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  • La Audiencia Provincial de Baleares  considera el relato de la denunciante coherente y verosímil, pero concluye que no existe corroboración objetiva y que la versión del acusado resulta igualmente plausible.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, en su sentencia 507/26 del 2 de noviembre —de la que ha sido ponente la magistrada Margarita Victoria Crespi—, ha absuelto a un hombre acusado de un delito continuado de agresión sexual previsto en los artículos 178.1 y 179 del Código Penal. Las acusaciones, ejercidas por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, habían solicitado inicialmente once años y tres meses de prisión —además de prohibición de aproximación y comunicación, libertad vigilada e indemnización—, una petición que rebajaron a ocho años en sus conclusiones definitivas tras la práctica de la prueba. El fallo absolutorio declara las costas de oficio.

La defensa del acusado ha estado a cargo del despacho del abogado penalista Víctor Ávila Martínez, quien ha valorado el alcance técnico de la resolución y el impacto de un procedimiento que se prolongó durante más de siete años.

Un fallo basado en la corroboración periférica y la duda razonable

La resolución presenta un interés jurídico relevante porque absuelve sin descalificar el testimonio de la denunciante. El tribunal indica expresamente que no pretende «desacreditar el relato de [la denunciante] ni considerarlo falso», reconociendo su credibilidad subjetiva, descartando móviles espurios y apreciando persistencia en la incriminación.

Sin embargo, al analizar los tres parámetros fijados por el Tribunal Supremo para evaluar el testimonio único —credibilidad subjetiva, credibilidad objetiva y persistencia—, el procedimiento se resuelve en el segundo criterio y, en concreto, en la corroboración periférica. La sentencia concluye que «no existen datos periféricos de carácter objetivo que refuercen la credibilidad de las manifestaciones de [la denunciante]», añadiendo que «de hecho, el resto de la prueba practicada daría precisamente apoyo a la tesis exculpatoria de [el acusado]».

Según detalla el fallo, dos «testigos objetivos» ajenos a las partes relataron una relación similar antes y después de las fechas denunciadas, mientras que los mensajes intercambiados en aquellos días reflejaban una interacción normal. Por su parte, el informe psicológico forense de la acusación —que apreciaba un daño compatible con una agresión sexual— quedó neutralizado por el dictamen pericial aportado por la defensa, que vinculó ese mismo cuadro a patologías previas documentadas en la historia clínica.

El tribunal resume su valoración señalando que «nos encontramos ante una persona con un estado de afectación psicológica que, según criterios periciales que nos parecen igualmente razonables, puede estar provocado tanto por una agresión sexual como por un estado acreditado de problemas psicológicos y de adicción de diversa índole». La resolución cierra con esta consideración: «si bien consideramos que las manifestaciones de la denunciante son predominantemente lógicas y verosímiles, no es posible llegar a la conclusión de que permitan descartar toda duda razonable respecto de la posibilidad de que la versión exculpatoria de [el acusado] pueda ser verdadera».

El fallo invoca la doctrina de la STC 18/2021, de 15 de febrero, que vincula la vulneración de la presunción de inocencia con la existencia de hipótesis fácticas alternativas razonables frente a la acusatoria, y recuerda que, desde la perspectiva del artículo 24.2 de la Constitución, no existe diferencia cualitativa entre una absolución por constatación de la inocencia y otra por insuficiencia probatoria.

Qué aporta la corroboración objetiva y el enfoque de la defensa

En el análisis probatorio, la corroboración periférica actúa como el elemento externo que acompaña y permite contrastar el testimonio principal, evitando condenas basadas únicamente en una impresión. Mientras que sí constituyen elementos corroboradores los testigos directos de extremos verificables, vestigios biológicos, partes de lesiones, geolocalización, grabaciones, mensajes contemporáneos o documentos objetivos, no cumplen esa función las manifestaciones repetidas a terceros (como familiares, parejas o terapeutas), los informes sobre credibilidad —cuya valoración corresponde al tribunal—, los hechos no controvertidos ni sucesos distintos del denunciado. Cuando el único elemento pericial disponible encaja por igual en ambas versiones, deja de aportar un criterio distintivo.

