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Durante décadas, poner fin a un vínculo matrimonial en España exigía inexorablemente acudir a los tribunales de justicia, con las consiguientes dilaciones derivadas de la sobrecarga de los juzgados de familia. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria, el ordenamiento jurídico permite tramitar la disolución del matrimonio directamente en una notaría siempre que exista pleno consenso entre las partes y se cumplan determinadas condiciones legales. Así lo analiza Carolina Torremocha en su blog, subrayando que esta vía extrajudicial ofrece exactamente los mismos efectos jurídicos que una sentencia judicial pero con una agilidad notablemente superior.

La posibilidad de acogerse al divorcio notarial está sujeta al cumplimiento estricto de una serie de presupuestos diseñados para proteger los intereses familiares. En primer lugar, resulta imprescindible que exista mutuo acuerdo entre ambos cónyuges y que hayan transcurrido al menos tres meses desde la celebración del enlace. Además, no pueden existir hijos menores de edad en común ni hijos con discapacidad que dependan de los progenitores; si hay hijos mayores de edad económicamente dependientes, estos deberán acudir personalmente a la notaría para prestar su consentimiento respecto a las medidas que les afecten.

Desde su despacho especializado en derecho de familia en Valencia, la letrada Carolina Torremocha enfatiza la utilidad de esta alternativa para evitar que las rupturas consensuadas se eternicen en sede judicial: "Es de sobra conocido la fuerte carga de trabajo de los juzgados. Procesos poco complejos, como los divorcios de mutuo acuerdo sin hijos, pueden dilatarse en el tiempo y acabar siendo exasperantes para los cónyuges".

A pesar de desarrollarse fuera de los tribunales, la intervención letrada sigue siendo preceptiva por imperativo legal. Ambos cónyuges deben estar asistidos por un abogado en ejercicio, quien se encargará de redactar el convenio regulador que regirá las relaciones patrimoniales y personales tras la ruptura. Asimismo, la ley prohíbe delegar este trámite mediante poderes: los interesados deben comparecer de forma personal ante el notario competente —determinado por el último domicilio común o el de cualquiera de ellos— aportando su documento de identidad, el libro de familia, los certificados de empadronamiento y el convenio pactado.

En cuanto al balance práctico entre beneficios y cargas económicas, en el despacho de Carolina Torremocha Barreda detallan tanto la rapidez del otorgamiento como el desembolso adicional que conlleva frente a la vía judicial ordinaria: "La principal ventaja de llevar a cabo el divorcio ante notario es la agilidad del procedimiento. Una vez reunida toda la documentación, basta con acudir a la notaría el día de la cita. El notario leerá el acuerdo y, tras manifestar que efectivamente queréis divorciaros en los términos del convenio, lo firmaréis y quedaréis divorciados legalmente". No obstante, a los honorarios del abogado habrá que sumar los aranceles notariales —que suelen oscilar entre los 200 y los 250 euros, sin incluir una eventual liquidación del régimen de gananciales—.

En definitiva, el divorcio ante notario se consolida como la herramienta más eficaz para las parejas sin hijos menores que buscan cerrar una etapa vital de manera rápida, discreta y con plena seguridad jurídica.

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