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Durante años, miles de particulares y autónomos sobreendeudados han visto frustrada su posibilidad de empezar de cero por culpa de una barrera automática en la Ley Concursal: tener una sanción firme de Hacienda calificada como grave por un importe superior a los 5.000 euros. Esta exclusión cerraba de golpe el acceso a la exoneración del pasivo insatisfecho sin importar las circunstancias reales del deudor. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dado un giro jurisprudencial histórico que cambia las reglas del juego a favor de los insolventes de buena fe. Así lo analiza Jorge García en el blog de DMD Asesores, destacando que el alto tribunal ha suprimido este veto automático al considerar que no existe justificación legal para equiparar un simple incumplimiento tributario con una conducta fraudulenta.

El nuevo criterio se asienta en la sentencia 1551/2026, dictada el 2 de octubre por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. El fallo resuelve el recurso de un deudor que acumulaba unos 106.000 euros de pasivo —de los cuales más de 44.000 correspondían a la Agencia Tributaria— y al que tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia Provincial de Barcelona le habían denegado la exoneración por arrastrar sanciones graves superiores al umbral legal de los 5.000 euros.

Desde el despacho DMD Asesores, el letrado responsable del área de Segunda Oportunidad, Jorge García, pone en valor el impacto inmediato de este fallo para quienes se encontraban atrapados por la reforma concursal de 2022: "Hasta hace unas semanas, si tenías una sanción grave de Hacienda de más de 5.000 €, te negaban directamente la exoneración de todas tus deudas. Daba igual cómo hubieras llegado hasta ahí. El Tribunal Supremo acaba de cambiar ese criterio, y a nosotros nos parece una buena noticia para toda la gente que se estaba quedando fuera".

Para fundamentar su decisión, el Supremo acude a la distinción esencial que establece la propia Ley General Tributaria entre infracciones graves y muy graves. Mientras que las infracciones muy graves conllevan el empleo de medios fraudulentos, las sanciones graves castigan incumplimientos administrativos en los que no concurre ánimo de fraude. En sintonía con la doctrina marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la necesidad de que las excepciones a la exoneración sean justificadas y proporcionadas, el alto tribunal concluye que carece de sentido bloquear el perdón de las deudas a quien no ha defraudado.

A este respecto, en la firma jurídica DMD Asesores sintetizan con claridad cuál es el eje central sobre el que pivota este avance garantista para los ciudadanos insolventes: "La exoneración está pensada para el deudor de buena fe, así que lo que debe pesar es cómo te has comportado, no cuánto dinero dejó de cobrar Hacienda".

De este modo, el mapa de exclusiones en la Ley de Segunda Oportunidad queda profundamente redefinido: las sanciones muy graves y las derivaciones de responsabilidad en las que medie conducta fraudulenta siguen vetando la cancelación del pasivo, pero las sanciones tributarias graves dejan de ser un obstáculo por sí mismas, con independencia de su cuantía. Este nuevo escenario abre la puerta a revisar numerosos expedientes denegados en el pasado y permite a los afectados reclamar una segunda oportunidad económica real.

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