sedentario— al no poder mantener las exigencias mínimas de continuidad, rendimiento y eficacia".

En definitiva, esta sentencia sienta un precedente de enorme valor práctico para los afectados por enfermedades multisistémicas y dolor crónico, reafirmando que la capacidad laboral no puede evaluarse de forma fragmentada ni teórica, sino atendiendo a la posibilidad real de sostener una jornada ordinaria con profesionalidad y rendimiento efectivo.

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