Desde la defensa, Víctor Ávila Martínez ha explicado la función técnica del letrado penalista en este tipo de procesos y el sentido de la sentencia: «Corre el mito de que en Derecho penal el trabajo de la defensa consiste en demostrar la inocencia del acusado. Si eso fuera así, tendríamos que acreditar que algo no ha sucedido, y probar un hecho negativo es una prueba diabólica: no se puede hacer. El trabajo del penalista es otro. Consiste en debilitar la hipótesis acusatoria hasta que deje de ser la única explicación posible de lo que consta en autos.»

Sobre la estructura argumentativa del fallo, el abogado añade:«Lo que esta sentencia hace, y por eso me parece técnicamente valiosa, es aplicar con rigor el diálogo de hipótesis. A la acusatoria se le exige quedar acreditada más allá de toda duda razonable, con resultados altísimamente concluyentes. A la defensiva le basta con ser plausible. Cuando el tribunal concluye que ambas son igualmente razonables, el fallo solo puede ser absolutorio.»

Asimismo, el letrado ha querido precisar el alcance real del pronunciamiento absolutorio: «Quiero subrayar algo que suele perderse en el debate público: esta absolución no declara que la denunciante mintiera. La sentencia dice lo contrario de forma expresa. Declara que no hay prueba de cargo bastante para condenar, que es una cosa distinta y que, desde la perspectiva del artículo 24.2 de la Constitución, produce exactamente los mismos efectos que una absolución por inocencia constatada.»

Siete años de tramitación y debate sobre la prueba

Uno de los aspectos destacados en torno al caso es el lapso superior a siete años transcurrido entre los hechos denunciados y la celebración del juicio oral, periodo durante el cual el acusado permaneció sujeto al procedimiento, con medidas cautelares y bajo una acusación con elevadas peticiones de pena de prisión.

Al referirse a esta duración, Víctor Ávila Martínez señala:«Mi cliente ha soportado siete años de pena de banquillo. Siete años con una acusación de agresión sexual encima, con medidas cautelares, y con una petición que arrancó en once años y tres meses de prisión. Ha comparecido a todo, no ha estado en rebeldía, no ha promovido un solo incidente dilatorio. Esa demora no se la puede imputar nadie.»

El abogado vincula este retraso a una deficiencia estructural en los tiempos de respuesta judicial:«La justicia que llega así de tarde no es justicia. No lo es para las víctimas, que esperan años a que alguien resuelva lo que han denunciado, y no lo es para los inocentes, que entretanto viven con una acusación de este calibre colgada del nombre. Hoy se ha hecho justicia con mi cliente, pero se ha hecho siete años tarde.»

Por último, el defensor reflexiona sobre las particularidades probatorias de los delitos contra la libertad sexual y la necesidad de una labor defensiva activa: «Voy a decir algo incómodo, y lo digo desde el respeto a quien denuncia. Por su propia naturaleza, estos delitos se cometen sin testigos, con frecuencia no dejan vestigios y muchas veces se denuncian tiempo después. Eso hace que el testimonio único se convierta en la causa entera mucho más a menudo que en cualquier otra categoría delictiva. Y cuando eso ocurre, el juicio deja de versar sobre hechos acreditados y pasa a ser un juicio de verosimilitud: si el relato de una persona resulta fiable o no.»

En opinión de Victor Avila: «El problema no es que la ley exija menos en estos delitos. Exige exactamente lo mismo. El problema es que la corroboración periférica, que es la garantía que impide condenar por una impresión, está disponible con mucha menos frecuencia. Por eso, cuando la defensa no sale activamente a buscar esos elementos periféricos, el riesgo de condenar a un inocente es real. No es una hipótesis de manual.»

«Son, con diferencia, los delitos más incómodos de defender, y creo que en este punto tenemos un sistema imperfecto. Decirlo no es poner en duda a quien denuncia: es reconocer que un proceso que se juega entero sobre la fiabilidad de un testimonio arrastra un margen de error que en ninguna otra materia toleraríamos con esta frecuencia.», concluye el abogado penalista.